DEMANDA CONTRA CRISTIANI EN ESPAÑA POR ASESINATO DE JESUITAS

Dos organismos promotores de los derechos humanos presentan hoy jueves en Madrid una querella criminal contra 14 militares y el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, acusados respectivamente de crímenes contra la humanidad y de encubrimiento por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989. La demanda será presentada en la Audiencia Nacional.

Ricardo Vaquerano / Con reportes de Alexis Henríquez, Diego Murcia y Sergio Arauz, Foto: José Cabezas.  EL FARO

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) de California pedirán a la justicia española que enjuicie al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a 14 militares por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989, bajo la acusación de graves violaciones a los derechos humanos.

La APDHE y el CJA anunciaron que este jueves presentarán ante la Audiencia Nacional, en Madrid, su solicitud de procesar a Cristiani por encubrimiento de crímenes contra la humanidad y a los militares por cometer crímenes contra la humanidad, como están tipificando su relación con el homicidio de los sacerdotes y sus ayudantes. Cinco de los religiosos asesinados por el ejército el 16 de noviembre de 1989, durante una ofensiva militar de la guerrilla, habían nacido en España.

A diferencia de los delitos comunes, estos crímenes nunca prescriben y por lo tanto pueden perseguirse indefinidamente. Además la Audiencia Nacional española trabaja con base en el principio de justicia universal, que significa que los jueces de ese país aceptan demandas por violaciones a derechos humanos ocurridas en cualquier parte del mundo.

Los acusados

Ex presidente Alfredo Cristiani. Era comandante general de la Fuerza Armada y los querellantes lo acusan de obstruir la investigación. General Rafael Humberto Larios. Ministro de Defensa en la fecha de la masacre. El informe de la Comisión de la Verdad señala que Larios estaba presente en una reunión el 15 de noviembre de 1989, cuando el entonces coronel René Emilio Ponce dio las órdenes de asesinar al padre Ellacuría. General René Emilio Ponce. Era jefe del Estado Mayor en 1989 y tenía rango de coronel. La Comisión de la Verdad lo acusó de dar la orden al coronel Guillermo Benavides de matar a Ellacuría y de no dejar testigos. Ahora dirige la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador. General Juan Rafael Bustillo. Era comandante de la Fuerza Aérea y según la Comisión de la Verdad estuvo en esa reunión del 15 de noviembre de 1989. General Juan Orlando Zepeda. Era viceministro de Defensa con el rango de coronel y según la Comisión de la Verdad se encontraba en la reunión del 15 de noviembre de 1989. Coronel Inocente Orlando Montano. Era viceministro de Seguridad Pública y también, según la Comisión de la Verdad, estuvo en la reunión del 15 de noviembre de 1989. Coronel Francisco Helena Fuentes. Era el comandante de la 1a. Brigada de Infantería, con sede en San Salvador, y participó en la reunión del 15 de noviembre de 1989, según la Comisión de la Verdad. Teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona. Era mayor y uno de los jefes de la Escuela Militar. La Comisión de la Verdad dijo que a él le ordenó Ponce que preparar la operación para asesinar a Ellacuría. Teniente José Ricardo Espinoza Guerra. Era teniente del Batallón Atlacatl, y recibió, según la Comisión de la Verdad, la orden expresa de ejecutar él y su sección la operación de asesinato. Se supone que fue él quien en las instalaciones universitarias, dio la orden de matar a los sacerdotes. Teniente Segundo Gonzalo Guevara Cerritos. Aunque fue Espinoza Guerra el que lideró la operación, él también tenía mando sobre la tropa del Atlacatl que ejecutó la matanza. En 2007, Estados Unidos lo deportó  hacia El Salvador precisamente por su participación en la masacre. Soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi. En el juicio en 1999, este soldado del Batallón Atlacatl confesó que el teniente coronel Hernández Barahona le dieron un fusil AK-47 y que disparó contra Ellacuría, Martín-Baró y Montes. No fue procesado por los homicidios. Sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas. Pertenecía al Batallón Atlacatl. En el juicio de 1992 confesó que mató a los sacerdotes López y Moreno. No fue procesado por los asesinatos. Cabo Ángel Pérez Vásquez. Era parte del Atlacatl, y en el juicio de 1992 confesó que había matado al padre López y López. Nunca fue procesado por el homicidio. Sargento Segundo Tomás Castillo. Integraba el batallón Atlacatl y se le acusa de haber matado a la empleada Julia Elba Ramos y a la hija de ésta, Celina. Soldado José Alberto Sierra Ascencio. Miembro del Batallón Atlacatl, dijo a la Comisión de la Verdad que él disparó contra la empleada Julia Elba Ramos y la hija de esta.

