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El pasado no está muerto

Carlos Ayala Ramírez
Director de Radio Ysuca
Adital
 

En los últimos días la opinión pública ha estado dominada por la noticia de las órdenes de captura de militares salvadoreños, giradas por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco. Los militares son acusados de la matanza de seis sacerdotes jesuitas –cinco de ellos españoles– y de Elba y Celina Ramos, ocurrida en noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas” (UCA). Este hecho ha sido calificado por el juez español como un crimen contra la humanidad o delito contra el derecho de gentes.

Las reacciones no se han hecho esperar: el Gobierno emitió un comunicado de cinco puntos, en los que se limita a informar los pasos que se han dado en torno al proceso judicial, sin emitir ningún juicio valorativo; el partido ARENA se pronunció argumentando que la resolución del juez Velasco atenta contra el régimen jurídico nacional, y que el caso ya fue investigado, juzgado y condenado conforme a las leyes salvadoreñas; el FMLN, por su parte, se pronunció de forma lacónica, genérica y ambigua, es decir, haciendo referencia a principios abstractos y eludiendo una posición firme y directa sobre el caso; la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que haga valer el Estado constitucional de derecho, el respeto a la soberanía nacional, y mantenga incólume el prestigio de las instituciones nacionales, y volvió a repetir el discurso de que "abrir esta página de la historia lo único que logrará es desprestigiar el proceso de paz y a la Fuerza Armada que, a su juicio, solo cumplió con su obligación de defender la democracia.

Entre la postura del Gobierno y el FMLN, por un lado, y la de ARENA y ANEP, por otra parte, hay al menos una diferencia: los primeros son lacónicos y ambiguos, más preocupados por sus cuotas de poder, que por el pasado y las víctimas; los segundos son concretos y reiterativos en su posición de olvidar el pasado y rechazar la justicia universal. Pero hay también al menos un elemento común: son declaraciones que pretenden ser "políticamente correctas”, es decir, insisten en que se respete la institucionalidad democrática, el régimen de derecho, la reconciliación nacional, la soberanía, y a su vez, cierran filas para que el caso no amenace la supuesta estabilidad política del país. Con el pretexto de proteger un proceso político democrático, se termina relegando la verdad y la justicia, dos aspectos sustanciales para las víctimas del conflicto.

Ahora bien, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para entender esta nueva coyuntura y las reacciones mostradas por los principales grupos de poder? Traemos a cuenta para este propósito algunas consideraciones que encontramos en un editorial de ECA titulado "Deuda con la memoria histórica” (noviembre-diciembre de 2003), que ciertamente resultan útiles y orientadoras para entender la presente coyuntura derivada del proceso judicial en curso, por el ‘caso jesuitas’. Parafraseamos al menos cinco reflexiones que se encuentran en el texto:

Primera, la sociedad salvadoreña todavía no ha saldado su deuda con su propio pasado. Es una deuda que solo puede ser saldada confrontándolo. Pero algunos piensan que el olvido es el mejor remedio para sus heridas; a otros, en cambio, el temor les impide enfrentarlo y han aprendido a convivir con él, aun cuando es fuente de penas y resentimientos. Pese a los esfuerzos oficiales para olvidarlo, el pasado es de gran actualidad en El Salvador.

Segunda, El gobierno, los partidos políticos, la empresa privada y un buen sector de la sociedad optaron por el olvido como la mejor respuesta a los hechos graves del pasado. Pero su esfuerzo fue inútil, no pudieron sepultar la memoria junto con las víctimas. Aun cuando insisten en negarla o desconocerla, ella persiste y contribuye a conservar un sentido clarividente de los derechos, desafía la historia oficial y reclama con insistencia la verdad y la justicia. El olvido empeñó la democratización, pero no mató el recuerdo.

Tercera, el verdadero compromiso con la democratización del país pasa por un proceso de verdad y justicia, el cual aunque admite formalidades y grados diversos, de acuerdo a las circunstancias, es inevitable para construir un nuevo ordenamiento. Esta tarea de mediano y largo plazo no es posible sin algún proceso que, de alguna forma ventile el pasado, satisfaga la justicia y repare daños, al menos de forma parcial. Ningún proceso social o político, puede alcanzar sus metas desde el olvido.

