Un ex prófugo, un diputado y el juez del caso jesuitas buscan la Corte Suprema

Abogados con olor a conflicto de intereses, otros marcados por su rol en los procesos por los asesinatos de monseñor Romero y los jesuitas, y otro que huyó de la justicia acusado de corrupción de menores, aspiran a dirigir el máximo tribunal los próximos nueve años.

Daniel Valencia.  EL FARO

En la plaza del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, de San Salvador, hay un laurel de la india que da sombra a un lustrabotas. Este lunes, por la mañana, el lustrabotas tiene por cliente a un abogado que, sentado sobre el taburete de madera y rodeado por un grupo de abogados, parece un rey al que le rinden pleitesía. “Un magistrado como usted necesita la Corte Suprema de Justicia”, dice uno de los presentes. “Muchas gracias, licenciado”, responde el aludido, mientras saca del bolsillo de su saco unas tarjetas de presentación y las entrega a cada uno de quienes le rodean. A pocos pasos de ahí hay una foto del hombre. Sonríe y con la mano derecha hace la V de la victoria. El hombre, en efecto, quiere ser parte de la cúpula del Órgano Judicial, ese que en 2004 lo declaró inocente de los cargos de corrupción de menores, uso de menores con fines exhibicionistas y pornográficos y agresiones sexuales agravadas. El hombre se llama Nelson García y esa foto que le tomaron los fotoperiodistas cuando fue absuelto de cargos le sirve hoy para su propaganda electoral.

Salvador Nelson García es uno de las decenas de nombres que hay ya en liza en busca de cinco sillas de la Corte Suprema de Justicia. El lustrabotas termina de aplicar el betún negro a los zapatos del abogado que se dirige a la asistente del hombre que lo acaba de elogiar. “Felicidades”, dice a la mujer. “No es común que siendo tan joven usted ya tenga una racha de juicios invictos. Pase por la Asociación... voy a proponer que le demos un premio... ¡ahi vota por mí!” La joven mujer le agradece con una sonrisa, la estrecha la mano, toma la tarjeta y se va con su jefe. Los otros dos abogados hacen lo mismo y salen en dirección contraria hacia uno de los edificios del centro judicial.

Entre ese edificio y el A-2 hay un busto de por medio. Es el de Isidro Menéndez, el padre de la jurisprudencia salvadoreña, que ahora se ve opacado por las fotos de hombres y mujeres que quieren ser magistrados y que cuelgan de las paredes de concreto, de las paredes de vidrio, de las ventanas y en pitas que, amarradas de un extremo a otro, adornan las fachadas. Una auténtica cuelga y pega. El gremio está en campaña y hay 53 aspirantes que necesitan el voto de alrededor de 18 mil abogados –este 7 de marzo- para quedar entre los primeros 15. Antes de que inicie julio, de estos 15 más otros 15 que propondrá el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) la Asamblea Legislativa deberá escoger 10 (cinco propietarios y cinco suplentes) para llenar cuatro plazas de la Sala de lo Constitucional y un puesto en la Sala de lo Civil. Ahí Arena y FMLN tendrán que ponerse de acuerdo para elegir al presidente de la Sala de lo Constitucional, que es el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Órgano Judicial. En resumen, el máximo funcionario judicial.

Pero el primer pulso es esta elección y por eso hay campaña proselitista en el Isidro Menéndez. Una buena parte de los candidatos se promueven con tarjetas, visitas personales a los juzgados, vallas en pasarelas, carteles en universidades, fiestas, botellas de licor…  El resto no hace propaganda amén de que no tienen los recursos o porque dicen que lo encuentran de mal gusto, que preferirían un debate de “corrientes del pensamiento jurídico” que no existe.

Otros reducen su campaña a ofrecer trabajos si llegan a la Corte o a prometer que de llegar al cargo, el gremio de abogados “estará” representado. “Como si los máximos funcionarios del órgano de la justicia tengan que representar a solo un grupo y no a toda la población”, se queja Salvador Enrique Anaya, abogado y expositor de la cátedra de derecho de la UCA. Hay otro candidato que con su eslogan de campaña reta a sus colegas por el deterioro del sistema de justicia: “Si no vota no se queje”.

