En el Camino.

Entrevista con Luis Salazar, director del ISNA

"Se me paran los pelos con lo que encontré en el ISNA"

Hace menos de un año era el procurador adjunto para la niñez, y desde ese cargo auditaba a la dirección del Instituto Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Ahora es el director de la institución que tiene a su cargo 30 mil niños, pero que quizás es más conocida por las muertes de menores que ocurren en sus instalaciones que por cumplir su función de proteger a los niños maltratados y reinsertar en la sociedad a los menores infractores. Luis Salazar tiene dos meses en el cargo y ya dice estar espantado por lo que ha encontrado. "Nuestro personal maltrata", asegura. Pero lo peor quizás no sea eso, sino descubrir que unos mil niños en centros privados ni siquiera tienen un expediente, lo que en la práctica significa que legalmente no existen: "Eso me aterra".

Jimena Aguilar

Publicada el 26 de octubre de 2009 - El Faro

¿En qué condiciones encontraron los centros del ISNA?               
Los cuatro centros de internamiento de jóvenes infractores han sido encontrados en condiciones altamente deplorables. La Procuraduría nos vino a presentar un cuadro donde nos dice: atender las grandes deficiencias en infraestructura, la ausencia de programas educativos, donde nos hacen ver las condiciones de higiene totalmente deplorables. En algunas de ellas ya estamos interviniendo. Hemos pasado al área de proyectos de infraestructura de Hacienda una propuesta. Aparte de eso, hay más de 2 mil niños que están siendo atendidos por ONGs y personas particulares que administran programas de protección. Estos 2 mil niños están en manos de entidades privadas o de programas administrados por personas naturales, supervisados y apoyados técnicamente por el ISNA. Acá encuentro un poco de desorden: falta de mecanismos efectivos de supervisión, encuentro que puede haber ahí cosas que nos van a espantar. Acá en los centros de protección, dentro de los 12 centros de protección tenemos dos preocupaciones: una, que son centros que deberían ser de corta estadía pero que no lo están siendo, deberían de tener un sistema de recepción de niñez victimizadas que todavía estamos construyendo. Estamos haciendo los análisis legales, técnicos sicológicos, técnico médicos para definir un protocolo de recepción de niñez victimizada. Ese protocolo no existe. Realmente espanta, da miedo la falta de procedimientos que hemos venido a encontrar. Personalmente he visto procesos de ingreso que no tienen ninguna base en los derechos de la víctima, pero estamos tomando los correctivos.

Cuando los  niños son atendidos por organizaciones privadas, ¿cómo las controlan ustedes?
Esa es una de las grandes debilidades del ISNA. En teoría por visitas diarias. Hay una unidad dentro de la estructura institucional del ISNA para el registro, inscripción, autorización y vigilancia de organismos no gubernamentales y otras entidades de protección al menor. Esta unidad tiene registrada a toda ONG, a todo programa administrado por personas particulares, que pretendan hacer trabajo en materia de protección o de centros de bienestar infantil.

¿Encontraron alguna que no cumpliera con requisitos como acreditarse, tener el personal idóneo o tener inscripción como asociación o fundación?
Todavía no lo puedo decir. En estos momentos yo no le puedo dar un informe de eso porque recientemente nombramos a una nueva persona al frente que está elaborando el diagnóstico de cómo está eso. A mí se me paran los pelos de pensar lo que pueda encontrar. Porque ya ni siquiera está en las manos del ISNA. Con que ya se me paran los pelos con lo que sé que voy a encontrar dentro del propio ISNA y algunas cosas que ya encontré son gravísimas. ¿Como no van a estar ahí donde hay menos control?

¿Qué ha encontrado en el ISNA?
He presenciado procesos de ingreso de niños víctimas totalmente violatorios de los derechos de la niñez que, claro, ya corregimos... Todavía el tema de adopción en lo que tenemos que ver en el ISNA es algo que está pendiente. Este día estoy cumpliendo dos meses de estar en la institución y todavía hay cosas que no las logro ver porque el ISNA es una institución de mil 278 trabajadores. Si usted me pregunta el diagnostico que encuentro de la institución, eso es. El ISNA es una institución creada en 1993. Creo que hasta la fecha ha desarrollado muy poco su mandato principal. El ISNA no desarrolla el principal componente de su mandato legal, que es ser la entidad rectora del sistema nacional de atención integral. La atribución del ISNA es ejecutar la política nacional de atención al menor. Pero mi hallazgo es que…

No están cumpliendo esa función…
Esta función no se está cumpliendo… y por otro lado, mi hallazgo es que los sistemas de protección y reinserción de jóvenes privados de libertad que administra el ISNA están apiñados en un solo cajón. Hay un departamento de centros de protección y el departamento que desempeña la función de reinserción social, pero esta es una visión ideológica de la niñez de antes de la Convención de los Derechos del Niño porque esto es tutelarismo, es poner en un mismo cajón a víctimas y victimarios. La Convención a veces como que no ha pasado por el Instituto. Como que vivimos antes de 1990. Es triste. Tiene que haber cambios radicales. Porque ese tutelarismo lo corroboró el 12 de diciembre de 2008 una junta directiva que aprobó una estructura institucional todavía con visón tutelarista.

Y además, dice, los centros que controla el ISNA están en malas condiciones…
Están en muy malas condiciones. Los centros de reinserción. De los de protección yo no me atrevería a decir eso. Creo que algunos de ellos son modelos de funcionamiento de atención integral.

Dice que creía que podría haber cosas que lo iban a espantar. ¿Por ejemplo?
Sí, hay algunas situaciones, no del área financiera a la cual todavía no he podido traer a alguien que me haga ver si ha habido anomalías. En este momento ya tuve la primera reunión con las auditoras de la Corte de Cuentas, quienes dicen que hay cosas que nos van a dar, pero no me han dicho cosas puntuales. Entonces yo le he dicho a mi junta directiva que la auditoría de la Corte de Cuentas, que es de gestión, va a arrojar cosas interesantes. No les quiero poner otro epíteto más que interesante. Estamos en la revisión del procedimiento de ingreso de víctimas. Ahí ya eso es un desastre. Eso ya lo vi yo, ha habido un total irrespeto a los principios básicos de atención a la víctima. De los 12 centros de protección hay dos en los que eran particularmente graves las situaciones que se estaban dando.