El CJA, organismo basado en San Francisco, California, ha impulsado los juicios en Estados Unidos que han llevado a millonarias condenas civiles contra los ex ministros de defensa Guillermo García y Eugenio Vides Casanova; el ex viceministro Nicolás Carranza; y el capitán Álvaro Rafael Saravia, juzgado en ausencia en 2004 y condenado por el asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980.

Almudena Bernabéu, abogada del CJA, se rehusó a informar telefónicamente sobre las pruebas con que acompañan su solicitud, y manifestó que dará declaraciones hasta este jueves, cuando presenten la demanda. Sin embargo, adelantó a la agencia de noticias Europapress que están optimistas con el futuro de la querella y que entre sus expectativas se encuentra la posibilidad de que se logre la extradición a España de Cristiani y los otros acusados.

“Hay pruebas suficientes”, dijo a Europapress. Además, dijo no descartar la posibilidad de lograr la comparecencia de Cristiani ante la justicia española. “Los acuerdos de extradición entre España y El Salvador son muy interesantes en cuanto a la entrega de nacionales salvadoreños”, comentó, sin explicar a qué se refería.

Bernabéu sabe del alboroto que la demanda contra el ex presidente y varios de los militares de alta graduación pertenecientes a la “tandona” puede generar en El Salvador. “Va a ser un caso que puede agitar mucho la sociedad salvadoreña y la sociedad civil. Tenemos la esperanza de que, en el peor de los casos, pueda influir el deseo del pueblo salvadoreño de que estas personas sean juzgadas”, comentó.

Aunque en El Salvador ya se hizo un juicio por el crimen de los sacerdotes jesuitas, éste dejó insatisfechos a los demandantes, porque adujeron que la investigación judicial fue muy limitada a propósito y se centró nada más en buscar a los autores materiales de la masacre. Asimismo, porque supuestamente el presidente Alfredo Cristiani y el alto mando del ejército estaban en mayor o menor medida al tanto de lo que había ocurrido e incluso se especula que algunos sabían del plan de homicidios.

La Fuerza Armada y el gobierno de Cristiani reaccionaron originalmente ante el asesinato de los sacerdotes y dos empleadas acusando de la autoría del crimen a la guerrilla del FMLN, que en ese momento estaba en plena ofensiva militar en la capital del país, San Salvador. Finalmente, el ejército presentó en enero de 1990 la lista de los nueve militares supuestamente involucrados.

Los militares responsables del asesinato pertenecían al Batallón Atlacatl, uno de los cuerpos especializados en lucha contrainsurgente preparados por los Estados Unidos. La lista de los 14 militares incluye a los generales René Emilio Ponce, entonces jefe del Estado Mayor; Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa; Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea, y a los coroneles Inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública, y Francisco Helena Fuentes, comandante de la 1a. Brigada de Infantería, con sede en San Salvador.

El informe de la Comisión de la Verdad, organismo creado en virtud de los acuerdos de paz para investigar los principales crímenes ocurridos durante la guerra, determinó que Ponce ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides  asesinar al rector de la UCA, el sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, y le pidió que no dejara testigos. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando militar ingresó a las instalaciones universitarias y después de sacar de sus dormitorios a Ellacuría y otros cinco religiosos, los ejecutaron. También dieron muerte al ama de llaves y a la hija de esta, que se encontraban en los recintos de la universidad.

Los asesinos hicieron pintas en algunas paredes de la universidad, con las que pretendían despistar para que se creyera que era la guerrilla la autora de la masacre. En las pintas supuestamente el FMLN reivindicaba los homicidios, acusando a Ellacuría de colaborar con el gobierno.

Aparte de Ellacuría murieron los sacerdotes españoles Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno. También el salvadoreño Joaquín López y López, y las empleadas Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de apenas 16 años de edad.

Sobre Cristiani, el Informe dice: “El Presidente Cristiani se reunió con el Alto Mando entre las 12:00 m. y las 2:30 a.m. del día 16. De acuerdo a su declaración, el Presidente aprobó un nuevo dispositivo de uso de unidades blindadas del regimiento de Caballería y de piezas de artillería, y en ningún momento de esa reunión se trató tema alguno relacionado con la UCA”.