Pero hay un candidato que con su propaganda opaca al resto. Los afiches de Nelson García están colgados en la pared de vidrio del A-2. Él aparece en primer plano, sostiene una Biblia con su mano izquierda y hace la V de la victoria con los dedos índice y medio de su mano derecha. Esa fue la foto que en octubre de 2004 ilustró los titulares de los periódicos. Por la historia que esconde esa foto este hombre es quizá uno de los abogados más conocidos del país y este lunes acaban de lustrarle los zapatos.

En 2004, el de Nelson García fue un caso de película. Sus acusadoras, unas adolescentes, aseguraron que fueron fotografiadas en una vivienda de García, en el pasaje Los Pinos de la colonia Escalón. Cuando la policía entró a la vivienda, junto a las cámaras de televisión, encontró y decomisó 87 videos, 150 discos compactos y 28 disquetes que contenían imágenes en las que García aparecía con jóvenes desnudas. Había entre esas imágenes una en la que García “hipnotizaba” a las jóvenes y que fue divulgada sin mayor pudor por la prensa en aquellos días. Después de la acusación, García huyó de la ley y se escondió en un rancho de playa. Apareció después, barbado, flaco y esposado; se fue a juicio y quedó libre. Luego se dedicó a su carrera y a ser defensor en casos polémicos. En el más reciente, García defendió a Nora Evelyn Parada de Silva, esposa de Roberto Silva, ex diputado del PCN acusado de lavado de dinero y de tener vínculos con el narcotráfico. La semana pasada Roberto Silva fue acusado por las autoridades guatemaltecas de ser el autor intelectual del asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlacen ocurrido en Guatemala, en 2006.

“Me hice famoso”, dice García, recordando cuando lo buscaba la justicia. Ahora ya no es la ley la que lo busca. “Quizá por eso ahora me busca la gente, porque vieron que con la verdad pude vencer a la mentira”. Esta no es la primera vez que García busca ser magistrado de la Corte. Es la cuarta. La primera vez, en 1994. Dice, con amargura, que fue primero, pero que los diputados prefirieron a otra persona. “¿Por qué si Nelson García clasifica no lo eligen?”, se pregunta, y de inmediato suelta la respuesta que tiene preparada: “Porque no reúne el requisito de obediencia servil a los que le saben pasar la factura”, dice García, en alusión a la repartición de cuotas que hacen los partidos políticos a la hora de elegir a los magistrados. García compitió una vez más antes de su juicio, en 2003, y quedó de octavo. En 2006 lo intentó de nuevo y “el juicio paralelo, el juicio mediático” dice que lo condenó a la décimo sexta posición.
 
En su oficina de la casa de Los Pinos, García conserva una foto de enero de 2008 cuando fue elegido, de nuevo, presidente de la Asociación de Abogados de El Salvador, esa por la cual ya está ofreciendo un premio a la mujer que lo saludó. En esa fotografía le acompañan el presidente de la Corte, Agustín García Calderón, que este año termina su período de nueve años como magistrado, y el presidente de la república, Antonio Saca.

García dice que su currículo pesa más que la calumnia que organismos de inteligencia le montaron para impedir que llegara a la Corte. García ha sido catedrático, concejal del CNJ (junto a García Calderón) y presidente de más de un gremio de abogados de El Salvador. “En 2003 estaba segurísimo (de llegar). Eran dos partidos que se habían conjugado para elegir al presidente. El tercer partido, conservador, me hubiera aceptado. Arena no me buscó y yo no era del agrado del presidente Flores ni de Mauricio Sandoval”, dice. Sandoval era director de la Policía Nacional Civil.

Lo que cuenta García es conocido por la mayoría de candidatos que quieren llegar a la Corte vía la lista de elección. Nada asegura que ganar esta etapa –o quedar en los primeros lugares- los catapulte directamente a la magistratura. En la Asamblea Legislativa, los partidos políticos esperan con ansias quiénes serán los 30 elegibles de entre el mar de postulantes. Y son los partidos políticos los que tienen la última palabra, hablada en negociaciones entre los grandes, repartida en cuotas desde 1994.