¿Cuáles?
En el CISNA (que acoge a los menores infractores) se descubre un personal altamente desmotivado y tolerante hacia abusos que se daban entre los propios niños y que particularmente responden a la no implementación de una división de niños de corta edad. Ya hicimos un par de rotaciones de personal. Vamos a tomar medidas drásticas con el personal. Ya comencé a recibir las primeras audiencias. Pero hay medidas que no se pueden tomar de inmediato. No puedo decir que el personal mismo sea, pero hay personal que tolera.

¿Hay algún personal que participa en los abusos?
Si tuviera evidencia tengo la obligación de tomar medidas de inmediato. Ya se tomaron algunas, ya se tomaron algunas medidas que se han hecho efectivas a través de traslados. Pero la idea no es pasar la papa caliente de una mano a la otra, sino tomar medidas radicales. En un centro de internamiento se nos ha evidenciado que hubo una situación que lesionó a una señorita, producto de omisión grave, por una trabajadora de nuestr institución que no tomó medidas en su momento, esta chica sufrió una consecuencia irreparable. Esta acción ya le está provocando en este momento una acción disciplinaria y eventualmente una acción penal por la gravedad de la lesión que sufrió la niña. Ya se le destituyó. En Villa San Martín, que es donde se acoge a niños discapacitados, descubro que no tenemos un número suficiente de orientadores educadores, que son los que mantienen el orden, y que muchos de los que tenemos no tienen el más mínimo perfil de lo que debe ser un orientador. ¿Y qué es lo que vengo a descubrir aquí en SIPI (que se encarga de los menores victimizados)? A mí me aterra que haya personas que no tienen la formación y por eso ahora estamos cometiendo el abuso de aprovechar el desempleo para ofrecer plazas de bajo salario a profesionales de la sicología y del trabajo social. Yo espero en un futuro cercano compensarles su formación. Por las plazas, por la carencia de empleo que sufren los profesionales de este país, me puedo dar el lujo de por menos de 600 dólares traer a un sicólogo altamente calificado a una plaza de orientador. Pero prefiero eso y después compensarles su formación a que las plazas sigan siendo ocupadas por personas sin formación. Me aterra qué pueda estar pasando todavía y lo que yo he visto. Hay otra cosa que hemos descubierto y que vamos a tomar medidas inmediatas: hay una cantidad importante de niños en ONGs que no tienen expediente. Lo hemos ido descubriendo poco a poco. Ya estamos tomando medidas. Y aquella ONG que tenga niños sin expediente o le generamos expediente prontamente o esa ONG es cancelada, multada y con las acciones penales para sus representantes penales.

¿Qué implica que no tenga expediente?
Es como que no existieran. Eso se presta a que puedan haber adopciones irregulares, egresos del país irregulares, a que puedan haber abusos, sin mayores controles y aquí no ha pasado nada. Es una cantidad importante y ya estamos tomando acciones.

¿Esto es en las privadas?
En las privadas, porque nuestros mil chicos y chivas en protección, todos tienen expediente, pero muchas ONGs han asumido niños en protección sin contar con un expediente y eso no puede ser. No puede haber un niño institucionalizado que no tenga un expediente. Los que me espantan son los niños que están en ONGs.

¿Por qué cree que ocurrió esto?
Por el desorden. Esto tiene que ver con una serie de ONGs que tenían años de estar tramitando sus registros y no se resolvía. Tenemos el plan a diciembre de haber duplicado la cantidad de ONGs que actualmente están inscritas. En este momento hay 90 ONGs dedicadas a niñez que están inscritas.

¿O sea que hay otras 90 que no están registradas?
Exacto. Por lo menos. Son las que están en trámite y puede ser que ya hayan asumido roles de cuidado diario de niños y que no tengamos registrados sus programas ni mucho menos los niños que tienen a su cargo. Estamos trabajando el protocolo para la captación de denuncias del maltrato de niños institucionalizados. Hemos descubierto que nuestro personal maltrata. Hay personal que en sus informes explica que tuvo que dar plantón a tales niños por su conducta. Lo confiesan en informes, por escrito. Pero asumimos que hay prácticas. Es toda una metodología para erradicar cualquier forma de maltrato que todavía subsiste en esta institución. Yo he oído a sicólogas decir que tuvo que pegarle en la pierna a un niño porque el niño estaba subido en un muro para que el niño bajara y no se lastimara, cuando se sabe que el maltrato no es tolerado bajo ningún concepto. No le estoy hablando de alguien sin formación, le estoy hablando de una sicóloga. Ya se tomaron las medidas disciplinarias con esa sicóloga, pero yo no puedo pasar toda la vida emitiendo medidas disciplinarias. Prefiero formar, sensibilizar al personal, decirle que esas prácticas ya no son posibles.

¿Los abusos detectados son sistemáticos?
No, aunque no niego que ya como producto de la aplicación de un proceso de investigación más profunda se puedan detectar y tengo un temor muy particular de lo que puede estar pasando porque hay 2 mil niños en manos de ONGs. Hay ONGs respecto de las cuales tengo mucho respeto como Aldeas Infantiles, que tienen un esquema de monitoreo más estricto que el nuestro, de autosupervisión de su propio personal que tiene relación directa con niños. Pero no todas las ONGs son Aldeas. La unidad de supervisión y registro de ONGs es una unidad que acabamos de empezar a fortalecer. Ellos son los que me han dado el dato de esos mil niños que están sin registro y de los cuales tenemos que tomar acciones. Sabemos que están, pero tenemos que ubicarlos, generarles expediente, supervisarlos, abrirles ítems de control y sobre todo -y lo más importante- ver que esos niños en la medida en que haya soluciones no institucionalizadas, retornen a ambientes familiares, con los debidos apoyos en las familias.