Cuarta, el recurso a un tribunal internacional suele ser consecuencia de la incapacidad de la justicia o de la debilidad del sistema judicial local, es una especie de complementariedad, una vez que se han recorrido todas las instancias nacionales sin encontrar justicia. Por tanto, si se desea evitar la exposición en un tribunal internacional independiente, la medida más eficaz es abrir las instancias nacionales. El antiguo concepto del poder soberano ahora mismo es obsoleto; su poder tiene un límite insuperable, marcado por el paradigma de los derechos humanos. El pasado no está muerto para la memoria, ni tampoco para la justicia procesal. Es evidente que las leyes de amnistía no son una garantía perpetua, tal como sus promotores calcularon.

Quinta, cabe advertir que no debe permitirse que los procesos judiciales se conviertan en una venganza, precisamente en nombre de la justicia. Tampoco puede permitirse que el proceso sea un remedo de justicia, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, en aquellos casos en ha habido proceso judicial. El impacto social de estos procedimientos depende de su credibilidad.

En suma, estas valoraciones permiten ver con más amplitud la necesidad de la memoria histórica, como condición de posibilidad para tomar conciencia de los males que deben ser evitados, para cultivar honradez con la realidad salvadoreña, para desautorizar a los responsables de atrocidades, y para integrar y reconocer a quienes fueron perseguidos y desaparecidos por sus ideas e ideales. Una vez más se nos recuerda que el olvido es una invitación a cometer nuevos crímenes, tal como lo demuestra la historia reciente de nuestro país.

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Prohibición de armas logra reducir índices de criminalidad en el país

Camila Queiroz.  Periodista de ADITAL
Adital

Entre abril y julio de este año, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, en el marco del Programa Conjunto Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prohibió las armas en 27 municipios salvadoreños. Como resultado, hubo una reducción del 12% en los homicidios, así como del 40% de las lesiones, y una disminución del 7,1% en los robos, según datos de la Policía Nacional Civil.

En una nota, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que lleva adelante el programa de reducción de la violencia junto a otras cuatro agencias internacionales, informa que la experiencia ya había sido realizada en el municipio de San Martín, región metropolitana, obteniendo el 47% de reducción de homicidios. En la capital San Salvador, el índice bajó un 30%.

Hasta julio de este año, El Salvador registró 2.415 homicidios, según informaciones de la prensa local. En 2009, fueron 4.365 asesinatos, lo que otorgó al país, de seis millones de habitantes, el título del más peligroso de las Américas, de acuerdo con el periódico español El Mundo.

En la capital San Salvador y en los municipios de San Martín, Mejicanos, Soyapango y Apopa el Instituto de Medicina Legal (IML) registró un total de 625 desaparecidos, sólo en 2011.

En la región metropolitana, circulan 4,5 millones de armas de fuego. No por casualidad, el 74% de los 12 homicidios diarios ocurren con armas de fuego. La capital es uno de los diez municipios más violentos del país, con 40,8 violaciones por grupo de cien mil habitantes, afectando mayoritariamente a niñas, mujeres y niños. La tasa de homicidio en 2008 fue del 77,19% cada 100 mil habitantes, por encima del promedio del país, que es 71.

Según el Pnud, entre junio de 2010 y mayo de 2011, en el país, se incautaron más de dos mil armas de fuego y 322 artefactos explosivos, responsables del 76% de los homicidios.

Frente a esta situación, la agencia demuestra preocupación por el impacto de la violencia en el Producto Interno Bruto (PIB): según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia se lleva una porción del 11% del PIB salvadoreño, recursos que podrían ser invertidos en el combate del hambre y de la pobreza, propiciando la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.

Como desafíos, el Pnud señala la recuperación y la dinamización de espacios públicos y oportunidades de desarrollo personal y comunitario para la juventud, identificada como segmento que más padece la violencia. Además, es importante dar un abordaje de género a la violencia, pensando en las diferentes maneras en que afecta a hombres y mujeres.

También es necesario invertir en capacitación profesional de los agentes que implementan la prohibición de las armas, y mejores tecnologías en los sistemas institucionales de información, en la capacidad técnica de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía.