En las últimas elecciones, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ha instado a los legisladores a que escojan con base en criterios de idoneidad y no de compromisos políticos. Es un grito al vacío el de Fusades –y el de otros organismos como Fespad o incluso el de los mismos abogados y jueces- porque a los partidos, llámense Arena o FMLN, poco les importa, aunque ante las cámaras y grabadoras digan lo contrario.
 
“Si se comprobara que además del apoyo político los escogidos son intachables, tienen las características necesarias para llegar al cargo, está bien. Pero si lo que vemos es que el criterio que privó es solo lo político… Por eso el ideal, si pidiéramos una carta al niño Dios, es que los escogidos sean intachables, ajenos a intereses político partidarios y con plena independencia”, dice la directora del área legal de Fusades, Claudia Umaña.

Fusades ha pedido lo mismo a las 12 asociaciones que presentan candidatos. Cada una puede inscribir hasta 15 candidatos. En el gremio, la desorganización y desunión no sólo es capaz de llevar a los peores en la primera lista de 15 –a base de compadrazgos- sino que también ha permitido que en las asociaciones se metan las manos de la política. Por eso vuelan acusaciones mutuas de estar o con el Frente o con Arena.
 
Por el lado de la izquierda, la acusada es la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador (Adesal), que está  afiliada a la Unión de Abogados y Jueces Democráticos (Unajud). Entre los líderes de Unajud se encuentra el diputado del FMLN Walter Durán. Este diputado confiesa que Unajud ha hecho convenios con algunas de las asociaciones para hacer propaganda a favor de algunos de los 53 candidatos con pensamiento de izquierda.
 
Por el lado de la derecha la acusada es la Asociación Salvadoreña de Abogados (ASDA), que tiene como principales líderes al abogado Carlos Méndez Flores –que estuvo dentro de los 30 elegibles a la CSJ en 2006-, y a la ex viceministra de gobernación y gerente de asuntos electorales de Arena, Silvia Aguilar. ASDA también lleva sus propios candidatos y en el pasado ya logró colocar a una: la magistrada de la sala de lo penal Rosa María Fortín Huezo.

“Ojo, no quiere decir que nosotros debamos tener alguna inclinación partidarista. Los jueces debemos ser apolíticos, pero obviamente tendencias de pensamiento debe haber”, dice la magistrada.

En esta ocasión, una de las cartas de ASDA es el asesor de la bancada legislativa de Arena, Guillermo Wellman. Este abogado, ex diputado y miembro del partido desde los 80, ha sido juez de paz, juez de primera instancia y legislador de 1994 a 2000. En 2002, Wellman estuvo envuelto en un escándalo por tener dos plazas: una como asesor de Arena y otra como asesor del presidente de la CSJ.
 
“Tomé las dos asesorías porque era de ley. Ganaba salario en la Asamblea pero en mi contrato no tengo horario de trabajo, usted lo puede revisar”, dice.

Wellman, quien ya tiene años de soñar con un carago de magistrado, dice que no se puede considerar carta de nadie “pero en alguna medida siento que Arena me apoya… me tiene que apoyar porque he salido de Arena. Pero el hecho de ser un magistrado de derecha no significa que voy a actuar a favor de un partido político. Esto no debería ser cuestión de derechas e izquierdas sino de justicia, de los mejores perfiles para ocupar los máximos puestos de la justicia en este país”.

Guillermo Gallegos, el jefe de diputados de Arena, asegura que no se puede hablar de cartas a favor porque están aún esperando las listas. Al preguntarle si Arena le apuesta a cuotas o a los perfiles idóneos, sonrié. “Sí, sí, los idóneos”. Walter Durán responde lo mismo pero agrega un matiz: “No estamos casados con cuotas, pero sin embargo la aritmética parlamentaria impone ciertas condiciones”.

