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Prohibición de armas logra reducir índices de criminalidad en el país

Camila Queiroz.  Periodista de ADITAL
Adital

Entre abril y julio de este año, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, en el marco del Programa Conjunto Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prohibió las armas en 27 municipios salvadoreños. Como resultado, hubo una reducción del 12% en los homicidios, así como del 40% de las lesiones, y una disminución del 7,1% en los robos, según datos de la Policía Nacional Civil.

En una nota, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que lleva adelante el programa de reducción de la violencia junto a otras cuatro agencias internacionales, informa que la experiencia ya había sido realizada en el municipio de San Martín, región metropolitana, obteniendo el 47% de reducción de homicidios. En la capital San Salvador, el índice bajó un 30%.

Hasta julio de este año, El Salvador registró 2.415 homicidios, según informaciones de la prensa local. En 2009, fueron 4.365 asesinatos, lo que otorgó al país, de seis millones de habitantes, el título del más peligroso de las Américas, de acuerdo con el periódico español El Mundo.

En la capital San Salvador y en los municipios de San Martín, Mejicanos, Soyapango y Apopa el Instituto de Medicina Legal (IML) registró un total de 625 desaparecidos, sólo en 2011.

En la región metropolitana, circulan 4,5 millones de armas de fuego. No por casualidad, el 74% de los 12 homicidios diarios ocurren con armas de fuego. La capital es uno de los diez municipios más violentos del país, con 40,8 violaciones por grupo de cien mil habitantes, afectando mayoritariamente a niñas, mujeres y niños. La tasa de homicidio en 2008 fue del 77,19% cada 100 mil habitantes, por encima del promedio del país, que es 71.

Según el Pnud, entre junio de 2010 y mayo de 2011, en el país, se incautaron más de dos mil armas de fuego y 322 artefactos explosivos, responsables del 76% de los homicidios.

Frente a esta situación, la agencia demuestra preocupación por el impacto de la violencia en el Producto Interno Bruto (PIB): según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia se lleva una porción del 11% del PIB salvadoreño, recursos que podrían ser invertidos en el combate del hambre y de la pobreza, propiciando la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.

Como desafíos, el Pnud señala la recuperación y la dinamización de espacios públicos y oportunidades de desarrollo personal y comunitario para la juventud, identificada como segmento que más padece la violencia. Además, es importante dar un abordaje de género a la violencia, pensando en las diferentes maneras en que afecta a hombres y mujeres.

También es necesario invertir en capacitación profesional de los agentes que implementan la prohibición de las armas, y mejores tecnologías en los sistemas institucionales de información, en la capacidad técnica de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía.

Otra necesidad sería desarrollar políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana, además de modificar la legislación, restringiendo el acceso de las personas a las armas.

El Programa

Realizado desde 2009, es una iniciativa del Pnud, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Tiene como socios implementadores al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y Asamblea Mundial de la Salud (AMS), con la cooperación financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

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