Otra necesidad sería desarrollar políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana, además de modificar la legislación, restringiendo el acceso de las personas a las armas.

El Programa

Realizado desde 2009, es una iniciativa del Pnud, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Tiene como socios implementadores al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y Asamblea Mundial de la Salud (AMS), con la cooperación financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Asesinan a Facundo Cabral en Guatemala

Guatemala, 9 Jul. (Notimex).- El cantante y compositor argentino Facundo Cabral fue asesinado hoy a tiros durante una emboscada perpetrada por varios desconocidos cuando se dirigía al aeropuerto internacional La Aurora, en el sur de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con informes de un vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Donald González, el trovador de 74 años, quien esta semana ofreció una serie de conciertos en este país, murió durante el ataque consumado al parecer por asaltantes.

Noticiarios de la televisión local indicaron que el auto en el que viajaba el célebre cantautor argentino presenta al menos 25 impactos de bala. El cuerpo del artista sigue en el lugar de los hechos, unas dos horas después de ocurrido el atentado.

Cabral viajaba en una camioneta Range Rover color blanco, que permanece afuera de la sede de la estación del Cuerpo de Bomberos Municipales (CBM) de la ciudad de Guatemala, lugar al que fue conducido el vehículo por el chofer en busca de auxilio.

Fuentes del CBM indicaron en emisoras capitalinas que los posibles autores del atentado habrían sido ubicados en un sector de la carretera a El Salvador, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.

Por las cámaras de vigilancia que hay en el sector se habría identificado a los vehículos de los autores del asesinato de Cabral, los cuales al parecer fueron ubicados en un punto de la carretera a El Salvador en la ciudad de Guatemala.

Personal de la estación del CBM indicaron al noticiario "NotiSiete" que escucharon los disparos y salieron a ver. Entonces encontraron la camioneta en la que viajaban Cabral, el chofer y el empresario guatemalteco que lo contrató; los dos últimos salvaron la vida.

El chofer y el empresario, cuya identidad no fue divulgada, fueron trasladados a un hospital, mientras que dos guardias de seguridad que viajaban en otra camioneta que custodiaba el vehículo de Cabral se encuentran retenidos como parte de las investigaciones.

Los testigos informaron que la camioneta del cantante fue atacada por pistoleros que iban a bordo de dos vehículos y que por lo rápido de la acción no pudieron intervenir los custodios.

El intérprete y compositor argentino se presentaba con cierta frecuencia en Guatemala, uno de los 165 países que Cabral visitó en sus giras artísticas cumplidas a lo largo de 42 años de carrera.

El atentado ocurrió la mañana de este sábado en un sector conocido como El Trébol, de la ciudad de Guatemala, un cruce de intenso tránsito vehicular, en el que convergen las avenidas Roosevelt -donde se ubica el hotel y centro comercial Tikal Futura-, Petapa, San Juan y Aguilar Batres

Corte española decreta prisión a 20 militares salvadoreños

Tatiana Félix.  Periodista de Adital.  Adital
 

Once años después del asesinato de seis jesuitas y de dos mujeres que actuaban en la Universidad Centroamericana (Uca) de El Salvador, el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, decretó ayer (30) la detención inmediata de 20 militares y ex-militares salvadoreños involucrados en los delitos. La mayoría de los jesuitas era de origen español y entre ellos estaba el rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría.

Los delitos, conocidos como ’masacre de la Uca’, ocurrieron en noviembre de 1989, en un contexto de guerra que facilitó la violación de derechos humanos de carácter xenófobo, que tuvo como foco a los jesuitas de la Uca.

El rector español Ignacio Ellacuría tenía un papel de liderazgo e intermediaba las negociaciones de paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Poder Ejecutivo, siendo por ello considerado una amenaza para los sectores más reaccionarios del gobierno y del ejército de El Salvador. El juez que sentenció el caso cree que, para el ejército, la iniciativa del religioso era un intento de terminar con la influencia del grupo de militares conocido como Tandona.

Ante esta ’amenaza’, el grupo Tandona, que ocupaba altos cargos de responsabilidad en el Ejército durante la guerra del país (1982 - 1992), decidió organizar una campaña contra Ellacuría y otros cinco jesuitas, cuatro de ellos españoles.

