EL CONTROL DE PANDILLAS EN EL SALVADOR. Por Sonja Wolf. El Faro

El informe "Mapa de la Violencia: Los Jóvenes de América Latina" presentado hace dos semanas por la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) coloca a El Salvador a la cabeza de la lista mundial de países donde los jóvenes corren más riesgo de ser asesinados. ¿Están las políticas gubernamentales a la altura del desafío? El siguiente artículo de Sonja Wolf comparte con los lectores de El Faro algunas de las conclusiones de una importante investigación sobre las políticas anti-pandillas en El Salvador. La Dra.  Wolf realizó sus estudios de doctorado en la University of  Wales Aberystwyth. Su reciente tesis doctoral, "The politics of gang control: NGO advocacy in post-war El Salvador", analiza las políticas de Mano Dura en El Salvador y las respuestas de la sociedad civil. Actualmente ella es investigadora post-doctoral en el Centro de Estudios y Programas Interamericanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El fenómeno de las pandillas callejeras o “maras” se remonta a los años setentas, aunque su dinámica cambió sustancialmente en el período de posguerra cuando E.U.A. deportó a un creciente número de pandilleros que estaban ilegalmente en ese país. Ellos importaron la cultura pandilleril estadounidense e hicieron que la población salvadoreña empezara a percibirlos como un problema de seguridad importante. Aún así, las pandillas no cobraron mayor visibilidad hasta 2003 cuando el entonces Presidente Francisco Flores lanzó el plan Mano Dura y la Ley Antimaras, medidas encaminadas a “barrer” a los pandilleros mediante detenciones masivas y barridas ampliamente divulgadas por los principales medios de comunicación.

A lo largo de los años, las pandillas se han convertido en un importante problema de seguridad pública para el país debido a su disposición de recurrir a la violencia y a la participación de muchos de sus integrantes en actividades ilícitas. Al mismo tiempo, se trata de un problema social cuya aparición se ve facilitada tanto por factores individuales y comunitarios como estructurales. En otras palabras, los jóvenes que ingresan en las pandillas lo hacen para satisfacer sus necesidades personales como amistad, respeto y estatus, entre otros. La afiliación pandilleril suele ocurrir en contextos comunitarios caracterizados por el hacinamiento, servicios básicos deficientes, carencia de instalaciones recreativas adecuadas y un tejido social roto, y debido a razones estructurales de exclusión social, servicios educativos deficientes y la falta de oportunidades laborales dignas.

Dadas sus raíces sociales el problema de los pandilleros requiere una estrategia integral que prevenga la formación de pandillas y fomente su desarticulación a través de la rehabilitación y una política policial de acercamiento a la comunidad. Sin embargo, por años el estado salvadoreño se limitó a responder a la violencia pandilleril por medio de acciones policiales aisladas. Cuando por fin se dio una política de pandillas, ésta fue meramente represiva. Tanto el momento escogido para el lanzamiento del plan Mano Dura (apenas ocho meses antes de las elecciones presidenciales de 2004) como su contenido (el arresto y el encarcelamiento de jóvenes tatuados) llevan a la conclusión de que se trató de un populismo punitivo dirigido a mejorar la imagen electoral del partido gobernante y no de una medida diseñada para reducir la violencia de las pandillas.

El plan Mano Dura gozó de un elevado apoyo por parte de una población cansada de la persistente inseguridad. A la hora de la votación quedó clara la utilidad política de la estrategia. Sin embargo, la iniciativa no solamente no contribuyó a bajar los homicidios sino que hizo que las pandillas se cohesionaron aun más y se hicieran más resistentes a cualquier intervención. Las críticas del primer plan, junto con la liberación de la mayoría de los pandilleros detenidos arbitrariamente, motivaron al Presidente Saca a seguir otro discurso y a incorporar en su plan Súper Mano Dura dos programas oficialmente dirigidos a la prevención y rehabilitación de las pandillas. Así nacieron los planes Mano Amiga y Mano Extendida implementados por la recién creada Secretaría de la Juventud y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). En la práctica estos ejes alternativos han recibido pocos recursos y han tenido un alcance limitado.
 
La Secretaría de la Juventud no ejecuta ninguna política de pandillas sino que pretende coordinar las iniciativas ya existentes (tanto privadas como públicas), gestionar recursos y evaluar dichos proyectos. En la práctica la Secretaría se ha vinculado con los esfuerzos de otras organizaciones para resaltar su imagen institucional y ha gastado sus pocos recursos principalmente en actividades promocionales. En realidad la Secretaría no parece tener más propósito que demostrar el compromiso del Presidente Saca con las respuestas alternativas.

