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El pasado no está muerto

Carlos Ayala Ramírez
Director de Radio Ysuca
Adital
 

En los últimos días la opinión pública ha estado dominada por la noticia de las órdenes de captura de militares salvadoreños, giradas por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco. Los militares son acusados de la matanza de seis sacerdotes jesuitas –cinco de ellos españoles– y de Elba y Celina Ramos, ocurrida en noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas” (UCA). Este hecho ha sido calificado por el juez español como un crimen contra la humanidad o delito contra el derecho de gentes.

Las reacciones no se han hecho esperar: el Gobierno emitió un comunicado de cinco puntos, en los que se limita a informar los pasos que se han dado en torno al proceso judicial, sin emitir ningún juicio valorativo; el partido ARENA se pronunció argumentando que la resolución del juez Velasco atenta contra el régimen jurídico nacional, y que el caso ya fue investigado, juzgado y condenado conforme a las leyes salvadoreñas; el FMLN, por su parte, se pronunció de forma lacónica, genérica y ambigua, es decir, haciendo referencia a principios abstractos y eludiendo una posición firme y directa sobre el caso; la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que haga valer el Estado constitucional de derecho, el respeto a la soberanía nacional, y mantenga incólume el prestigio de las instituciones nacionales, y volvió a repetir el discurso de que "abrir esta página de la historia lo único que logrará es desprestigiar el proceso de paz y a la Fuerza Armada que, a su juicio, solo cumplió con su obligación de defender la democracia.

Entre la postura del Gobierno y el FMLN, por un lado, y la de ARENA y ANEP, por otra parte, hay al menos una diferencia: los primeros son lacónicos y ambiguos, más preocupados por sus cuotas de poder, que por el pasado y las víctimas; los segundos son concretos y reiterativos en su posición de olvidar el pasado y rechazar la justicia universal. Pero hay también al menos un elemento común: son declaraciones que pretenden ser "políticamente correctas”, es decir, insisten en que se respete la institucionalidad democrática, el régimen de derecho, la reconciliación nacional, la soberanía, y a su vez, cierran filas para que el caso no amenace la supuesta estabilidad política del país. Con el pretexto de proteger un proceso político democrático, se termina relegando la verdad y la justicia, dos aspectos sustanciales para las víctimas del conflicto.

Ahora bien, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para entender esta nueva coyuntura y las reacciones mostradas por los principales grupos de poder? Traemos a cuenta para este propósito algunas consideraciones que encontramos en un editorial de ECA titulado "Deuda con la memoria histórica” (noviembre-diciembre de 2003), que ciertamente resultan útiles y orientadoras para entender la presente coyuntura derivada del proceso judicial en curso, por el ‘caso jesuitas’. Parafraseamos al menos cinco reflexiones que se encuentran en el texto:

Primera, la sociedad salvadoreña todavía no ha saldado su deuda con su propio pasado. Es una deuda que solo puede ser saldada confrontándolo. Pero algunos piensan que el olvido es el mejor remedio para sus heridas; a otros, en cambio, el temor les impide enfrentarlo y han aprendido a convivir con él, aun cuando es fuente de penas y resentimientos. Pese a los esfuerzos oficiales para olvidarlo, el pasado es de gran actualidad en El Salvador.

Segunda, El gobierno, los partidos políticos, la empresa privada y un buen sector de la sociedad optaron por el olvido como la mejor respuesta a los hechos graves del pasado. Pero su esfuerzo fue inútil, no pudieron sepultar la memoria junto con las víctimas. Aun cuando insisten en negarla o desconocerla, ella persiste y contribuye a conservar un sentido clarividente de los derechos, desafía la historia oficial y reclama con insistencia la verdad y la justicia. El olvido empeñó la democratización, pero no mató el recuerdo.

Tercera, el verdadero compromiso con la democratización del país pasa por un proceso de verdad y justicia, el cual aunque admite formalidades y grados diversos, de acuerdo a las circunstancias, es inevitable para construir un nuevo ordenamiento. Esta tarea de mediano y largo plazo no es posible sin algún proceso que, de alguna forma ventile el pasado, satisfaga la justicia y repare daños, al menos de forma parcial. Ningún proceso social o político, puede alcanzar sus metas desde el olvido.

Cuarta, el recurso a un tribunal internacional suele ser consecuencia de la incapacidad de la justicia o de la debilidad del sistema judicial local, es una especie de complementariedad, una vez que se han recorrido todas las instancias nacionales sin encontrar justicia. Por tanto, si se desea evitar la exposición en un tribunal internacional independiente, la medida más eficaz es abrir las instancias nacionales. El antiguo concepto del poder soberano ahora mismo es obsoleto; su poder tiene un límite insuperable, marcado por el paradigma de los derechos humanos. El pasado no está muerto para la memoria, ni tampoco para la justicia procesal. Es evidente que las leyes de amnistía no son una garantía perpetua, tal como sus promotores calcularon.

Quinta, cabe advertir que no debe permitirse que los procesos judiciales se conviertan en una venganza, precisamente en nombre de la justicia. Tampoco puede permitirse que el proceso sea un remedo de justicia, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, en aquellos casos en ha habido proceso judicial. El impacto social de estos procedimientos depende de su credibilidad.

En suma, estas valoraciones permiten ver con más amplitud la necesidad de la memoria histórica, como condición de posibilidad para tomar conciencia de los males que deben ser evitados, para cultivar honradez con la realidad salvadoreña, para desautorizar a los responsables de atrocidades, y para integrar y reconocer a quienes fueron perseguidos y desaparecidos por sus ideas e ideales. Una vez más se nos recuerda que el olvido es una invitación a cometer nuevos crímenes, tal como lo demuestra la historia reciente de nuestro país.

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