Todo indica que el plan para el asesinato de los jesuitas comenzó después de la ruptura de las negociaciones entre el ejecutivo y la guerrilla. El Ejército habría lanzado entonces una ’operación psicológica’ consistente en emitir amenazas contra Ellacuría, que era acusado de ser el ’cerebro del FMLN’ y contra los jesuitas, a quienes denominaban ‘terroristas’.

Como parte del plan, la Uca fue caracterizada como ’centro de planeamiento’ y ’refugio seguro del FMLN’; entonces, se enviaron soldados para controlar la entrada y salida de personas de la universidad, días antes de los delitos, que ocurrieron el 16 de noviembre de 1989.

La Comisión de la Verdad cree que existen pruebas de que los militares habrían dado orden de matar a Ignacio Ellacuría y que después del delito, habrían tomado medidas para ocultar el mismo. La justicia nacional se resistió a investigar a los responsables materiales de esta masacre, y para oprimir todavía más la verdad se decretó en el país una Ley de Amnistía que favoreció a los criminales.

La investigación del caso comenzó después de que la ‘Asociación Pro-Derechos Humanos’ de España y la organización estadounidense ‘Centro para la justicia y rendición de cuentas’ presentaron una denuncia en la Corte española. Entre los militares acusados de ser los responsables del delito se encuentra el ex-ministro de Defensa del país, Rafael Humberto Larios. El presidente de El Salvador de aquella época, Alfredo Cristiani, también fue denunciado y señalado como encubridor de la masacre, pero él no fue incluido en la investigación.

Para el director de la radio Ysuca, Carlos Ayala Ramírez, el castigo de los culpables es importante para que El Salvador encuentre paz y justicia. "El espíritu que anima esta iniciativa no es volver al pasado más o menos inmediato con sed de venganza, sino con sed de justicia que no excluye el perdón", opinó.

Para él, ésta es la razón de la expectativa para "satisfacer la necesidad colectiva de justicia como fuente primordial de redención del mal de la impunidad; particularmente en un crimen que por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto".

Con informaciones de radio Ysuca y El País.

Pro Búsqueda señala deudas en tema de desaparecidos

Mauricio Funes aceptó señalamiento. Dijo que Fiscalía debe investigar violaciones cometidas en el pasado.

Escrito por Diana Ayala.  LA PRENSA GRAFICA 

Durante el acto conmemorativo dedicado a los niños y las niñas desaparecidos durante el conflicto armado del país, organizado por el Gobierno, Ester Alvarenga, coordinadora general de la Asociación Pro Búsqueda, señaló a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por no hacer las diligencias necesarias en cuanto a la investigación de los casos de la niñez desaparecida.

“La FGR, hasta la fecha, no ha actuado con diligencia para investigar los casos de los niños y las niñas desaparecidas durante el conflicto armado. La CSJ no muestra celeridad en la implementación de justicia”, indicó Alvarenga.

Para dar muestra del señalamiento, se refirió al caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, porque para ella este tema en cuestión sirve de ejemplo para todos los demás.

En el caso de las hermanas Serrano Cruz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia el 11 de marzo de 2005.

Bajo este dictamen se ordenó al Estado de El Salvador realizar medidas de reparación moral, mediante actos u obras públicas. De hecho, el día de la niñez desaparecida fue establecido después de esta condena.

“El Estado está obligado a investigar todos los casos de la niñez desaparecida, pero como el caso Serrano Cruz es ejemplarizante por la sentencia, es a partir de incluso la sentencia que tiene más obligaciones jurídicas. Y es la FGR la que no ha investigado ni eso, ni los otros casos”, aseguró la coordinadora de Pro Búsqueda.

Sobre la CSJ indicó que “ha sido muy lenta en los procesos” relacionados al tema. Mencionó que esta instancia aplica “discrecionalmente” la Ley de Amnistía para los temas de desaparición. Según Alvarenga, dicha ley no aplica para este tipo de casos.

Cabe recalcar que el presidente de la República de la República, Mauricio Funes, mencionó el señalamiento que hizo Alvarenga y expresó: “Muchas gracias a la coordinadora general de Pro Búsqueda por haber hecho un emplazamiento público, se requiere de mucho valor y coraje para hacerlo”.