Hay candidatos que aseguran no tener más armas que su trayectoria profesional y su absoluta “independencia judicial”, pero no faltan quienes dicen otra cosa, que detrás de ellos hay partidos políticos. Sidney Blanco, juez quinto de instrucción, y Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son dos ejemplos.

El primero es un ex fiscal convertido en juez que con uno de sus últimos trabajos (“Deficiencias, policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento del delincuente”, auspiciado por el PNUD) provocó la ira del ministro de seguridad, René Figueroa.
 
“René Figueroa debe ser una de las personas que no solo estaría en desacuerdo: él promovería un rechazo. Ahora, hay un grupo –dentro de Arena- que podría estar de acuerdo con mi postulación pero lastimosamente no es el que decide”, dice Blanco.

Para su mala suerte, en su currículo hay pasajes que, según dice, son argumentos de aquellas personas que consideran que su ascenso a la Corte sería un peligro. Entre estos pasajes está haber sido acusador en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas y haber sido uno de los jueces que más criticó la ley antimaras del ex presidente Francisco Flores. Blanco, sin embargo, reconoce que podría encontrar un apoyo en el FMLN aunque advierte que ese apoyo no implica un compromiso político partidario.

“El FMLN es un partido que me ha propuesto y me ha apoyado en este proceso y digamos que podría tener mejores respaldos. Aunque también dentro del FMLN puede existir algún sector al que mi candidatura no le pueda parecer porque no estoy afiliado, porque no soy incondicional, porque no respondo a lealtades de tipo político partidarias y porque soy independiente para decir no”. En 2003, Blanco pasó a medias el filtro de la Asamblea Legislativa y solo alcanzó una magistratura suplente en la CSJ. Esta vez, Blanco compite de nuevo bajo la bandera del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), otra de las asociaciones que critica las políticas penales que aprueba la Asamblea y por lo tanto, desde la derecha, se le tilda de izquierdista.

El CEJ lleva a 10 candidatos a esta elección. Uno de ellos, sin embargo, se desliga de cualquier vinculación partidaria con la izquierda. “Por ignorancia, desconocimiento, por anticuerpos que generan los derechos humanos en la gente que no sabe nada de derechos humanos, vinculan a los derechos humanos con la izquierda, siempre. Lo cual es un error craso. Los derechos humanos es un derecho universal de derechas, izquierdas y centros”, dice Florentín Meléndez.

Este abogado trabajó hace más de 20 años en el arzobispado de San Salvador que dirigía Óscar Arnulfo Romero. Se especializó en derechos humanos y ahora preside el máximo organismo de tutela de derechos humanos del continente. Dice que hace nueve fue vetado por un partido político sólo porque se negó a reunirse con ese partido en su oficina, fuera de la Asamblea Legislativa.

Cuando se le pide a Meléndez que responda a aquellos que aseguran que él es una carta de la izquierda en estas elecciones, contesta: “Precisamente el FMLN fue el que me vetó hace nueve años. Le respondo de esa manera. Eso habla muy claro de mi independencia y lo saben los partidos políticos en la Asamblea. Los otros partidos me invitaron (a sus fracciones legislativas), me quisieron hacer propuestas no aceptables y por eso nunca he sido funcionario público de mi país”, dice. Él también ha sido candidato a ocupar la Procuraduría de Derechos Humanos y también asegura que lo han vetado por su imparcialidad.

