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Ex fiscales caso jesuitas declaran en España que no se persiguió a ideólogos de matanza

Los ex fiscales específicos del juicio por el asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989, declararon este jueves ante el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, que sufrieron presiones del poder judicial y del ejército para no perseguir a las autores intelectuales de dicha matanza.

AP/El Faro

Los dos fiscales que en 1991 participaron en el juicio contra una quincena de militares por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, coincidieron este jueves, en Madrid, España, en que recibieron presiones para que no se buscara a los autores intelectuales de la matanza.

Henry Campos, viceministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno salvadoreño, y Sidney Blanco, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, declararon este jueves ante el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, quien ventila una querella contra 14 militares de El Salvador acusados de crímenes de lesa humanidad, y contra el ex presidente Alfredo Cristiani, acusado de encubrimiento.

Campos y Blanco testificaron a puerta cerrada durante más de dos horas ante Velasco. A la salida, ambos dieron declaraciones a la prensa."Fue un juicio controlado (el de 1991), que pretendió hacer responsables a los intermediarios, absolviendo a ejecutores y excluyendo a los autores intelectuales", dijo Campos, a la salida de los juzgados.

Blanco agregó sus sospechas de una conspiración para evitar que se averiguara la verdad. "Hemos planteado ante el juez los obstáculos que se presentaron y la coordinación que pudo existir por parte de las instituciones del estado (salvadoreño) para limitar la investigación", dijo.

El propio Blanco relató que las fuerzas armadas salvadoreñas negaron información durante el proceso y, en ocasiones, confabularon testigos militares para mentir.

Los seis jesuitas y dos empleadas domésticas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana "José Siméon Cañas" (UCA), en San Salvador, durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre los fallecidos se encontraban el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, y uno de los principales representantes de la corriente cristiana de la teología de la liberación en América Latina, y otros cuatro sacerdotes de origen español. Un sexto era sacerdote salvadoreño.

En noviembre de 2008, el Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España promovieron la querella en la Audiencia Nacional para reabrir el caso de los jesuitas.

 De momento, el magistrado Velasco ha incorporado hasta 12 mil folios al sumario, entre los que se incluyen papeles desclasificados de la CIA y los departamentos de Estado y de Defensa estadounidenses que podrían arrojar luz y nuevas claves sobre la matanza. Uno de esos documentos, según reveló El Faro el miércoles, establece que el ex presidente Cristiani estuvo reunido con la cúpula militar desde antes del múltiple asesinato hasta después de la comisión de los homicidios.

El juez también citó a declarar a los 14 procesados el próximo febrero, bien en Madrid, bien por videoconferencia. Supuestamente Velasco tiene localizados los domicilios de 12 de ellos. La Audiencia Nacional había solicitado a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña que le informara sobre el domicilio de los demandados, y la Corte respondió positivamente hace dos semanas, aunque no informó de detalles.

Entre los acusados están el ex ministro de Defensa Humberto Larios y el general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto en esa época con grado de coronel. El informe de la Comisión de la Verdad, de 1993, determinó que Ponce fue quien en una reunión el día anterior al de la masacre, ordenó que se diera muerte a los religiosos, a quienes la derecha más radical de El Salvador consideraba como "subversivos".

Henry Campos, viceministro de Justicia y Seguridad, señaló que El Salvador tiene voluntad de colaborar en el proceso judicial español, pero recordó que les corresponde a las instancias judiciales y no al gobierno tratar con estos asuntos.

"El gobierno tiene la voluntad de colaborar, pero hay que ajustarse a las realidades del país y la Fiscalía es un órgano independiente", señaló.

"Lo que sí ha sido claro el gobierno en general y el presidente Mauricio Funes es que los jesuitas fueron personas asesinadas durante la guerra y merecen todo el reconocimiento como víctimas y como constructores de una academia que buscaba la paz", agregó.

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