Más tarde mencionó: “Tiene razón nuestra amiga cuando dice (que) la FGR debe ayudar a investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado”.

Por su parte, Alvarenga resaltó que Funes haya reconocido la desaparición forzada y firmado el decreto ejecutivo que dio pie a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos.

Sin embargo, afirmó que es necesario proporcionar todas las condiciones “para que los resultados de la comisión sean satisfactorios y procuren aliviar el dolor a los familiares”.

Hasta ahora, esta entidad no cuenta con presupuesto para realizar sus labores.

La Asociación Pro Búsqueda se constituyó en 1994 y es la institución pionera en la problemática de la desaparición. A la fecha, llevan registrados 881 casos de niños y niñas desaparecidas, de los cuales 363 han sido localizados.

Así, el resultado es de 518 desapariciones y de las que todavía no se tienen indicios. “Nos quedan bastantes”, afirmó Alvarenga a modo de indicar la necesidad de seguir trabajando en el tema.

“La FGR, hasta la fecha, no ha actuado con diligencia para investigar los casos de los niños y las niñas desaparecidas.”

Ester Alvarenga, coordinadora Pro Búsqueda

“Gracias a la coordinadora de Pro Búsqueda por haber hecho un emplazamiento público que requiere de mucho valor y coraje.”

Mauricio Funes, presidente de la República

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Gobierno conmemora a la niñez desaparecida en conflicto

En su discurso, el presidente Mauricio Funes hizo un llamado a no ocultar la realidad de El Salvador para que las nuevas generaciones conozcan de dónde provienen. También invitó a los partidos políticos y demás sectores de la sociedad a evitar confrontaciones.

Escrito por Gabriela Melara.  LA PRENSA GRAFICA 

Durante la conmemoración del Día de los Niños y Niñas Desparecidos Durante el Conflicto Armado, el presidente de la República, Mauricio Funes aprovechó la oportunidad para recordar el dolor que muchos salvadoreños sufrieron al ser separados de los suyos en la década de los ochenta. También llamó a los políticos y a la sociedad en general a olvidar las confrontaciones.

“Convoco a los políticos para que cese la violencia verbal, el odio, el enfrentamiento, las palabras que nos dividen”, manifestó durante su intervención el mandatario.

Además, hizo público su interés en esclarecer los casos de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, para lo cual contará con la ayuda de las diversas instituciones de Gobierno, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Fuerza Armada, Asamblea Legislativa, entre otras.

Asimismo, Funes hizo un llamado para no ocultar la realidad de El Salvador con el objetivo de que las nuevas generaciones conozcan de dónde provienen y para luchar por la verdad.

“Poner en vigencia el derecho a la verdad no es pretender volver al pasado, no es despertar fantasmas. No es un acto de rencor, no invocamos al odio. Al contrario, este es un acto de amor. Es, por tanto, un acto histórico”, acotó.

Por otra parte, se mostró satisfecho por estar conmemorando hoy el Día Nacional de los Niños y las Niñas Desaparecidas Durante el Conflicto Armado, como parte de las exigencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió al Estado de El Salvador cuando se expusieron ante el organismo internacional los más de 300 casos de niños y niñas separadas de su familia.

Sin embargo, lamentó que esta  medida no se adoptara desde 2006, cuando la Asamblea Legislativa decretó la fecha. “Lamentable que los anteriores gobiernos no asumieron el cargo y ahora nuestro gobierno tiene la conciencia para desarrollarlo”, afirmó.

A este acto asistieron alumnos de diversos centros estudiantiles que pudieron observar las presentaciones artísticas de Julieta Venegas y los nacionales Shaka y Dres.

 



Aumenta actividad sísmica en volcán Chaparrastique de San Miguel

 

Alma Vilches.  Redacción Diario Co Latino

Según informes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), desde el pasado 12 de marzo se ha reportado un incremento en la microsismicidad del volcán Chaparrastique en San Miguel.

Normalmente, las amplitudes sísmicas fluctúan alrededor de 50 unidades en promedio por día, sin embargo, a partir del domingo 13 de marzo, las amplitudes sísmicas alcanzaron  121 unidades, pero el pasado 20 de marzo, se incrementó a  414 unidades.