 

Entrevista - Benjamín Cuéllar (UCA): ‘El que mata y queda impune, vuelve a matar

16.09.09 - EL SALVADOR.  ADITAL

Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador: "Es un sistema de justicia discrecional, que distingue la calidad de la víctima y la calidad del victimario para impartir o no justicia". Fotos de José Orozco.

Benjamín Cuéllar es abogado y politólogo salvadoreño, desde 1992 dirige el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA) y es miembro del Consejo de Directores del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En esta entrevista se refiere al sistema de justicia de su país, el cual califica de "frágil y nulo" debido, entre otros factores, a la forma discrecional en que se eligen a los Magistrados de la Corte Suprema y a la falta de depuración dentro de La judicatura.
Cuéllar sostiene que para impartir o no justicia, el sistema salvadoreño se basa en la calidad de la víctima y del victimario. Se refiere a la necesidad de conocer la historia para no cometer los mismos errores y al derecho de las víctimas a conocer la verdad, a recibir justicia y a que se les repare el daño cometido. Para Cuéllar, la lucha contra la impunidad es una maratón con obstáculos, que es necesario "correr" de manera colectiva.

- Centro de Estudios de Guatemala (CEG): ¿Cómo calificaría el sistema de justicia salvadoreño?

- Benjamín Cuéllar (BC): Un sistema frágil, por no decir, totalmente nulo para la verdadera justicia, la cual tiene que ser para toda la población. Es un sistema discrecional (...) yo veo algunas luces y muchas sombras. Las sombras tienen que ver, primero, con la forma en cómo se han nombrado los nuevos magistrados, y sobre todo su Presidente.
En El Salvador el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene una concentración de poder importante dado que la Corte tiene funciones administrativas y funcionales, y es el presidente el que toma las decisiones últimas. De ahí depende la vida, la existencia o la permanencia de jueces y los nombramientos de abogados. También creo yo que es un lastre que se viene arrastrando, la falta de depuración dentro de la judicatura, y la desnaturalización de los mecanismos que se crearon a partir de los Acuerdos de Paz para mejorar la calidad de la judicatura. Se creó un Consejo Nacional de la Judicatura, y entre sus funciones tiene la capacitación y la selección de ternas para presentar a la Corte, y es la misma Corte la que termina eligiendo a los jueces. No siempre los graduados de la Escuela Nacional de Capacitación Judicial son los que están incluidos en la lista (…)
Esto refleja la desnaturalización de una institución que buscaba precisamente transparentar y mejorar la calidad del servicio de la justicia en El Salvador. El hecho también de la falta de confianza en el órgano judicial es otro de los temas que se deben considerar.
De las luces, el ingreso a la Sala Constitucional de un experto en derechos humanos, Valentín Meléndez, quien tiene una trayectoria destacada en este campo y el ingreso de uno de los mejores jueces del país en el área penal, Sidney Blanco, un catedrático con una trayectoria bastante limpia, fue fiscal en el caso de los jesuitas asesinados (…) Estos dos nombramientos abren la posibilidad de poner a prueba el sistema en un nuevo escenario. Como vemos pesan mucho más las sombras, pero ni modo, hay que seguir intentando hacerlo funcionar.

- CEG: Se habla de niveles altísimos de impunidad en El Salvador, ¿cuál es la causa de esta situación?

- BC: Es un sistema de justicia precisamente discrecional, que distingue la calidad de la víctima y la calidad del victimario para impartir o no justicia. Por ejemplo, toda la impunidad histórica de los casos de violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en El Salvador desde 1972, de eso no hay ni un procesado que haya sido condenado y que esté guardando prisión y pagando sus culpas, no hay nadie, nadie. Los únicos dos que han sido condenados son un coronel y un teniente del Ejército por el caso (del asesinato de los sacerdotes) de los jesuitas, en fallo bastante cuestionable por las circunstancias en las cuales participaron. Pero esos dos oficiales salieron libres en marzo de 1993 con la amnistía, o sea que estuvieron (presos) de finales de 1991 a 1993.
La impunidad también se dio en función de quienes dieron las órdenes, yo siempre he sostenido que los que entraron a las habitaciones de los jesuitas y los asesinaron materialmente, son la pieza prescindible de los hechos, pudo haber sido esta unidad o cualquier otra de la fuerza armada, pero quienes no podían dejar de estar presentes en esos hechos eran quienes dieron las órdenes, y a esos no se les puede tocar, y ahí es donde funciona la discrecionalidad y la calidad de los victimarios, esta idea de que hay que protegerlos porque es un poder fáctico del país.
Yo siempre pongo el ejemplo del caso del ex presidente de la compañía aérea TACA, Federico Bloch, que diez días después de haber renunciado, fue asesinado; la policía llegó a la escena del crimen y trabajó como en cualquier otro caso, sin mayor eficiencia, pero cuando regresaron avisaron que el muerto era don Federico, entonces les pidieron que regresaran y les mandaron refuerzos. El caso se resolvió en pocos meses y los que lo asesinaron están condenados. Pero en el resto de casos, en su mayoría, si son jóvenes que tienen tatuajes, usan ropa holgada, el crimen se cataloga como un pleito entre "maras" y el caso ahí queda resuelto, ya ni se investigan ni se avanza ni nada, eso es lo que ocurre con la mayoría de los casos. Entonces insisto, hay que relacionarlo directamente con la condición de las víctimas, que en El Salvador son personas en una situación económica precaria.

- CEG: Un caso paradigmático de búsqueda de justicia en El Salvador, es el proceso contra los responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas y de Elba y Celina Ramos de la Universidad Centroamericana (UCA). ¿Qué significó este terrible crimen para la sociedad salvadoreña?

