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La nueva oposición

EDITORIAL.  EL FARO Publicada el 31 de agosto de 2009 - El Faro

ARENA atraviesa momentos difíciles. Con un conflicto interno abierto, arrastrado desde la nominación de su candidato presidencial, la nueva dirigencia arenera tiene la complicada misión de adaptarse a su nuevo rol como partido de oposición, en plena crisis económica y de seguridad pública.

En esta encrucijada, el presidente del COENA, Alfredo Cristiani, se debate entre la toma de posturas hacia los nuevos gobernantes y el control interno de su propio partido.

La semana pasada, Cristiani amenazó con hacer “arder Troya” si continúan los despidos en el sector público, un duro mensaje que no matizó con el debido contexto y que dejó más preguntas que seguridades sobre la nueva etapa en la vida arenera.

Al ex presidente de la República le faltó precisar a qué despidos se refiere: si a los que se llevan a cabo en el Ejecutivo, en el Legislativo o en los gobiernos municipales. Si se refería a los primeros, es loable, y digno de apoyo, la defensa contra el despido de trabajadores públicos de probada capacidad y honradez, y estar vigilantes para que los despidos no se lleven a cabo con el fin de sustituir al aparato burocrático, armado durante 20 años por los gobiernos de ARENA, por militantes de las fuerzas políticas del nuevo gobierno.

Pero aquí también, en aras de la transparencia y la honestidad, Cristiani debería aclarar que no se trata de una defensa a ultranza de todos aquellos empleados públicos cuya principal característica es ser militantes del partido, parientes, compadres o amigos de dirigentes areneros, y cuyo aporte al Estado es llegar una o dos veces al mes a las instituciones de gobierno en las que están emplanillados a cobrar un jugoso cheque.

La inmoral confusión entre Estado y partido que perpetró ARENA, especialmente durante su último periodo presidencial, pervirtió la carrera burocrática y puso a los empleados públicos a trabajar en función del partido, bajo las órdenes de ministros, asesores y el mismo presidente Saca. Las consecuencias fueron un retroceso en la institucionalidad democrática y el Estado puesto al servicio de los dirigentes partidarios, que aprovecharon su posición para regalar cheques oficiales a familiares y amigos en ministerios, dependencias, embajadas y consulados, mientras otras instituciones como la Policía Nacional Civil reclamaban dinero para adquisiciones esenciales como equipos de radio o gasolina para sus vehículos.

Ahora, en plena crisis económica, ARENA comienza a posicionarse utilizando las mismas actitudes de las que antes acusó al FMLN: utilizando la Asamblea Legislativa para condicionar préstamos y amenazar con armar el caos si no le cumplen lo que pide, independientemente de la sensatez de estas solicitudes o la honestidad de sus defendidos.

La derecha salvadoreña necesita una urgente renovación. De ideas, de posiciones, de actitud, de manera de hacer las cosas. El Salvador necesita una derecha fuerte, pero sobre todo una oposición sana. Y esto comienza por limpiar su propia casa, por expulsar a las manzanas podridas y admitir abiertamente los errores cometidos. Si ARENA de verdad pretende renacer, y es urgente que lo haga, debe ser el primer interesado en perseguir castigos ejemplares para sus miembros que han infringido la ley o abusado del Estado. Solo esto les puede dar la autoridad moral suficiente para servir de verdadero contrapeso a las nuevas autoridades. Y cuando esto suceda, le habrán hecho un gran favor al país, y podremos seguir avanzando en democracia.

Los préstamos, por ejemplo, deberían ir condicionados por suficientes garantías del destino de esos fondos, y del análisis de su necesidad e idoneidad. Esto sería cumplir a cabalidad el rol de una oposición que evita abusos del partido de gobierno, y que vigila atento por el bienestar del país. Lo mismno con la elección de autoridades de Segundo grado como el fiscal, el procurador y los magistrados de la Corte de Cuentas.

Mientras tanto, el gobierno de Funes tiene la obligación de denunciar los abusos cometidos por los servidores públicos a los que está despidiendo, para que no queden dudas de que se trata de una limpieza del aparato estatal y no de una sustitución partidaria con los mismos fines.

El grito de guerra de Cristiani, amenazando con hacer arder Troya, lo debería dirigir al combate a la delincuencia y la pobreza. Estos son problemas urgentes cuyas consecuencias tienen relación directa con la vida y la muerte de los ciudadanos menos favorecidos, que son la mayoría. Las fuerzas políticas, y todos los poderes del Estado, tienen la obligación  de preocuparse por ellos y buscar soluciones inmediatas a nuestros problemas más graves. Lo demás es seguir defendiendo intereses sectoriales, y utilizar el poder político para distorsionar la realidad. Esto, sobre todo en épocas de crisis, también es un crimen.  

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