“No sé qué pretenden cuando llaman a los candidatos a funcionarios de segundo grado. Yo no voy a negociar absolutamente nada que no sea cumplir la Constitución y las leyes. Que se transparente este escenario, que las deliberaciones para escoger a los magistrados sean públicas... No quiero llegar con pies hinchados a la CSJ. Prefiero no llegar a llegar mal”, agrega.
Otro de los candidatos del CEJ es el juez 6 de instrucción, Roberto Arévalo Ortuño. Este juez, en 2000, desestimó una acusación de estafa por 116 millones de colones  a la financiera Crediclub. Arévalo Ortuño informó, en su resolución, que la Fiscalía no presentó suficientes pruebas para sustanciar los delitos de estafa y defraudación a la economía pública. El juez, sin embargo, dijo que podían reabrir las investigaciones y presentar nuevas acusaciones, pero la Fiscalía no lo hizo. Ortuño también desestimó en 2007, y por razones similares, la acusación por acoso sexual que una secretaria interpuso en contra del ex director de centros penales, Jaime Roberto Vilanova.
Arévalo Ortuño es evaluado por sus colegas jueces como un hombre totalmente independiente, muy religioso y a quien no le tiembla la mano para dar una resolución, pero que también respeta la ley al pie de la letra y que aunque él esté convencido de alguna culpabilidad, si no hay pruebas contundentes, no condena. En el caso del ex director de centros penales, Arévalo Ortuño dijo: “No hay pruebas suficientes, pero es posible que se haya cometido”. Ahora, juzgador y acusado compiten en la misma elección. Arévalo Ortuño con el número 4 de la lista y Vilanova Chicas (por ASDA y la asociación de Nelson García) con el 50.
Tanto Ortuño como Meléndez y Blanco han preferido irse por la lista de elección porque creen –además de que se debe respaldar la democracia y de que ir en lista de elección da el respaldo del gremio- que la lista del CNJ no es sana.
 
“Considero que la lista de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) tiene un elemento de democracia más fuerte que la del Consejo. La población de abogados valora mi trabajo y va a votar. En el CNJ son solo siete abogados. Entre la elección de 7 y la de 17 mil, prefiero la de 17 mil. Además, se ha manchado un poco el proceso del Consejo en el cual se introducen algunos elementos políticos para el listado”, dice.

En 2006, por ejemplo, el CNJ promovió la candidatura del diputado electo por el PDC Arturo Argumedo, la del ex fiscal general Belisario Artiga, que no disimula su corazón arenero, y la de un asesor legal del PCN.

En agosto de 2006, la Asociación de Magistrados y Jueces (AMJUES) pidió a la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea que reformara la ley para que el CNJ, en su lista, solo propusiera a jueces y magistrados, un argumento lógico si se toma en cuenta que la función del CNJ es evaluar la carrera judicial. La otra lista, la de la elección del gremio de abogados, quedaba abierta para que se postulara quien quisiera. Arena, PCN y PDC se opusieron a ese instrumento y fue el diputado Argumedo quien expresó las principales razones.

“Chucho no come chucho, doctor. Y si come, no come mucho. Quienes conocemos mejor a los jueces somos los litigantes. Y cuando ellos se meten a la elección de todos nosotros, nosotros sabemos quiénes son los pícaros. Yo le puedo enumerar aquí un montón”, dijo, entre otras cosas, Argumedo.

Hasta el viernes pasado, dos días después de que el CNJ abriera la recepción de ofertas, ya había siete inscritos. Argumedo era uno de ellos. El actual magistrado de la sala de lo constitucional, Julio Acosta Baires y el juez del caso jesuitas y del juicio por el asesinato de monseñor Romero, Ricardo Zamora, son otros dos.

A Arturo Argumedo, para entrevistarlo, hay que declararse comunista o admirador de los escuadrones de la muerte. El Faro pidió a Argumedo que hablara sobre lo ocurrido hace dos años y éste respondió que no porque El Faro es comunista. Además, dice que al hacerle esa pregunta lo que este periódico persigue es defender a los jueces “ñurdos” que no le agradan. “¡Ñurdos, ñurdos, ñurdos!”, fue la descripción que Argumedo hizo del equipo de El Faro, cuando le pidió que hablara. “¿O acaso defienden a los escuadrones de la muerte? Lo que dije en ese entonces lo sostengo porque tengo pruebas”, dice.

Contra Argumedo tendría que competir una jueza que ya expresó su interés en una magistratura de la CSJ. La jueza primera de sentencia de medidas al menor, Aída Luz Santos Escobar. Ella es una de las juezas que más se ha opuesto a las políticas represivas que empezaron con la ley antimaras de Francisco Flores. Ella, además, es del grupo de jueces que está de acuerdo con que el CNJ debería escoger a aquellos a quienes evalúa. Por eso dice que ella no va a elección porque le parece inapropiado ir a pedirle el voto a aquellos abogados con los cuales se enfrenta –o se enfrentará- en juicio.