- BC: El asesinato de los jesuitas se da en el marco de una ofensiva como nunca se había dado de parte de la entonces guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), se da en el marco de una seria preocupación de los poderes políticos, económicos y militares del país, que siempre identificaron a los jesuitas, y sobre todo a Ignacio Ellacuría (Rector de la UCA) como alguien que estaba vinculado -si no orgánicamente, al menos ideológicamente- y que de alguna manera influía en las políticas y prácticas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
En realidad, era todo lo contrario, Ignacio Ellacuría siempre planteó la necesidad de una vía negociada para la salida del conflicto armado, pero Ellacuría estaba en España cuando inicia la ofensiva, él regresa a El Salvador y el día que regresa es cateada la residencia. Horas después es asesinado, la orden que nosotros sabemos que se dio era "de eliminar a Ellacuría sin dejar testigos", entonces obviamente ejecutar a Ignacio Martín Baró, director en ese entonces de la UCA y del Instituto de Opinión Pública, era por así decirlo un pluf. También se ejecutó a Segundo Montes, investigador y sociólogo que se encontraba en el exilio precisamente por razones políticas, ese fue otro pluf. La figura principal a eliminar era Ignacio Ellacuría, pero con la orden clave de no dejar testigos, casi descabezaron a la UCA; el director de la biblioteca, el director de Fe y Alegría, el director del Centro de Reflexión Teológica, realmente fue un golpe a la universidad y a la Compañía de Jesús. Pero se les revirtió, porque el final de cuentas eso fue lo que aceleró un proceso de diálogo que estaba atascado, porque no había voluntad -sobre todo de la parte oficial- de avanzar sinceramente un milímetro, pero la muerte de los jesuitas fue un caso clave.
Esto no quiere decir que no hay que recordar y rendir homenaje a todas las víctimas, tanto de antes, durante y después de la guerra, pero el asesinato de los jesuitas, por ser quienes eran, hizo que incluso la administración y la legislatura estadounidense tomaran medidas en concreto y exigieran una investigación, que originó una presión internacional en niveles bastante fuertes, y eso trajo como consecuencia el proceso de negociación y de acuerdos que le puso fin a la guerra.

- CEG: ¿Cuáles son los principales obstáculos que afronta el sistema de justicia de su país?

- BC: Bueno no sólo es el caso de los jesuitas, pero en El Salvador aquellos que ordenaron, realizaron, encubrieron, toleraron o alentaron las violaciones a los derechos humanos, fueron y siguen siendo actores vigentes en la política, en la economía nacional (…) su estatus económico lo mantienen; entonces, eso también los hace cuidarse (…) por eso hay pactos -que no son los acuerdos que conocimos de Ginebra, de Chapultepec, los que firmaron con luces, con periodistas, aplaudidos por la comunidad internacional- hay otros pactos, hay otros acuerdos debajo de la mesa, en la sombra, que han permitido que la amnistía, por ejemplo, no puede ser tocada.

- CEG: ¿Qué alcances tiene la ley de amnistía?

- BC: La ley de amnistía salvadoreña es una ley amplia, condicional y absoluta que viola la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, precisamente por eso, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas han exigido al Estado salvadoreño la derogatoria de esta ley de amnistía. No ha sido como dijo el ex presidente Francisco Flores, "la piedra angular de los acuerdos de paz" ha sido realmente la piedra de tropiezo para transitar hacia la paz. ¿Por qué? Porque la más grave violación a los derechos humanos es negarle a las víctimas la verdad, la justicia, reparación y la posibilidad de perdonar en función de una verdadera conciliación de la sociedad.
Hay formas alternativas de justicia transicional, pero ni siquiera eso se ha querido aplicar. Una de las demandas que nosotros vamos a presentarle al actual gobierno -en función de que demuestre su voluntad y su valentía para encarar el pasado y tratar de darle vuelta a la página, pero después de leerla y aprender las elecciones- es organizar tribunales alternativos en la línea de los mecanismos de la justicia transicional, que ofrezcan a los victimarios la posibilidad de ser perdonados, si piden perdón, y que las víctimas estén dispuestas a perdonar, si les piden perdón.

- CEG: Profundicemos en ese concepto de dar la vuelta a la página después de leerla y aprender las lecciones.

- BC: Primero, si no conocemos nuestra historia y no aprendemos la lección, vamos a cometer los mismos errores. Si no respetamos el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a recibir justicia, a reparar el daño, vamos a repetir la historia porque, el que mata y queda impune vuelve a matar; el que no recibe castigo por un delito, lo vuelve a cometer. Es una manipulación del temor, de la desconfianza de las sociedades a que se repita el pasado, el argumentar que no hay que abrir heridas, que quien pide justicia está amenazando la paz, ese es otro argumento que plantean: "si las víctimas piden justicia, entonces vamos a volver a la guerra, va a correr sangre nuevamente." Bueno, la sangre sigue corriendo, el borrón no se dio, pero la cuenta nueva y la sangre sigue corriendo, hablamos de más de 70 mil muertes violentas, no por motivación política, pero si por políticas inadecuadas de un Estado que no está acostumbrado a rendir cuentas, ni a pedir cuentas, ni por los hechos del pasado, ni por los hechos de la posguerra.
Las heridas están abiertas y en la medida que no se cierran se infectan, por el crimen organizado, por estos nuevos males -las pandillas, el sicariato yo creo que es importante, primero desmontar ese discurso…

- CEG: En todo este proceso de búsqueda de justicia, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas?

