Almudena Bernabéu: «Habrá justicia para jesuitas y para El Salvador»

Asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989 (Archivo Histórico)

DIARIO COLATINO

San Salvador/dpa

Almudena Bernabéu es quizá la abogada de causas humanitarias a la que más temen los militares salvadoreños, quienes en la pasada guerra civil cometieron crímenes de lesa humanidad. Su competencia personal le ha permitido ganar cuatro juicios sin perder ninguno. Ahora está enfrascada en otro mayor: contra 14 altos oficiales que habrían planeado y ejecutado a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, hace exactamente 20 años.

«Habrá justicia no sólo para los jesuitas asesinados salvajemente, sino para todo El Salvador», dijo a dpa esta valenciana de 35 años de edad, que reside en San Francisco, California, desde hace 10 años. Se encuentra de visita en El Salvador para participar en varios homenajes que se rinden a los asesinados aquel 16 de noviembre de 1989, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La causa de los jesuitas masacrados en noviembre de 1989 llegó a la Audiencia Nacional de España, hace un año, cuando Bernabéu, actuando a nombre del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) y de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, interpuso la querella en Madrid, la misma que después fue admitida y en la actualidad procesada por el juez Eloy Velasco.

El 16 de noviembre de 1989, la guerrilla salvadoreña atacó la capital del país y tomó varias colonias; atacó puestos militares, incluso la residencia presidencial donde vivía el entonces presidente Alfredo Cristiani y su familia. Por primera vez el Ejército, el gobierno y los representantes del gran capital local se sintieron acorralados. Y decidieron una contraofensiva.

La guerrilla denunció en su momento que se trató de «una noche de cuchillos largos», en la que las víctimas más destacadas resultaron ser los jesuitas, encabezados por el Rector y Vicerrector de la UCA, Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, respectivamente, quienes además eran destacados exponentes internacionales de la Teología de la Liberación.

Aquella madrugada también fueron masacrados a sangre fría el director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), Segundo Montes, así como los profesores Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amado López. Las colaboradoras asesinadas fueron Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, su hija de apenas 16 años de edad. La acción fue ejecutada por un comando del Batallón Atlacatl, experto en contrainsurgencia y entrenado en Estados Unidos.

Bernabéu termina una charla privada con los miembros del IDHUCA y con estudiantes de Derecho, en un salón de la UCA. «Vamos al Jardín de las Rosas», dice. Se refiere al patio que antecede a la casa donde vivían los asesinados y que ahora es conocido como «Jardín de las Rosas», porque el esposo de Julia Elba y padre de Celina Mariceth, que era jardinero de la UCA, sembró un rosal que cuidó hasta su muerte reciente.

«Nunca había estado aquí...», dice y mantiene silencio al leer la placa que detalla lo que ahí ocurrió. En seguida la abogada recorre el pequeño museo donde se exponen las huellas de la masacre. La ropa y las biblias agujereadas por las ráfagas de ametralladoras; un cuadro del Arzobispo Oscar Romero quemado con un lanzallamas; fotos de una máquina de escribir también quemada.

Los querellantes demandaron a Alfredo Cristiani Burkard (presidente de El Salvador y jefe de las Fuerzas Armadas); al general Rafael Humberto Larios (ministro de Defensa); al general René Emilio Ponce (coronel y jefe del Alto Mando de las Fuerzas Armadas); al general Juan Rafael Bustillo (general y comandante de las Fuerzas Aéreas); al general Juan Orlando Zepeda (coronel y Viceministro de Defensa); a Inocente Orlando Montano (coronel y Viceministro de Seguridad Pública); a Francisco Elena Fuentes (coronel y comandante de la Primera Brigada de Infantería) y a Carlos Camilo Hernández Barahona (mayor y decano asistente del Colegio Militar).

Además demandaron también a los integrantes del Batallón Atlacatl: José Ricardo Espinoza Guerra (teniente); Gonzalo Guevara Cerritos (teniente segundo); Oscar Mariano Amaya Grimaldi (soldado raso); Antonio Ramiro Ávalos Vargas (sargento); Angel Pérez Vásquez (cabo); Tomás Zárpate Castillo (sargento segundo); José Alberto Sierra Ascencio (soldado raso).

Según Bernabéu, el juez Velasco decidió excluir al ex presidente Cristiani de la causa, a quien podría sin embargo incluir si es que en el proceso se comprueba alguna participación en la masacre.

«Este es un proceso lento y puede ser largo, pero en un año hemos tenido varios logros destacados. En primer lugar que se haya admitido; que los fiscales, por unanimidad, también dieran su aval y porque en España, conservadores y liberales, de derecha e izquierda, todos lo apoyan pese a ser una causa de justicia universal, interpuesta por un querellante popular», explica la abogada.

Después indica que otro de los logros hasta ahora obtenidos es que «hemos encontrado y hemos tenido acceso a informes de inteligencia de varios países, a documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, por ejemplo: varios documentos y declaraciones que nos han permitido establecer que este crimen se comenzó a gestar desde el 13 de noviembre, tres días antes de los hechos en sí».

En ese sentido, la abogada y experta investigadora señala que «es muy probable que se llegue a establecer responsabilidades de más personas que los demandados. Eso será muy importante para que se conozca la verdad y la historia de este grave hecho».

Bernabéu no puede hablar mucho del proceso y de lo que sigue, pero cree que en los próximos días acudirán ante el juez otros personeros importantes que investigaron desde un inicio los pormenores de la masacre.

«El juez Velasco es un hombre capaz e inteligente. Es la ‘créme de la créme’ de la investigación y estoy segura que hará un destacado papel en el caso para establecer la justicia», dijo la abogada española, quien ya estuvo antes en la Audiencia Nacional con casos de Guatemala referentes al genocidio durante la guerra civil en la década de 1980.

En El Salvador los proceso del «caso jesuitas», que tuvieron lugar en 1991 y en 2000, fueron una «farsa». En el primero fueron encarcelados dos oficiales, a quienes amnistiaron a los dos años. En el segundo, los presuntos autores intelectuales fueron sobreseídos con argumentos irrisorios. Una de los grandes obstáculos para una verdadera justicia en El Salvador ha sido la vigencia de la Amnistía General de 1993, promulgada por el entonces presidente Alfredo Cristiani.

«Habrá justicia, éste es un caso sólido. Además ya veremos como mucha gente va a cooperar y va a hablar... Se sabrá la verdad», dice también Bernabéu, quien añade que está en El Salvador con mucha alegría, aunque en Estados Unidos algunos salvadoreños le decían que se cuidara y que no se confiara. «A los escuadrones de la muerte nunca los desmantelaron», le advirtieron.

«No sé. Pero no me da miedo estar en este país. Es la segunda vez que vengo. Sé que hemos tocado a los más poderosos de aquí, pero no tengo temor», dice finalmente con una sonrisa de tranquilidad.