El volcán Chaparrastique ha mostrado aumentos similares en años anteriores, particularmente durante el 9 de agosto de 2010, sin que se reportaran manifestaciones u otros cambios visibles en su actividad.

Durante las inspecciones al cráter los días 9 y 16 de marzo se observaron, por algunos minutos, pulsos de gases saliendo del cráter y elevándose a unos 200 metros, aproximadamente.

Las estaciones de monitoreo de gases reportan emisiones similares a las identificadas en meses anteriores, aunque la química de las muestras de agua recolectadas en el Pozo Vida Nueva y en la Laguna El Jocotal, al sur del volcán, no presentan cambios, ni se han identificado variaciones en la temperatura de las fumarolas del cráter.

Los expertos indican que la variación en la sismicidad está relacionada con procesos de desgasificación intensa dentro del volcán y fracturas de rocas, por lo cual se prevé que la actividad retorne gradualmente a la normalidad.

Las autoridades recomiendan a la población no permanecer en un radio de dos kilómetros alrededor del cráter, por un periodo de un mes y mantenerse atentos a la información generada por el MARN, así como atender las indicaciones que emita la Dirección General de Protección Civil.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) indicó que uno de los últimos sismos reportado, fue ayer a las 8.24 de la noche, con una magnitud de 1.9 grado, localizado en los alrededores de la Laguna Verde, en el departamento de Ahuachapán, con intensidad II en Apaneca.

 

 

Fotoperiodista español concilia con víctimas y queda en libertad

Fotoperiodista español concilia con víctimas y queda en libertad

...Fotoperiodista, fue sobreseído por homicidio culposo no así por conducción temeraria. Foto Diario Co Latino/Melvin Rivas.

David Pérez.  Redacción Diario Co Latino

El fotoperiodista español, (...) quien colabora con el periódico digital El Faro, llegó a un acuerdo conciliatorio con las víctimas del accidente ocurrido el domingo pasado, en el que falleció el agente Edwin Isaías Rodríguez, del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y hubo una veintena de heridos entre graves y leves.

El acuerdo conciliatorio con la viuda de Rodríguez consiste en una indemnización integral, la que no solo contempla la remuneración monetaria, sino también otros aspectos que no fueron especificados. Asimismo, los lesionados llegaron al mismo pacto, tanto de la Fundación Huellas de Centroamérica como los miembros del cuerpo policial.

En total fueron 27 las víctimas, nueve de la corporación policial y 18 de la fundación Huellas de Centroamérica. De estos últimos, 17 pidieron al imputado que solvente sus gastos médicos, mientras uno de los lesionados seguirá un proceso aparte. Asimismo, el imputado pagará el costo de reparación de los vehículos relacionados al hecho.

El monto de la conciliación no fue informado, por orden de la viuda de agente del GOPES y los demás heridos. La indemnización fue cancelada en el momento de la Audiencia en el Juzgado Cuarto de Paz.

“Hemos tratado la manera de conciliar para no afectar a ninguno de las partes, pero el monto no será revelado porque solo la esposa (viuda del agente Rodríguez)  y las otras víctimas lo saben”, expresó uno de los defensores.

El monto de la conciliación también prevé posibles gastos que surjan a posteriori, y fue sugerido por la partes ofendidas como por el imputado.

Alfredo García, defensor del periodista, explicó que no informarán sobre los términos de la conciliación, y al ser cuestionado sobre el estatus jurídico de su defendido confirmó la puesta en libertad.

Mientras tanto, por el delito de conducción temeraria el proceso penal continuará en el Juzgado Cuarto de Instrucción, el imputado debe presentarse a firmar cada ocho días y tiene restringido salir del país.

La fiscal del caso manifestó que las investigaciones proseguirán y en la próxima etapa se demostrará si el implicado conducía en estado de ebriedad al momento del accidente.

El hecho ocurrió en la Calle Loma Linda, cerca del Redondel Brasilia, en San Benito.
Según las investigaciones, el comunicador conducía una camioneta placas P 141 -780 e irrespetó un alto por lo que embistió el vehículo del GOPES, y del impactó con éste golpeó el carro de la Fundación Huellas. 


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