En el juicio, realizado en septiembre de 1991, el jurado declaró culpables a dos de los procesados, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, y el teniente Yusshy René Mendoza, quienes al parecer quedarían perdonados por la Asamblea Legislativa y el gobierno de Cristiani cuando se emitió la ley de amnistía, primero la de 1992 (decretada cinco días después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad) y luego la de 1993. Pero con los años, la Corte Suprema de Justicia determinó que una amnistía concedida por el gobierno de la administración 1989-1994 no procedía en favor de los crímenes de los que estuviera acusado el Estado en ese mismo período, porque un gobierno no puede autoamnistiarse.

En un boletín, el CJA anunció la querella criminal, en el que explica algunos detalles del alegato. “El 13 de noviembre, 2008, el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) interpondrá una querella criminal en Madrid en contra del ex presidente de El Salvador y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Alfredo Cristiani Burkard, y otros 14 ex oficiales y soldados del ejército salvadoreño por su participación en la notoria “Masacre de los Jesuitas””, señala el boletín.

Explica que se presenta en España en virtud de la Ley de Jurisdicción Universal. “El CJA y nuestros colegas de la Asociación Pro Derechos Humanos de España presentarán de manera conjunta el caso como acusadores populares”, dice. El boletín agrega que se alega crímenes y asesinato premeditado en el contexto de crímenes contra la humanidad y terrorismo de estado. “La querella también alega cargos por el encubrimiento de crímenes contra la humanidad.”

La Asociación Pro Derechos Humanos de España es, al igual que el CJA, un querellante que se ha anotado sonados éxitos. En España ha logrado que la Audiencia Nacional terminara condenando a algunos de los más connotados represores de la dictadura argentina. En abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al militar argentino Adolfo Scilingo por su participación en los “vuelos de la muerte”, que fue una práctica que la dictadura de ese país utilizaba para desaparecer a presos políticos, a los que subían a aviones y los dejaban caer al océano. Scilingo fue jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un cuartel conocido por ser un centro de preparación y ejecución de guerra sucia de represión contra los “subversivos”. Tanto Scilingo como los querellantes pidieron revisión de la sentencia y el Tribunal Supremo resolvió, en 2007, que no eran apropiados los 640 años de cárcel que le habían dictado. En lugar de eso, se elevó la sentencia a mil 84 años de prisión por 30 homicidios en los operativos “vuelos de la muerte”, por una detención ilegal, por una tortura grave, y por decenas de otros delitos en los que se le acusó de complicidad por omisión.

A la ESMA también pertenecía Ricardo Cavallo, un militar detenido en México en 2000, acusado de torturas, genocidio y terrorismo durante la dictadura. Su detención se produjo ante pedido del juez español Baltasar Garzón.

La APDHE, fundada en 1976, tiene entre sus atribuciones prevenir y perseguir las violaciones a derechos humanos en España y en el exterior, y combatir la impunidad. En el caso de El Salvador, se ha tomado la tarea de impulsar varias campañas, como la derogatoria de la Ley antiterrorista o la ratificación del Estatuto de Roma, que sin ser retroactivo, pretende castigar los delitos contra la humanidad.

La APDHE también está pidiendo que se derogue la Ley de amnistía de 1993, por la cual quedaron borrados jurídicamente los crímenes políticos y comunes con políticos cometidos durante la guerra civil salvadoreña, como el asesinato de monseñor Romero.

Gracias al principio de justicia universal, la Audiencia Nacional logró en 1998 poner en aprietos al dictador chileno Augusto Pinochet, quien llegó a Gran Bretaña a hacerse unos chequeos médicos y quedó detenido por meses por petición del juez Baltasar Garzón. Finalmente, las autoridades británicas denegaron el pedido de extradición a España aduciendo razones de salud.

El Faro solicitó una entrevista con el ex presidente Cristiani, pero al cierre de esta edición no había respuesta positiva. Asimismo, se pidió a la presidencia de la República y a la Cancillería de El Salvador que fijaran posición, pero a las 8 p.m. de este miércoles aún no habían reaccionado.

Tampoco quiso comentar nada el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira, quien la única respuesta que dio es que este jueves dará una rueda de prensa para responder a las inquietudes de los periodistas.

Tojeira ha solicitado que se investigue el crimen de los sacerdotes jesuitas, acribillados en las instalaciones de la UCA, para deducir responsables con el fin de que solo después de eso, pueda buscarse un mecanismo de perdón. Su propósito, ha dicho Tojeira, no es que se encarcele a los culpables, sino que se conozca la verdad para poder proceder después al perdón.

Las acusaciones que presentarán la APDHE y el CJA prescriben como castigo cárcel de hasta 20 años, los que se acumulan dependiendo de la cantidad de acusaciones que logren probarse.