- BC: El que diga que El Salvador no cambió está mintiendo, se terminó la guerra y las prácticas de violaciones graves de los derechos humanos. Se crearon nuevas instituciones, se dieron unos pasos. A los cambios, hay que medirlos no por la forma sino por la profundidad y el fondo. Yo siempre cito a Guillermo Manuel Lungo, un dirigente socialdemócrata que participó en las negociaciones, murió en el 94 de muerte natural, y él decía (refiriéndose a los Acuerdos de Paz) que le preocupaba que estuvieran tratando de maquillar a Frankenstein para participar en Miss Universo. El maquillaje es lo que a mí me preocupa, que sólo se haya quedado en eso, que no se haya realmente cambiado o tocado causas estructurales, que son la tarea pendiente.
Este nuevo gobierno tiene un gran desafío: entrarle en serio a esto. Entonces allí viene mi preocupación, yo sostengo que tanto en Guatemala, como en Honduras y en El Salvador, los presidentes están gobernando con la pistola en la cabeza, o sea, si se mueven para un lado y no le gusta al militar o al político, al gran capital -sobre todo sumándole lo ocurrido en Honduras- les pegan un balazo.
Entonces por temor a que peguen el balazo, mejor no se salen del libreto, y es un libreto que a final de cuentas no favorece a las mayorías, pues favorece a minorías privilegiadas de Centroamérica.

- CEG: A pesar del gran muro de impunidad, la gente sigue luchando, empeñada en hacer justicia. ¿Es un signo de esperanza?

- BC: Esta búsqueda de justicia va a ir rindiendo frutos, esos van a ser nuestros resultados. Es una lucha digna, una lucha difícil, estamos en una maratón, no en una carrera de 100 metros; el que se prepara para una carrera de cien metros, a los 105 cae vencido, ya no aguanta. Esta búsqueda de justicia, como dice Andrés Domínguez -un colega ahora asesor del director de la policía de investigaciones de Chile- es una maratón, de 40 o más kilómetros. Yo le pedí autorización para agregarle que además "es una maratón de grandes obstáculos", los poderes fácticos, intromisiones extranjeras, la fragilidad de las instituciones; hay montón de obstáculos, pero también es una maratón de relevos y tenemos que buscar cómo se va preparando el relevo. Esto va para largo, se han ido dirigentes históricos de todo este movimiento de derechos humanos, entonces tiene que haber quien tome esta estafeta y lleguemos hasta la meta, hasta dignificar a las víctimas.

- CEG: ¿Cómo dignificar a las víctimas?

- BC: Las víctimas de Guatemala y de El Salvador es población indígena, población a la que no se le han reconocido nunca sus derechos, por eso es necesario que esto se conozca, se sepa, y que sea todavía mucho más solidario desde la comunidad internacional; porque estas víctimas, son las que menos recursos tienen y más proclives están a sentir miedo, a sentirse amenazadas, a tener que rumiar su indignación en sus casas, sin pasar acción porque el siempre poderoso sector económico, social, político y militar, va a estar utilizando a las instituciones -y no digo sólo a las instituciones del Estado también instituciones o recursos como los medios de difusión masiva -que más de comunicación social difunden lo que quiere el poder- para mantenerlas en el olvido.

Agenda Llatinoamericana a Sabadell

El dissabte 17 d’octubre, a les sis de la tarda, va tenir lloc al casal Pere Quart la presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2010, organitzada per l’ONG Pro-Educart i l’Agenda Llatinoamericana.

A l’acte... hi van participar Jordi Planas, coordinador de l’Agenda; el catedràtic Arcadi Oliveres, expert en relacions nord-sud i en comerç internacional, i Francisco Mena Sandoval, salvadorenc, membre del FMLN va participar en les negociacions dels acords de Pau de 1992 i diputat a l’Assemblea Legislativa de El Salvador del 1994 al 1997.

En l’acte, es va presentar un vídeo documental amb entrevistes a Pere Casaldàliga, un dels fundadors de l’Agenda; Francesc Escribano i Joan Surroca, entre d’altres.

En la seva intervenció, Jordi Planas va destacar que l'Agenda ja ha fet els 17 anys i es llegeix a 50 països, a més de ser el llibre més llegit a l’Amèrica llatina.

Per la seva banda, Francisco Mena Sandoval va fer una explicació actual de com es troba El Salvador després de les eleccions de març de 2009 i 140 dies després de la presa de possessió del nou govern de Mauricio Funes.

Per la seva part, Arcadi Oliveres va parlar de la importància pedagògica de l'Agenda i de la fam al món. Com a exemple, va donar les dades següents: l’any 2007, 860 milions de persones passaven fam al món; al 2008 ja eren 940 milions, i al 2009, 1.020 milions de persones passen fam al món. Per eliminar la fam, caldrien 50.000 milions de dòlars l'any. Per tant, la fam es podria eradicar 27 vegades amb el pressupost de despesa militar del món, i 100 vegades amb el que guanyen els bancs en un any. En parlar dels elements pels quals augmentarà la fam en els propers anys, va esmentar, en primer lloc, l’especulació per damunt dels cereals i, en segon lloc, el agrocombustibles: el blat de moro es dedica a combustible i no a la alimentació.

Per cloure l’acte, es va comptar amb la participació dels nens i les nenes del Grup de Bastoners de Sabadell.

A tots els assistents, se’ls va regalar un calendari de paret de l'Agenda Llatinoamericana.

Acusadores anuncian que Corte Suprema EUA falló contra militar salvadoreño

El ex viceministro de Defensa Nicolás Carranza no puede ampararse a Ley de amnistía salvadoreña de 1993 y debe cumplir la condena de hace cuatro años, cuando un tribunal inferior lo sentenció a pagar 6 millones de dólares a las víctimas de torturas, asesinatos extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad ocurridos en El Salvador durante la guerra.

Diego Murcia 

Publicada el 05 de octubre de 2009 - El Faro

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos denegó este lunes al coronel Nicolás Carranza, ex viceministro de Defensa de El Salvador, la revocatoria de un fallo de 2005 en el que una corte de Memphis lo encontró culpable de cometer torturas, asesinatos extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad en contra de cinco familias salvadoreñas, informó el organismo no gubernamental que ha sido querellante en la causa.

La sentencia vino tras el análisis de un recurso de casación interpuesto el 28 de mayo pasado por la defensa de Carranza, en el que pedía que la Corte Suprema le eximiera de toda responsabilidad sobre dichos crímenes, argumentando que en El Salvador hay una Ley de amnistía que en 1993 dejó en la impunidad todos los crímenes políticos y comunes vinculados con políticos, ocurridos en el marco de la guerra civil salvadoreña hasta 1991.

