Entrevista - Benjamín Cuéllar (UCA): ‘El que mata y queda impune, vuelve a matar

16.09.09 - EL SALVADOR.  ADITAL

Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador: "Es un sistema de justicia discrecional, que distingue la calidad de la víctima y la calidad del victimario para impartir o no justicia". Fotos de José Orozco.

Benjamín Cuéllar es abogado y politólogo salvadoreño, desde 1992 dirige el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA) y es miembro del Consejo de Directores del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En esta entrevista se refiere al sistema de justicia de su país, el cual califica de "frágil y nulo" debido, entre otros factores, a la forma discrecional en que se eligen a los Magistrados de la Corte Suprema y a la falta de depuración dentro de La judicatura.
Cuéllar sostiene que para impartir o no justicia, el sistema salvadoreño se basa en la calidad de la víctima y del victimario. Se refiere a la necesidad de conocer la historia para no cometer los mismos errores y al derecho de las víctimas a conocer la verdad, a recibir justicia y a que se les repare el daño cometido. Para Cuéllar, la lucha contra la impunidad es una maratón con obstáculos, que es necesario "correr" de manera colectiva.

- Centro de Estudios de Guatemala (CEG): ¿Cómo calificaría el sistema de justicia salvadoreño?

- Benjamín Cuéllar (BC): Un sistema frágil, por no decir, totalmente nulo para la verdadera justicia, la cual tiene que ser para toda la población. Es un sistema discrecional (...) yo veo algunas luces y muchas sombras. Las sombras tienen que ver, primero, con la forma en cómo se han nombrado los nuevos magistrados, y sobre todo su Presidente.
En El Salvador el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene una concentración de poder importante dado que la Corte tiene funciones administrativas y funcionales, y es el presidente el que toma las decisiones últimas. De ahí depende la vida, la existencia o la permanencia de jueces y los nombramientos de abogados. También creo yo que es un lastre que se viene arrastrando, la falta de depuración dentro de la judicatura, y la desnaturalización de los mecanismos que se crearon a partir de los Acuerdos de Paz para mejorar la calidad de la judicatura. Se creó un Consejo Nacional de la Judicatura, y entre sus funciones tiene la capacitación y la selección de ternas para presentar a la Corte, y es la misma Corte la que termina eligiendo a los jueces. No siempre los graduados de la Escuela Nacional de Capacitación Judicial son los que están incluidos en la lista (…)
Esto refleja la desnaturalización de una institución que buscaba precisamente transparentar y mejorar la calidad del servicio de la justicia en El Salvador. El hecho también de la falta de confianza en el órgano judicial es otro de los temas que se deben considerar.
De las luces, el ingreso a la Sala Constitucional de un experto en derechos humanos, Valentín Meléndez, quien tiene una trayectoria destacada en este campo y el ingreso de uno de los mejores jueces del país en el área penal, Sidney Blanco, un catedrático con una trayectoria bastante limpia, fue fiscal en el caso de los jesuitas asesinados (…) Estos dos nombramientos abren la posibilidad de poner a prueba el sistema en un nuevo escenario. Como vemos pesan mucho más las sombras, pero ni modo, hay que seguir intentando hacerlo funcionar.

- CEG: Se habla de niveles altísimos de impunidad en El Salvador, ¿cuál es la causa de esta situación?

- BC: Es un sistema de justicia precisamente discrecional, que distingue la calidad de la víctima y la calidad del victimario para impartir o no justicia. Por ejemplo, toda la impunidad histórica de los casos de violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en El Salvador desde 1972, de eso no hay ni un procesado que haya sido condenado y que esté guardando prisión y pagando sus culpas, no hay nadie, nadie. Los únicos dos que han sido condenados son un coronel y un teniente del Ejército por el caso (del asesinato de los sacerdotes) de los jesuitas, en fallo bastante cuestionable por las circunstancias en las cuales participaron. Pero esos dos oficiales salieron libres en marzo de 1993 con la amnistía, o sea que estuvieron (presos) de finales de 1991 a 1993.
La impunidad también se dio en función de quienes dieron las órdenes, yo siempre he sostenido que los que entraron a las habitaciones de los jesuitas y los asesinaron materialmente, son la pieza prescindible de los hechos, pudo haber sido esta unidad o cualquier otra de la fuerza armada, pero quienes no podían dejar de estar presentes en esos hechos eran quienes dieron las órdenes, y a esos no se les puede tocar, y ahí es donde funciona la discrecionalidad y la calidad de los victimarios, esta idea de que hay que protegerlos porque es un poder fáctico del país.
Yo siempre pongo el ejemplo del caso del ex presidente de la compañía aérea TACA, Federico Bloch, que diez días después de haber renunciado, fue asesinado; la policía llegó a la escena del crimen y trabajó como en cualquier otro caso, sin mayor eficiencia, pero cuando regresaron avisaron que el muerto era don Federico, entonces les pidieron que regresaran y les mandaron refuerzos. El caso se resolvió en pocos meses y los que lo asesinaron están condenados. Pero en el resto de casos, en su mayoría, si son jóvenes que tienen tatuajes, usan ropa holgada, el crimen se cataloga como un pleito entre "maras" y el caso ahí queda resuelto, ya ni se investigan ni se avanza ni nada, eso es lo que ocurre con la mayoría de los casos. Entonces insisto, hay que relacionarlo directamente con la condición de las víctimas, que en El Salvador son personas en una situación económica precaria.

