Fundasal presentan mapa de la precariedad en 32 ciudades de El Salvador

El estudio presentado este martes se llama “Escenarios de vida desde la exclusión urbana” y servirá como insumo para el mapa de pobreza urbana que está en elaboración. La investigación tomó en cuenta 32 ciudades de todo El Salvador.

Sergio Arauz / Foto: Mauro Arias.  EL FARO

Un estudio de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) identificó en 32 ciudades de El Salvador la existencia de 536 comunidades marginales, mil 809 mesones, 192 lotificaciones ilegales y 2 mil 564 asentamientos populares urbanos (APU), concepto que la investigación define como aglomeración de viviendas populares.

Los resultados preliminares de la investigación sirven de insumos para la elaboración del Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social que usará el gobierno para definir sus políticas de cara al combate de la pobreza. “Servirá de un insumo clave, importante, para el tema de Comunidades Urbanas Solidarias”, dice el viceministo de vivienda, Edín Martínez, quien participó en la realización del estudio cuando todavía estaba a cargo de la institución que lo presentó. 

En número de habitantes, según estimaciones del estudio, 212 mil 308 personas viven en  comunidades marginales, que puede entenderse como un  grupo de viviendas con gran densidad  poblacional, localizadas en terrenos semicéntricos, de extensiones considerables, no siempre vinculados a la trama urbana en sus accesos.

El estudio incluyó las ciudades de las 14 cabeceras departamentales más otras 18 de las ciudades más pobladas de El Salvador.

El tipo y calidad de los servicios y de las edificaciones no es homogéneo y depende de la antigüedad del residente en el lugar. Las variaciones de construcción en cuanto a la combinación de los materiales con las que están construidas van desde techos de lámina metálica, paredes de ladrillo y paredes de bloque, hasta paredes de lámina y pisos de ladrillo o pisos de cemento.

El concepto APU, según Fundasal, puede entenderse como un sitio de habitación de personas de  escasos recursos económicos, localizado dentro de las ciudades, muchas veces autoconstruido, que presenta al menos una de tres características básicas: incertidumbre de la tenencia de los terrenos habitados por no tener registro de propiedad; edificaciones con materiales de construcción  precarios (desechos, reciclaje) o deteriorados y  limitaciones en cobertura o calidad de los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, drenajes de aguas negras y aguas lluvias) en accesibilidad y transitabilidad de las vías de circulación (pasajes y calles internas).

En las 32 ciudades urbanas tomadas en cuenta por el estudio, una cuarta parte de la población habita esas zonas precarias: 13 de cada 100 pobladores vive en un APU, nueve en comunidades marginales, tres en lotificaciones ilegales y una en un mesón.