ORGANIZACIONES SOCIALES PIDEN A FISCALÍA TERMINAR EL PROCESO JUDICIAL

Daniel Trujillo.  Diario Co Latino

Representantes de CRIPDES y de CORDES se presentaron a la oficina subregional de la Fiscalía General de la República, en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, para pedir el sobreseimiento definitivo a favor de los 13 “presos políticos”, detenidos el 2 de julio de 2007, en Suchitoto.

En la terminología jurídica, el sobreseimiento es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia.

En el sobreseimiento, el juez, al ver la falta de pruebas o ciertos presupuestos, o no entra a conocer el fondo del asunto o se abstiene de seguirlo haciendo pudiendo terminar el proceso antes de dictar sentencia.

Y, en el caso de un sobreseimiento definitivo, se trata de una resolución judicial que pone término al procedimiento.

En ese sentido, Hugo Flores, representante de CORDES, quien llegó a dejar la petición a la oficina subregional de la Fiscalía, manifestó que se ha demostrado hasta la “saciedad” que los 13 “presos políticos” no cometieron actos de terrorismo.

El 2 de julio de 2007, las comunidades del municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, manifestaron su rechazo hacia la política de descentralización del servicio de agua potable que realiza el gobierno, la cual fue oficializada ese día en ese lugar.

Elementos policiales de la Unidad del Mantenimiento del Orden se enfrentaron a las personas de las comunidades, lastimando a varios de ellos y capturando a 13, entre las que se encontraba Haydée Chicas, una periodista institucional de una ONG.

Bernardo Belloso, miembro de CRIPDES, explicó que con el sobreseimiento se espera que tanto la Fiscalía como el Juzgado Especializado que lleva el caso otorgue la libertad total a las personas procesadas.

Hace dos semanas, una comisión especial en Derechos Humanos de Estados Unidos investigó el caso. Esta comisión trabajó coordinadamente con 42 congresistas del Parlamento estadounidense y concluyó que las personas procesadas no cometieron actos de terrorismo.

Asimismo, explicaron que si las autoridades seguían cometiendo violaciones a los Derechos Humanos, el país podría perder el dinero de la cuenta del Milenio (FOMILENIO).

El jefe de la oficina fiscal de Cojutepeque, Óscar Antonio Castro, recibió la carta de las organizaciones sociales y se comprometió a entregarla al fiscal que lleva el caso.

Los representantes de CRIPDES y de CORDES aseguraron que el 11 del presente mes se realizará una peregrinación que partirá desde el parque central de Suchitoto hasta el Juzgado Especializado, en la colonia Escalón, en San Salvador.

El 8 de febrero vence el plazo que dio el Juzgado para que la Fiscalía presente nuevas pruebas donde se determine la culpabilidad de los 13 “presos políticos”.