- CEG: Un caso paradigmático de búsqueda de justicia en El Salvador, es el proceso contra los responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas y de Elba y Celina Ramos de la Universidad Centroamericana (UCA). ¿Qué significó este terrible crimen para la sociedad salvadoreña?

- BC: El asesinato de los jesuitas se da en el marco de una ofensiva como nunca se había dado de parte de la entonces guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), se da en el marco de una seria preocupación de los poderes políticos, económicos y militares del país, que siempre identificaron a los jesuitas, y sobre todo a Ignacio Ellacuría (Rector de la UCA) como alguien que estaba vinculado -si no orgánicamente, al menos ideológicamente- y que de alguna manera influía en las políticas y prácticas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
En realidad, era todo lo contrario, Ignacio Ellacuría siempre planteó la necesidad de una vía negociada para la salida del conflicto armado, pero Ellacuría estaba en España cuando inicia la ofensiva, él regresa a El Salvador y el día que regresa es cateada la residencia. Horas después es asesinado, la orden que nosotros sabemos que se dio era "de eliminar a Ellacuría sin dejar testigos", entonces obviamente ejecutar a Ignacio Martín Baró, director en ese entonces de la UCA y del Instituto de Opinión Pública, era por así decirlo un pluf. También se ejecutó a Segundo Montes, investigador y sociólogo que se encontraba en el exilio precisamente por razones políticas, ese fue otro pluf. La figura principal a eliminar era Ignacio Ellacuría, pero con la orden clave de no dejar testigos, casi descabezaron a la UCA; el director de la biblioteca, el director de Fe y Alegría, el director del Centro de Reflexión Teológica, realmente fue un golpe a la universidad y a la Compañía de Jesús. Pero se les revirtió, porque el final de cuentas eso fue lo que aceleró un proceso de diálogo que estaba atascado, porque no había voluntad -sobre todo de la parte oficial- de avanzar sinceramente un milímetro, pero la muerte de los jesuitas fue un caso clave.
Esto no quiere decir que no hay que recordar y rendir homenaje a todas las víctimas, tanto de antes, durante y después de la guerra, pero el asesinato de los jesuitas, por ser quienes eran, hizo que incluso la administración y la legislatura estadounidense tomaran medidas en concreto y exigieran una investigación, que originó una presión internacional en niveles bastante fuertes, y eso trajo como consecuencia el proceso de negociación y de acuerdos que le puso fin a la guerra.

- CEG: ¿Cuáles son los principales obstáculos que afronta el sistema de justicia de su país?

- BC: Bueno no sólo es el caso de los jesuitas, pero en El Salvador aquellos que ordenaron, realizaron, encubrieron, toleraron o alentaron las violaciones a los derechos humanos, fueron y siguen siendo actores vigentes en la política, en la economía nacional (…) su estatus económico lo mantienen; entonces, eso también los hace cuidarse (…) por eso hay pactos -que no son los acuerdos que conocimos de Ginebra, de Chapultepec, los que firmaron con luces, con periodistas, aplaudidos por la comunidad internacional- hay otros pactos, hay otros acuerdos debajo de la mesa, en la sombra, que han permitido que la amnistía, por ejemplo, no puede ser tocada.

- CEG: ¿Qué alcances tiene la ley de amnistía?

- BC: La ley de amnistía salvadoreña es una ley amplia, condicional y absoluta que viola la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, precisamente por eso, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas han exigido al Estado salvadoreño la derogatoria de esta ley de amnistía. No ha sido como dijo el ex presidente Francisco Flores, "la piedra angular de los acuerdos de paz" ha sido realmente la piedra de tropiezo para transitar hacia la paz. ¿Por qué? Porque la más grave violación a los derechos humanos es negarle a las víctimas la verdad, la justicia, reparación y la posibilidad de perdonar en función de una verdadera conciliación de la sociedad.
Hay formas alternativas de justicia transicional, pero ni siquiera eso se ha querido aplicar. Una de las demandas que nosotros vamos a presentarle al actual gobierno -en función de que demuestre su voluntad y su valentía para encarar el pasado y tratar de darle vuelta a la página, pero después de leerla y aprender las elecciones- es organizar tribunales alternativos en la línea de los mecanismos de la justicia transicional, que ofrezcan a los victimarios la posibilidad de ser perdonados, si piden perdón, y que las víctimas estén dispuestas a perdonar, si les piden perdón.

