AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA INVESTIGARÁ A 14 MILITARES PERO NO A CRISTIANI

El juez a cargo de la investigación considera que no hay pruebas suficientes para acusar de encubrimiento al ex presidente Cristiani, pero sí para iniciar un proceso en contra de los militares acusados de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, su empleada y su hija, ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad José Simeón Cañas.

Diego Murcia / EL FARO

El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ha desestimado investigar al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani por considerar que el delito de “encubrimiento” no es perseguido universalmente. Sin embargo, el juez confirmó la admisión de la querella contra 14 ex militares salvadoreños acusados de ordenar y perpetrar el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres salvadoreñas, cometidos en El Salvador en 1989. 

La noticia confirma la admisión de la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional de España por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de San Francisco.

El juez Velasco también ha ordenado la declaración del ex fiscal general de la República Belisario Amadeo Artiga, del juez Ricardo Zamora y los abogados Henry Campos y Sidney Blanco, que fueron algunas de las personas claves del caso cuando este se ventilaba en tribunales salvadoreños.

Sobre este mismo punto, el juez español ha solicitado con carácter de urgente una comisión rogatoria a las autoridades salvadoreñas para que le remitan testimonio completo de la causa penal que se llevó a cabo en el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador y conocer los pormenores de la querella que se llevó a cabo en el país contra algunos de los ahora implicados. La comisión también solicitará a Estados Unidos el testimonio de William McCollum, miembro de la delegación que viajó a El Salvador como parte de la Comisión del Congreso estadounidense, y el mayor del Ejército Erick Buckland.

Las asociaciones consideran responsables de estos crímenes a los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes y los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.

También están acusados los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárate Castillo, el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra Ascensio.

Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

“Estamos profundamente satisfechos y esperanzados, pero con una satisfacción serena y cierto escepticismo ante la posibilidad de que el proceso llegue a buen puerto, ya que los implicados son personas muy importantes”, declaró a la agencia EFE Carlos Martín Baró, hermano del sacerdote asesinado Ignacio Martín Baró.

Catalina Montes, hermana de Segundo Montes, otro de los sacerdotes asesinados, también se refirió este martes a la decisión del juez Velasco: “Siempre es una buena noticia. Hasta la fecha, la causa había corrido de un sitio a otro en los tribunales americanos. Esperemos que ahora llegue definitivamente y que no vuelvan a cometerse esos crímenes tan espantosos”, dijo.

Catalina Montes es defensora de los derechos humanos y catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Salamanca. Realiza trabajo social en El Salvador con la Fundación Segundo y Santiago Montes. “Da la impresión de que la justicia no es tan fácil de conseguir en este mundo, pero hay no hay que perder la esperanza”, agregó.