Carranza había sido encontrado culpable de esos delitos en 2005, por un tribunal de Memphis, que también lo condenó a pagar 6 millones de dólares como resarcimiento de daños a las víctimas.

Este lunes, según informó la abogada Almudena Bernabéu, vía telefónica, la Corte Suprema confirmó el fallo del tribunal de Memphis. Almudena Bernabéu es parte del Transitional Justice Program, entidad que defiende los intereses de las víctimas de Carranza, y que recurrió a la justicia estadounidense porque en dicho país se reconoce el principio de justicia universal, que consiste en que un tribunal de cualquier lugar del mundo está facultado para darle trámite a acusaciones en casos en que se ha cometido delitos reconocidos como tales en todo el orbe.

El tribunal supremo no reconoció la aplicación de dicha ley simplemente porque se trata de una ley salvadoreña que no aplica a otros países. “El Tribunal de Apelación (de la Corte Suprema) rechazó esta postura y declaró que la Ley de Amnistía no era legal ni vinculante para los tribunales de Estados Unidos”, declaró Bernabéu.

Nicolás Carranza debe pagar 6 millones de dólares a las cinco familias que lo demandaron. Los montos del resarcimiento van desde los 500 mil dólares hasta un millón por persona, dependiendo del tipo de los daños causados a las víctimas. Estos deberán ser efectivos a partir de la notificiación de la sentencia, que le fue entregada al abogado de Carranza ayer, según Bernabéu.

En caso de que el militar retirado se negara a resarcir a las víctimas o a sus familiares, la Corte ha determinado que se deberán embargar los activos de Carranza hasta que sumen en su conjunto la cantidad de dinero que debe entregar a las víctimas. (La sentencia) “en última instancia, puede ser muy conflictiva (para Carranza) para la investigación que se está llevando desde hace tiempo respecto de su ciudadanía y de su derecho para permanecer legalmente en Estados Unidos, como consecuencia de las acusaciones”, aseguró la abogada.

Según Bernabéu, la sentencia del tribunal estadounidense cierra por completo la vía interna de apelar esta nueva sentencia ante cualquier instancia internacional a la cual dirigirse. La abogada asegura que el veredicto dado este día confirma la sentencia pronunciada en octubre de 2005, por un jurado de Memphis que ya reconocía a Carranza como autor de los crímenes de lesa humanidad antes descritos.

Los crímenes sufridos por los demandantes tuvieron lugar entre 1980 y 1992, época en que Carranza era viceministro de la Defensa Nacional y como director general de la Policía de Hacienda.

 

PRESENTACIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA 2010 A SABADELL

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Per primera vegada a Sabadell presentem l’Agenda Llatinoamericana 2010. L’agenda, és una eina pedagògica que, “contribueix a crear una altra humanitat”. De fet, aquest instrument es fundà l’any 1992 de les mans de José María Vigil i del propi Pere Casaldàliga, que escriu anualment, per reflexionar en torn a temes polítics i socials des d’una vessant constructiva i crítica.

A l’acte tindrem la participació del catedràtic Arcadi Oliveres, el Coordinador de l’Agenda Jordi Planas i Francisco Mena Sandoval Salvadorenc membre del FMLN que va participar en les negociacions dels acords de Pau i Diputat en L’Assemblea Legislativa de El Salvador pel “FMLN” del 1994-97 i d’altres sorpreses.

ARCADI OLIVERES I BOADELLA, Llicenciat en Ciències econòmiques per l’Universitat de Barcelona. Doctorat per la tesis sobre el cicle de l’economia de defensa. Professor titular del departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Expert en relacions nord-sud, comerç internacional, deute extern i economia de defensa, imparteix nombrosos de màsters i postgraus en cooperació i desenvolupament.
Col•labora en diferents moviments socials i en diverses publicacions solidàries, i participa en nombroses taules rodones i conferències sobre relacions nord-sud i desarmament.
President de l’Associació Justícia i Pau de Barcelona, dedicada a la promoció dels drets humans i la pau, de la qual n’és l’actual president des del 2001.

JORDI PLANAS, Trajectòria com a cooperant i col•laborador en entitats solidàries. És l’impulsor del Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament, coordinador de la campanya de sensibilització de l’Agenda Llatinoamericana, també està vinculat a la Comissió de Justícia i Pau de Girona i actual guanyador del Premi Pere Casaldaliga del Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles.

FRANCISCO MENA SANDOVAL, Llicenciat en Ciències Polítiques (Universitat de El Salvador). Va participà en el conflicte armat 1981-1991. Va ser membre de la Delegació del FMLN (Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional) en les negociacions amb El Govern en les que es va aconseguir la firma dels Acords de Pau. 1989-1992.
Va ser Diputat en La Assemblea Legislativa de El Salvador pel “FMLN” (1994-97).

DIA: 17 d'octubre amb motiu del Dia Internacional per l'eradicació de la Pobresa.

HORA: 18'00h
LLOC: Auditori del Casal Pere Quart, Rambles, 69 de Sabadell

ENTRADA: Gratuita  

Enviament de llibres i divers material a El Salvador

PRO-EDUCART va fer l’enviament la setmana passada d’un total  de 577 llibres, (llibres de consulta, novel-les, enciclòpedies,...) 8 màquines d’escriure i divers material escolar i  d’oficina per a la biblioteca Anastasio Aquino de la comunitat de  San Carlos Lempa, a El Salvador. Recordem que el projecte de  rehabilitació i millora de la infraestructura d’aquesta biblioteca i  del seu equipament ha estat subvencionat enguany per l’Ajuntament de  Sabadell.

El material, que serà rebut per l’ambaixada espanyola, va sortir de  Barcelona cap a El Salvador via marítima i està previst que hi  arribi el 9 d’octubre.