“La lista del CNJ debería ser integrada únicamente por jueces de carrera y no debería ser la lista política”, dice.

Fusades y Fespad también han pedido al CNJ que transparente el proceso que utilizará para elegir a su lista de 15 aspirantes.

El presidente del CNJ, David Cabezas, soslaya el señalamiento y se va por la tangente al pedir a Fespad y Fusades que si tienen buenos candidatos que proponer, que los propongan. Cabezas incluso deja abierta la puerta para aquellos miembros del Consejo que quieran integrar la lista que ellos mismos elaboran.

Todavía no está claro si esto sucederá, pero hay intensos rumores de que hay consejales que lo están pensando. Por el momento, hay uno en particular que pone el debate en este asunto. Efraín Campos es consejal y quiere ser magistrado. Él, sin embargo, se fue por la vía de la elección porque dice que no considera ético participar de la lista del CNJ y asegura que de no quedar entre los 15 elegidos por el gremio no buscará ir en la otra lista.

Campos compitió en 2006 en la lista del gremio y quedó. En aquel entonces, se abstuvo de votar a favor o en contra de aquellos que salieron de la lista del CNJ porque no quería que se viera que desde ahí metería zancadillas a sus contendientes. Hoy dice que no tiene claro –si queda de nuevo- si participará de esa discusión. “Es un tema tan importante, en esta ocasión, con este nuevo El Salvador, que lo estoy meditando. Y ojo, no para favorecer mi candidatura, si es que la consigo, si no para ver si conviene más quedarse de brazos cruzados en la elección de los mejores perfiles que necesita la Corte Suprema”, dice.

Presidente de la Corte se retira

Y si no hay veto a los magistrados que quieran reelegirse, ya hay al menos uno que está listo para competir. Julio Acosta Baires ya presentó su candidatura. Pero para la comunidad jurídica, es más importante definir si el presidente de la corte, Agustín García Calderón hará lo mismo.

Hay un libro de 786 páginas que perfila muy bien el estilo de justicia con el que se ha gobernado la Corte en los últimos nueve años. Este libro fue autorizado por el ex magistrado René Fortín Magaña y se llama “16 sentencias representativas de la Sala de lo Constitucional”. Ahí se encuentran los fallos en contra de las candidaturas independientes a diputaciones, a favor de la ley de integración monetaria, la resurrección a los partidos PCN y PDC,  entre otras.

Esta Corte que termina este año también fue la que le quitó poder a la sección de Probidad, oficina que se encarga de vigilar la probidad de los funcionarios públicos y que en 2005 detectó irregularidades en las cuentas bancarias del ex presidente Francisco Flores y de algunos miembros de su gabinete. Al frente de todas estas resoluciones ha estado Agustín García Calderón, el único magistrado que ha sido reelegido en dos ocasiones como presidente del órgano judicial por la Asamblea. Para Fusades, Fespad y los jueces en contienda, los magistrados salientes ya cumplieron su ciclo.

“Es importante la alternancia. Nueve años es suficiente para que alguien demuestre si tiene compromisos o no con la justicia”, dice Florentín Meléndez.

¿Buscará García Calderón la reelección? “No”, responde él. “Yo estoy terminando mi período. He tenido la suerte de por tres ocasiones ser el presidente de la Corte. Yo estoy terminando. Desde luego, no tengo prohibida ninguna reelección. Pero hasta este momento no tengo ninguna propuesta ni estoy en campaña de mi cargo, más que en terminar lo que hecho”, agrega.

¿Y si se lo proponen? “Eso no depende de mí. No depende de uno. Lo que no estoy haciendo es proponiéndome, gestionando o en campaña. Le puedo asegurar que no tengo ninguna campaña de ninguna presencia de imagen con el objetivo de ningún elemento de trabajo que no sea cumplir mi función que todavía tengo”, responde.