Por otro lado, el CNSP depende en gran parte de la ayuda internacional y tiene poco personal para poder abordar seriamente el problema de las pandillas. Su trabajo preventivo ha mantenido un enfoque limitado a las canchas deportivas.  Además, excluye ciertas zonas por su peligrosidad y su falta de organización comunitaria, a pesar de que esas son las zonas que más necesitan del apoyo del estado. El hecho de que el CNSP decidió abandonar las comunidades más vulnerables hace pensar que no tiene la capacidad técnica requerida para el control de las pandillas. Por otro lado, su programa de rehabilitación se centra en la granja-escuela, un centro de rehabilitación de pandillas en la parte occidental del país que alberga hasta veinte jóvenes por turno, inicialmente por seis meses, y les brinda servicios de educación, capacitación profesional, y remoción de tatuajes, entre otros.

Sin embargo, una serie de limitaciones, como el reducido número de internos, la poca duración del internamiento, y la falta de oportunidades laborales dignas (la cual no es contrarrestada por la opción del autoempleo que promueve el CNSP), convierten al programa en una respuesta muy limitada a un problema de gran magnitud. De hecho, la decisión del Consejo de enviar a algunos de los “graduados” posteriormente como becarios al Polígono Industrial Don Bosco sirve para destacar la debilidad del proyecto.

Es evidente que las autoridades cambiaron su discurso para aplacar a los críticos del plan Mano Dura del Presidente Flores, pero siguieron con la política de represión. El control de pandillas siguió este camino hasta que la creciente tasa de homicidios convirtió al plan Súper Mano Dura en una carga política. A mediados del 2006 la medida fue retirada silenciosamente y reemplazada por un enfoque policial basado en la investigación de las pandillas como estructuras del crimen organizado y el encarcelamiento de sus líderes. Dicha estrategia es igualmente errónea porque las pandillas callejeras no son estructuras del crimen organizado ni tienen líderes como tales. Es decir, el arresto de “líderes de pandillas” es inútil, porque las personas identificadas por las autoridades como líderes solamente serán reemplazadas por otros pandilleros influyentes y las pandillas se mantendrán en vez de disolverse. El hecho de que las prisiones del país se están llenando con pandilleros sin que se reduzca el problema de las pandillas demuestra ampliamente el fracaso de la actual política. En términos generales el discurso oficial que relaciona a las pandillas con el crimen organizado sirve para legitimar la continuación del enfoque represivo pero no para disminuir los crímenes de las pandillas.

¿Por qué sigue la represión a pesar de su evidente ineficacia? Cualquier intento de abordar seriamente este fenómeno debe enfrentar los factores asociados con la aparición de pandillas. Esto implicaría medidas dirigidas a la reducción de la exclusión social y que por lo tanto afectarían los intereses y privilegios de la élite cuyo guardián es el partido gobernante. Desde su retorno al poder en 1989 ARENA ha actuado para proteger los intereses de una minoría de los salvadoreños. Las políticas públicas de las cuatro administraciones de ARENA lo indican claramente. Un gobierno que no comparte los valores que sustentan el control alternativo de pandillas, no va a apoyar los programas de prevención y rehabilitación ni la construcción de una policía que tenga capacidad investigativa y respete los derechos humanos. En ausencia de la voluntad política requerida para la ejecución de estos esfuerzos la represión es lo más fácil, porque le permite al gobierno mostrarse resuelto a resolver un problema que en realidad no está dispuesto a abordar.

La sociedad civil organizada, sobre todo las ONGs defensoras de derechos humanos y/o comprometidas con la reducción de la violencia pandilleril, ha tratado de reorientar la política oficial de pandillas. Algunas ONGs denunciaron explícitamente la política de mano dura y exigieron una respuesta integral y respetuosa de los derechos humanos, mientras otras organizaciones prefirieron criticar dichos planes indirectamente a través de programas modelos de prevención y rehabilitación. Sin embargo, por diferentes razones como las dificultades para tener una incidencia efectiva en las decisiones del estado, divisiones dentro de la sociedad civil, y la correspondiente falta de alianzas estratégicas, estas actividades no crearon la suficiente presión para modificar las políticas del gobierno.

Para que las ONGs, además de otros actores comprometidos con el cambio social, promuevan eficazmente una solución integral al problema de las pandillas, deberían educar a la población sobre la naturaleza del problema pandilleril y la necesidad de respuestas no represivas. Esto podría suponer una colaboración más estrecha con los medios de comunicación alternativos para influir en la opinión pública y, a la larga, ejercer mayor presión sobre las autoridades. Dados los factores contextuales, además de las propias limitaciones de la sociedad civil organizada, no está nada claro que el país pueda lograr un control alternativo de pandillas. Lo que sí es cierto es que en cuanto exista la voluntad política para enfrentar este fenómeno, también se podrán conseguir los requeridos recursos y la capacidad técnica. Este proceso es largo y difícil, pero es necesario. A menos que El Salvador emprenda el control de pandillas de manera más eficaz, y lo haga pronto, el problema crecerá y la sociedad salvadoreña sufrirá las consecuencias de la violencia pandilleril por muchos años.