L’enviament del material ha estat possible gràcies a la donació de particulars i empreses com MILÁN-FACTIS, ENRI,... i dels fons  recollits per l’ONG al llarg de diferents activitats, com el concert que va fer la coral del CEIP Concòrdia el 23 de gener  d’enguany a l’auditori de la Fundació Obra Social de la Caixa de  Sabadell, s’ha finançat l’enviament d’aquest. També ha estat possible gràcies a la col·laboració de Reitel i Amunt i Avall.

 

Honduras rompe con Brasil y anuncia cierre de embajada

El gobierno de Roberto Micheletti profundizó este domingo su conflicto con la comunidad internacional al anunciar que las relaciones con Brasil están rotas desde el sábado y que por lo tanto ese país perderá su embajada en Tegucigalpa, donde se refugia Manuel Zelaya. También impidió el ingreso de una misión de la OEA y pidió a España, México, Argentina y Venezuela que entreguen sus credenciales diplomáticas y dejen Honduras. Como cierre del día, anunció la suspensión de garantías constitucionales y que se castigará la subversión.

Ricardo Vaquerano.  Actualizada el 28 de septiembre de 2009 - 08:00 p.m. - El Faro

El enfrentamiento del gobierno de facto de Honduras con la comunidad internacional subió este domingo de volumen cuando las autoridades negaron el ingreso de una misión de avanzada de la Organización de Estados Americanos, y Tegucigalpa consideró que la embajada de Brasil en el país centroamericano dejará de existir en un plazo de 10 días.

“Las relaciones están rotas desde ayer, cuando se emitió el comunicado, pero se da un período de cortesía internacional para que los funcionarios puedan entregar sus carnés, sus placas diplomáticas y puedan arreglar sus asuntos para marcharse”, resumió este domingo el canciller, Carlos López Contreras.
El comunicado al que hizo referencia fue uno emitido el sábado en el que se plasma un ultimátum a Brasil, para que en 10 días máximo defina si da asilo político al depuesto presidente Manuel Zelaya o lo entrega a la justicia hondureña.

“El título y el privilegio de Brasil de tener una misión en Honduras se acaba en 10 días… los 10 días están corriendo”, respondió el canciller, en rueda de prensa, cuando se le preguntó qué significaba las “medidas adicionales” con las cuales advertía en ese comunicado a Brasilia, en caso de que el gobierno del país suramericano no acate el plazo para entregar a Zelaya o darle algún estatus de refugio.

El comunicado en ningún momento habla de ruptura de relaciones, pero Contreras se encargó de aclarar las cosas junto a la vicecanciller, Marta Lorena Castro.

Sobre el cierre de la misión diplomática brasileña en Tegucigalpa adujo que simplemente se trata de devolver la moneda que el gobierno de Lula da Silva le dio hace meses, cuando resolvió no reconocer al régimen golpista. “Si no existe esa relación bilateral, la embajada evidentemente tiene que despojarse del escudo y pasa a ser una oficina privada”, subrayó.

De paso, eso mismo es lo que está haciendo el país centroamericano con las misiones diplomáticas de Venezuela, Argentina, México y España, que unilateralmente decidieron retirar a sus embajadores, y ahora que alguno de estos gobiernos, como el de España, pretenden el regreso de su emisario, Honduras los rechaza.

“Fue Brasil el que rompió con el actual gobierno, al desconocerlo. Ahora, simplemente lo que estamos haciendo es reciprocando. No es posible que nuestra representación la cierre y nosotros dejemos abierta indefinidamente una situación del personal de Brasil en Honduras”, agregó Contreras.
Por eso es que estos plazos servirán para que el personal diplomático entregue credenciales, placas de automotores diplomáticas y retire las banderas y escudos que identifican a las embajadas.

En el caso de Brasil, cuyo presidente Luiz Inacio Lula da Silva respondió al ultimátum diciendo que no acepta ese tipo de condiciones “de un gobierno golpista”, el canciller dijo que eso es incumplir una norma del país sede. Sin embargo, subrayó que tras esta decisión no subyace ninguna intención de allanar las instalaciones para capturar a Zelaya.

Manuel Zelaya cumplió este domingo su séptimo día de refugio en la embajada, donde desde el lunes pasado, cuando llegó al edificio, recibió a centenares de seguidores que llegaron a apoyarlo. Una semana después, Tegucigalpa acusa a Zelaya de estar predicando subversión aprovechando el albergue diplomático, y a Brasil le reclama por su responsabilidad no solo en permitir esta situación, sino en propiciarla.

“El señor Zelaya entró con el patrocinio del gobierno del presidente Lula, de su canciller, y en consecuencia hay responsabilidad directa e inmediata del gobierno del presidente Lula. Si no reconoce a este gobierno, tiene una responsabilidad con el pueblo hondureño y con las personas a las que autorizó a entrar en las oficinas de Brasil en Tegucigalpa. Ellos son los directamente responsables”, dijo Contreras.

En su comunicado del sábado, Cancillería expresaba que es intolerable el rol del gobierno brasileño en la crisis de Honduras, al tender la mano como lo ha hecho con Zelaya. “Ningún país puede tolerar que una embajada extranjera sea utilizada como base de mando para generar violencia y romper la tranquilidad, como el señor Zelaya lo ha estado haciendo desde su ingreso al territorio nacional”, dice el comunicado.

Zelaya se encuentra relativamente seguro en la embajada, en la medida en que según la Convención de Viena, esas instalaciones son consideradas territorio del país acreditante, y por lo tanto no podrían ser allanadas por la fuerza pública del paíse sede, Honduras. Sin embargo, si pierde el estatus de embajada, en teoría ya no existe esa protección reconocida internacionalmente. Por eso tres periodistas brasileños insistieron en la rueda de prensa al canciller sobre la posibilidad del allanamiento, y él lo negó todas las veces que lo consideró necesario.

“Por cortesía y por la relación de civilidad que tiene el gobierno de Honduras no va a meterse en ella por el hecho de que baje los escudos, de ninguna manera”, dijo Contreras, cuando se le preguntó si vencido el plazo de los 10 días, cuando la embajada pase a ser considerada una oficina privada común y corriente, Zelaya puede esperar que entren a arrestarlo.

