La afrenta del Ministro de Defensa

EDITORIAL. El Faro

Si las Fuerzas Armadas habían dado, desde el fin de la guerra, el mayor ejemplo de cumplimiento irrestricto a los Acuerdos de Paz y a lo que la nación demandaba de ellas para esa nueva etapa, ahora comienzan otra vez a ser sometidas a la irresponsabilidad de sus máximas autoridades.

El ministro de la Defensa, general Jorge Molina Contreras, violó esta semana la Constitución de la República. Apareció en un evento proselitista de ARENA para aplaudir al candidato. Ahí estaba también el Presidente de la República, que en ese momento hacía las veces de miembro de la Comisión Política de su partido con arengas y advertencias sobre los riesgos de la patria ante un eventual triunfo de la oposición, que después el General Molina se encargó de repetir a este periódico.

La Constitución establece claramente que el Ejército es una institución apolítica y no deliberativa. No da mucho margen para interpretaciones, salvo en la mente del Ministro de la Defensa y máximo uniformado en el país.

Molina, un general que llegó a ministro hace un año, parecía entonces devolver al Ejército la institucionalidad que a punto estuvo de perder con su antecesor, Otto Romero, un hombre que aún veía en la oposición política los fantasmas de la guerra.

Hijo del expresidente Arturo Armando Molina, el actual ministro pertenece a esa extraña y escasa clase militar que se acerca a la nobleza uniformada, o al menos así es percibido por buena parte de los militares. Ese liderazgo de cuna, y su supuesta prudencia, le daban credenciales aparentemente adecuadas para momentos complicados, como estos, con un Comandante en Jefe (el presidente Saca) que se ha convertido en el primero en intentar otra vez acercar al Ejército a sus banderas políticas.

Molina ha traicionado a su clase militar, al Ejército en pleno y a los salvadoreños a los que juró defender. Lo ha hecho por ponerse al servicio de un partido y advertir contra la posibilidad de un triunfo de otro. Y con el Ejército, tal como se comprometieron todas las partes en 1992 y hasta hoy han cumplido, y tal como es fundamental en una democracia, no se puede ni se debe jugar a la política.   

El Ministro de Defensa debe inmediatamente explicar su penoso comportamiento y garantizar a los salvadoreños la continuidad del carácter apolítico de las fuerzas Armadas. El Ejército no pertenece ni a un ministro ni a un partido político, sino a todos los salvadoreños. Y somos los salvadoreños, y no el general Molina ni su comandante Saca, los que decidiremos el próximo 15 de marzo a las órdenes de quién estarán las Fuerzas Armadas, que son una institución, como lo establece la Carta Magna, al servicio de la nación.

Cuando los constituyentes incluyeron claramente en el texto constitucional que los partidos políticos “son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno”, lo hicieron justamente pensando en mantener a los uniformados fuera de la política.

No se puede avanzar en la democracia con amenazas ni con advertencias, y menos de parte del Ejército. Cuando el Ejército interviene en la política, ya sabemos todos lo que pasa. Como ejemplos basten nuestro propio pasado, o el de Chile, o el presente de Venezuela o de Colombia. Y no queremos ni volver al pasado ni convertirnos en Venezuela ni en Colombia.

Así que señor Ministro, manténgase en sus oficinas vigilante de nuestra soberanía o renuncie y se incorpora a la campaña de quien mejor le parezca, pero no meta a nuestro Ejército en política. Que es justo ahí donde menos lo necesitamos.