¿Dónde están los niños y niñas desaparecidas?

La falta de voluntad del Estado a través de la inoperancia de las instancias internas judiciales para proporcionar a los familiares de niñas y niños desaparecidos el acceso a la justicia son las razones que obligan a la Asociación Pro Búsqueda a buscar apoyo en otras instancias.

Por Damaris Aguilar.  CONTRAPUNTO. 

SAN SALVADOR - Para miles de salvadoreños y salvadoreñas el fin de la guerra significó despertar de una larga pesadilla que mortificó por 12 años sus libertades; sin embargo, hay quienes aún no ven claro el día en que podrán  dejar atrás la angustia y desesperación hasta no conocer  el paradero exacto de los niños y niñas que fueron arrancados de sus brazos en el fragor de la guerra.

 

El conflicto armado dejó un saldo de 9,000 personas desaparecidas de las cuales más de 797 son reportados como menores de edad.

Ante la necesidad por conocer qué sucedió con sus seres queridos, el 20 de agosto de 1994, por iniciativa del padre Jon Cortina y con la participación de 48 pobladores de Guarjila, Chalatenango, nació la Asociación Pro-búsqueda, con el único objetivo de buscar a los niños y niñas desaparecidas y reunirlos con sus familiares.

 

Ese mismo año Pro-búsqueda obtuvo frutos al encontrar a los primeros cinco niños desaparecidos durante el operativo militar de 1982 realizado en los pueblos y cantones del sureste de Chalatenango, bautizado por el Ejército como “Operación Limpieza”, en el que participaron los recién formados batallones de reacción inmediata Atlacatl y Belloso.

 

La Guinda de Mayo

 

Los sobrevivientes de ese operativo lo recuerdan como la “Guinda de mayo”, durante la cual las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, por entonces de siete y tres años, respectivamente, fueron capturadas por militares del Batallón Atlacatl. Ellas vivían con sus padres en el cantón Santa Anita, Jurisdicción de San Antonio de La Cruz, Chalatenango.

 

Casi 28 años han pasado desde que las niñas fueron vistas por última vez y hasta la fecha su paradero se desconoce. De estar vivas, Ernestina tendría 35 años y Erlinda, 31.

 

El caso de las hermanas Serrano Cruz fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se convirtió en la primera condena internacional contra el Estado salvadoreño, en marzo de 2005.

 

Los encargados de llevar el caso ante la Corte fueron Pro-búsqueda y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Washington.

 

Pro-búsqueda ha logrado llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otros casos de niños y niñas desaparecidas, entre estos está el proceso acumulado de las tres hermanas Contreras (Herminia Gregoria, María Clara y Julia Inés) y el de las dos Mejía Ramírez (Ana Julia y Carmelina), así como el de José Rubén Rivera.

 

Según la directora de Pro-búsqueda, Ester Alvarenga, estos casos ya tienen informes de fondo; es decir, que la Comisión ya resolvió  y necesitan ser llevados a una instancia mayor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En este caso Pro-búsqueda puede decidir si los manda a la CIDH o si lleva un proceso de solución amistosa con el gobierno”, dijo a ContraPunto.

 

De optar por la vía amistosa la Asociación haría una propuesta sobre lo que el Estado necesita cumplir; de lo contrario los procesos acumulados dejan abierta la posibilidad de que éstos sean llevados ante la Corte, que implicaría la sumatoria de tres sentencias más para El Salvador.

 

Las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez desaparecieron en el contexto de la Masacre del Mozote, en la que unas 900 personas fueron masacradas en diciembre de 1981 por efectivos militares, en los cantones El mozote, Los toriles y La joya, en Morazán. De esa zona las niñas fueron trasladadas hasta la cabecera departamental, Gotera, donde fueron reclamadas por una madrina. Sin embargo, los soldados regresaron más tarde por las niñas alegando que por órdenes del coronel del Destacamento Militar Número 4 tenían que llevarse a las menores.

 

Otros casos de desaparición forzada son los de Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas, José Adrián Rochac, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Abarca Ayala. Todos desaparecidos a manos del Ejército durante masacres cometidas en operativos militares.

 

Las desapariciones de estos cinco niños y niñas fueron presentadas ante la Comisión Interamericana en 2003, después de que las demandas de habeas corpus (recurso legal para determinar la violación a los derechos humanos) resultaran infructuosas y de no obtener adelantos en las investigaciones, a pesar de las denuncias de los familiares y las recomendaciones hechas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

 

El Estado al banquillo

 

Ante la renuencia oficial de avanzar en las investigaciones de esos casos, el 6 noviembre de 2006 el Estado salvadoreño fue llamado a comparecer a petición de Pro-búsqueda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por los casos de Emelinda, Lorena, Santos Ernesto, José Adrián, Manuel Antonio y Ricardo.

 

La falta de voluntad del Estado a través de la inoperancia de las instancias internas judiciales para proporcionar a los familiares de niñas y niños desaparecidos el acceso a la justicia son las razones que obligan a la Asociación a buscar apoyo en otras instancias.

 

“Cuando las instancias internas no responden ahí se podría entender como que se está denegando la justicia y el acceso a la misma. Entonces, a raíz de eso es que se busca ir a instancias internacionales”, explicó a ContraPunto la abogada de Pro-búsqueda, Marina Cubías.

 

El caso de las hermanas Serrano Cruz es un claro ejemplo de la negativa que el Estado ha tenido ante la petición de justicia y el esclarecimiento de los hechos que conlleven a dar con el paradero de las menores.

 

En el 2005 la Corte Interamericana dictó la primera condena internacional contra El Salvador por violación a los derechos humanos; sin embargo, en ese entonces los gobiernos de turno no mostraron ningún interés en cumplir los señalamientos hechos por el organismo internacional.