- CEG: Profundicemos en ese concepto de dar la vuelta a la página después de leerla y aprender las lecciones.

- BC: Primero, si no conocemos nuestra historia y no aprendemos la lección, vamos a cometer los mismos errores. Si no respetamos el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a recibir justicia, a reparar el daño, vamos a repetir la historia porque, el que mata y queda impune vuelve a matar; el que no recibe castigo por un delito, lo vuelve a cometer. Es una manipulación del temor, de la desconfianza de las sociedades a que se repita el pasado, el argumentar que no hay que abrir heridas, que quien pide justicia está amenazando la paz, ese es otro argumento que plantean: "si las víctimas piden justicia, entonces vamos a volver a la guerra, va a correr sangre nuevamente." Bueno, la sangre sigue corriendo, el borrón no se dio, pero la cuenta nueva y la sangre sigue corriendo, hablamos de más de 70 mil muertes violentas, no por motivación política, pero si por políticas inadecuadas de un Estado que no está acostumbrado a rendir cuentas, ni a pedir cuentas, ni por los hechos del pasado, ni por los hechos de la posguerra.
Las heridas están abiertas y en la medida que no se cierran se infectan, por el crimen organizado, por estos nuevos males -las pandillas, el sicariato yo creo que es importante, primero desmontar ese discurso…

- CEG: En todo este proceso de búsqueda de justicia, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas?

- BC: El que diga que El Salvador no cambió está mintiendo, se terminó la guerra y las prácticas de violaciones graves de los derechos humanos. Se crearon nuevas instituciones, se dieron unos pasos. A los cambios, hay que medirlos no por la forma sino por la profundidad y el fondo. Yo siempre cito a Guillermo Manuel Lungo, un dirigente socialdemócrata que participó en las negociaciones, murió en el 94 de muerte natural, y él decía (refiriéndose a los Acuerdos de Paz) que le preocupaba que estuvieran tratando de maquillar a Frankenstein para participar en Miss Universo. El maquillaje es lo que a mí me preocupa, que sólo se haya quedado en eso, que no se haya realmente cambiado o tocado causas estructurales, que son la tarea pendiente.
Este nuevo gobierno tiene un gran desafío: entrarle en serio a esto. Entonces allí viene mi preocupación, yo sostengo que tanto en Guatemala, como en Honduras y en El Salvador, los presidentes están gobernando con la pistola en la cabeza, o sea, si se mueven para un lado y no le gusta al militar o al político, al gran capital -sobre todo sumándole lo ocurrido en Honduras- les pegan un balazo.
Entonces por temor a que peguen el balazo, mejor no se salen del libreto, y es un libreto que a final de cuentas no favorece a las mayorías, pues favorece a minorías privilegiadas de Centroamérica.

- CEG: A pesar del gran muro de impunidad, la gente sigue luchando, empeñada en hacer justicia. ¿Es un signo de esperanza?

- BC: Esta búsqueda de justicia va a ir rindiendo frutos, esos van a ser nuestros resultados. Es una lucha digna, una lucha difícil, estamos en una maratón, no en una carrera de 100 metros; el que se prepara para una carrera de cien metros, a los 105 cae vencido, ya no aguanta. Esta búsqueda de justicia, como dice Andrés Domínguez -un colega ahora asesor del director de la policía de investigaciones de Chile- es una maratón, de 40 o más kilómetros. Yo le pedí autorización para agregarle que además "es una maratón de grandes obstáculos", los poderes fácticos, intromisiones extranjeras, la fragilidad de las instituciones; hay montón de obstáculos, pero también es una maratón de relevos y tenemos que buscar cómo se va preparando el relevo. Esto va para largo, se han ido dirigentes históricos de todo este movimiento de derechos humanos, entonces tiene que haber quien tome esta estafeta y lleguemos hasta la meta, hasta dignificar a las víctimas.

- CEG: ¿Cómo dignificar a las víctimas?

- BC: Las víctimas de Guatemala y de El Salvador es población indígena, población a la que no se le han reconocido nunca sus derechos, por eso es necesario que esto se conozca, se sepa, y que sea todavía mucho más solidario desde la comunidad internacional; porque estas víctimas, son las que menos recursos tienen y más proclives están a sentir miedo, a sentirse amenazadas, a tener que rumiar su indignación en sus casas, sin pasar acción porque el siempre poderoso sector económico, social, político y militar, va a estar utilizando a las instituciones -y no digo sólo a las instituciones del Estado también instituciones o recursos como los medios de difusión masiva -que más de comunicación social difunden lo que quiere el poder- para mantenerlas en el olvido.