España pide declarar a 7 por matar a jesuitas en El Salvador

Un juez español citó a declarar a siete personas que desde distintos cargos oficiales investigaron sobre el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, informó este jueves la agencia estatal de España Efe.

Un reporte de ese medio señala que las convocatorias están dirigidas a los integrantes de una comisión parlamentaria española que en aquel entonces viajó al país centroamericano para indagar sobre el crimen.

Los citados son Fernando Álvarez de Miranda, ex presidente del parlamento (1977-1979), ex defensor del pueblo (1994-1999) y ex embajador de España en El Salvador (1986-1989) y José Luis Ruiz Navarro y Enrique Arnaldo, letrados de las Cortes Generales.

La lista difundida por la agencia de noticias del Estado español incluye además a los diputados Luis Fajardo Espínola, Pere Baltá, Manuel García Fonseca y Joseba Mirena Zubia, este último actualmente miembro del Senado.

Las pesquisas están a cargo del juez Eloy Velazco quien investiga a 14 militares salvadoreños acusados ante la justicia de España por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes y dos mujeres.

El magistrado aceptó una querella al respecto presentada aquí en noviembre pasado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, de San Francisco, Estados Unidos.

Esa demanda incluía también al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani por el delito de encubrimiento, pero el juez decidió no contemplarlo en sus pesquisas.

La denuncia en España se fundamentó en que cinco de los seis sacerdotes muertos eran de nacionalidad española y señala a los encartados como responsables de los delitos de encubrimiento de crímenes contra la humanidad en grado de autores y asesinato.

Las víctimas fueron los sacerdotes españoles Armando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín e Ignacio Ellacuría, este último rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y el salvadoreño Joaquín López.

También la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Los militares acusados son los generales Rafael Humberto Larios, quien era ministro de Defensa cuando la masacre, René Ponce (jefe del Estado Mayor), Juan Rafael Bustillo (comandante de la Fuerza Aérea) y Juan Orlando Zepeda (viceministro).

Igualmente, los coroneles Inocente Orlando Montano (vicetitular de Seguridad) y Francisco Helena Fuentes (comandante de la primera brigada de Infantería) y el teniente coronel Carlos Camilo Hernández.

Además, los tenientes José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Castillo, el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.

 

Madrid. PL.  abril 23, 2009