 

Por el contrario, el Estado se dedicó a negar firmemente la existencia de las niñas Serrano Cruz. Según la directora de Pro-búsqueda el gobierno anterior nombró a un equipo de fiscales para trabajar sólo en función de desmentir el trabajo que la Asociación venía realizando.

 

“Secuestró el libro de fe de bautismo para quitar la partida de las niñas en Chalatenango, pero nosotros ya teníamos una copia de ella; todo para negar que esas niñas nacieron”, señaló Alvarenga.

 

En la sentencia del caso Serrano Cruz, la Corte obliga al Estado salvadoreño a cumplir 10 medidas de reparación entre estas: realizar un acto público de desagravio a las víctimas, en presencia de "altas autoridades" y  miembros de la familia Serrano Cruz.

 

En marzo 2006, el gobierno del presidente Antonio Saca realizó un acto en el que se suponía que el Estado pediría perdón a la familia Serrano Cruz, sin embargo, sólo  “lamentaron” los hechos sucedidos. Evento al que ni siquiera Saca se hizo presente y delegó la actividad a su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Laínez.

 

La actividad fue otro de los errores cometidos por el Estado al no cumplir con lo estipulado por la Corte: pedir perdón a los familiares de Ernestina y Erlinda. El evento generó el enojo de los presentes entre estos el de la entonces procuradora de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, quien señaló que no se pidió perdón.

 

“El acto en el que tenían que pedir perdón a la familia, terminaron victimizando a la familia porque en realidad lo que hicieron fue una especie de reencuentro” explicó Cubías.

 

Por si fuera poco, el plato fuerte del acto no fue la reparación a la familia Serrano Cruz,  sino el reencuentro de “Teresa Margarita”, caso que ni siquiera era de la guerra señaló Alvarenga.

 

“La niña, la misma familia lo dice, ella se fue de la casa. Lo que hubo fue un reencuentro, con el gran banner de la muchacha y de la familia que armaron. Cuando en  plaza pública en Chalatenango era pedir perdón público a los familiares de Ernestina y Erlinda” subrayó.

 

En el discurso de celebración del 18 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el pasado 16 de enero, el presidente Funes se comprometió a “prestar la más amplia y activa colaboración con las autoridades competentes nacionales e internacionales que investigan causas emanadas de la violación de los derechos humanos”.

 

Asimismo, firmó el decreto de creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos que según el mandatario reunirá los estándares requeridos por la CIDH.

 

Sin embargo, el 28 de enero de 2009, en una audiencia privada realizada en Costa Rica, Pro-búsqueda, el Estado y la Comisión informaron sobre cómo ha ido el cumplimiento de la sentencia emitida en 2005.

 

Han pasado casi cinco años desde que la Corte dictó la primera sentencia contra El Salvador y desde entonces el Estado aún sigue incumpliendo.

 

Ante la persistente inactividad del Estado, que admitió la falta de avances en el proceso, la Corte ordenó enviar información detallada y actualizada sobre el avance de la investigación, así como referirse a los pasos a seguir en el desarrollo de la misma, y la explicación de por qué no ha habido avances en el caso Serrano Cruz. 

 

En la resolución emitida el pasado 16 de febrero, la CIDH exhortó a El Salvador, a adoptar todas las medidas necesarias para el rápido cumplimiento de los puntos pendientes de la sentencia en el caso de las hermanas Serrano Cruz.

 

Show cibernético

 

Entre los puntos que aún se adeudan está el sistema de información genética para lograr la identificación, determinación de filiación de las personas desaparecidas y la creación de la página web de búsqueda de desaparecidos que fue establecida, pero que a criterio de la directora de Pro-búsqueda, el sitio electrónico no cumple con los requisitos para su cometido. 

“La página debe de informar a la gente que lo que busca son niños desaparecidos durante la guerra para que la gente se acerque a denunciar el caso. Y lo que hubo es una pagina web de propaganda de show para decirle a la CIDH: mire hicimos un  reencuentro (de familiares con niños y niñas perdidas en la guerra)”, explicó. 

A la fecha el sitio electrónico creado se encuentra “temporalmente” inhabilitado, a pesar de que en la resolución de la Corte se señala que “es necesario que El Salvador restablezca el funcionamiento, a la mayor brevedad, de la página web de búsqueda…” 

Para la Corte el sitio web debe constituirse como una herramienta eficaz para determinar el paradero de las hermanas Ernestina y Erlinda, y de los demás niños y niñas desaparecidas. 

Ante la última resolución de la Corte (16 febrero 2010) el Estado salvadoreño ha dicho que brindará la atención médica y psicológica a la familia Serrano Cruz.

El canciller Hugo Martínez dijo que para ello ya se ha firmado un convenio para llevar a cabo ese fin con autoridades del Ministerio de Salud y la Universidad Centro Americana (UCA), además aseguró que la asistencia ya está siendo brindada.

Según Martínez lo “único” que está pendiente de la resolución de la Corte es la investigación de la desaparición de las hermanas, que sale del control del Ejecutivo y que corresponde a la Fiscalía General de la República y a la Corte Suprema de Justicia. 

“Lo único que podemos hacer es trasladar las preocupaciones de la Corte Interamericana, exhortar a los otros órganos para que se cumpla con ese mandato”, señaló.

La Corte por su parte, supervisará la forma en la que se brinde la atención médica y psicológica a la familia Serrano Cruz, así como la verificación de la puesta en marcha  de la Comisión de Niños y Niñas Desaparecidos, del sitio web y del banco genético. 

El Estado salvadoreño tiene como plazo el 30 de junio de 2010 para informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por la Corte que continúan pendientes.