Cuatro horas antes de estas palabras, tres representantes de la Organización de Estados Americanos se disponían a salir de Tegucigalpa en un vuelo hacia Costa Rica, debido a que el gobierno de Roberto Micheletti les impidió su ingreso.

Los funcionarios fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, y constituían una misión preparatoria de la delegación de alto nivel que pretende ayudar a mediar en la crisis, y que podría encabezar el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Poco después del mediodía, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón, aseguró que los funcionarios de la OEA habían sido devueltos a sus países de procedencia por órdenes del gobierno.
La razón para negarles la entrada es que no era el momento oportuno para su llegada. “Cayeron aquí un poco de sorpresa, porque estaban prevenidos de que no estaba lista todavía la oportunidad procesal para su llegada, porque existe un proceso en marcha de conversaciones en la búsqueda de un acuerdo por la vía que nosotros llamamos ‘una solución hondureña’”, explicó el canciller.

Según Contreras, los funcionarios de la OEA –cuyas nacionalidades dijo no conocer- se arriesgaron a ser rechazados porque sabían que aún no había fecha acordada para su ingreso al país. “Estos funcionarios estaban claramente advertidos de que no deberían anticipar su presencia aquí, lo hicieron de todas maneras y se les instó a que regresaran y que oportunamente se les iba a comunicar… se la jugaron”.

El ministro dijo que espera que esta semana pueda llegarse a un acuerdo con el organismo hemisférico para ponerle fecha a la llegada de la misión de la OEA. Dijo que se trataba de cuatro personas y que a una de ellas, que es el representante de la OEA en Uruguay, se le permitió ingresar a Honduras. “Por razones muy particulares: es colaborador cercano del proceso de mediación que se realiza en Costa Rica, y por lo tanto pensamos que era conveniente que estuviera en Honduras en estos momentos”.

Autorización para cerrar medios de comunicación

Estos momentos son unos en los que a nivel de relaciones internacionales, el gobierno parece más conflictuado que nunca, y a nivel interno, el gobierno está recibiendo presiones para flexibilizar su posición en la búsqueda de una salida a la crisis, que este lunes cumple tres meses exactos, desde cuando los militares derrocaron a Zelaya y lo desterraron.

En los últimos cuatro días, por diversos medios, del discurso del presidente de facto Roberto Micheletti desapareció la exigencia de que no se contemple la posibilidad de restitución de Zelaya en el poder para sentarse a dialogar.
No obstante, la vocería de la presidencia de la República asegura que esa condición persiste. En coincidencia con un comunicado de Micheletti en el que decía que solo pedía que Zelaya reconozca la validez de las elecciones del 29 de noviembre, los cuatro candidatos presidenciales que esta semana tuvieron sendas reuniones, primero con Micheletti y luego con Zelaya en la embajada brasileña, tampoco se animaron a descartar públicamente la discusión de la restitución.

En Tegucigalpa, este domingo se supo que una hija de Micheletti regresó de Estados Unidos, donde trabajaba en la embajada hondureña en Washington. Aunque las versiones de sectores opuestos al gobierno hablaban de expulsión, la vicecanciller se limitó a admitir que la hija del presidente de facto volvió a Honduras.

Estos momentos también son posiblemente de los más agudos desde cuando se produjo el golpe, porque el gobierno anunció en cadena nacional de radio y televisión, este domingo, la suspensión de garantías constitucionales, que ya puso en alerta a algunos medios de comunicación, que prevé su inminente cierre.

El gobierno anunció que ha enviado al Congreso una propuesta de decreto para suspender por 45 días la libertad de reunión y autorizar el cierre de medios de comunicación que alteren el orden público.

La vicencanciller Castro utilizó el término que describe lo que se utilizará como excusa para tomar algunas medidas excepcionales contra quienes incurran en algunas conductas: “subversión”. Y lo relacionó precisamente con Zelaya. “Existe un fenómeno en Honduras que no existía, y es la presencia del señor Zelaya en la embajada de Brasil, donde él está generando un lenguaje que llama a la subversión”.

La noche del sábado, Zelaya llamó a los hondureños a “una ofensiva final”, que pretende comenzar este lunes con una manifestación masiva compuesta por personas llegadas de todo el país, para seguir presionando a favor de su restitución.

Cuando El Faro consultó vía telefónica con el vocero del Ministerio del Interior, Francisco Zúniga, este dijo que el decreto de suspensión de garantías aún no estaba publicado en la Gaceta Oficial. Sin embargo, desde el mediodía, la Radio Globo, adepta a Zelaya, estuvo anunciando la medida gubernamental y dieron por hecho que el ejército acudirá a cerrar la radio en cualquier momento.

Zúniga informó que uno de los alcances del decreto está relacionado con la libertad de reunión. Otro tiene que ver con la libertad de expresión, y limitará “cualquier llamado a la subversión por radio, televisión o cable”, explicó.
Según la propuesta de decreto, firmada por Micheletti, se faculta a las Fuerzas Armadas y a la policía a detener a “toda persona que ponga en peligro su propia vida o la de los demás y a desalojar todas las instituciones públicas donde se realicen protestas.”

También combatirá aquellas conductas que contraríen las decisiones del gobierno, con lo cual lanza un atarrayazo contra las protestas de la Resistencia. “Se autoriza a las Fuerzas Armadas impedir la emisión por cualquier medio hablado escrito o televisado, de manifestaciones que atenten contra la paz y el orden público o que atenten contra la dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales”.

Asimismo, la institución estatal encargada de las telecomunicaciones, Hondutel, “queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o compañía de cable que no cumpla con estas disposiciones”.
En Honduras hay varios medios que hacen confrontación abierta con el gobierno de Micheletti y sus decisiones. Radio Globo es una de las más relevantes, aunque también el canal de televisión Canal 36.

Cuando a Contreras y a la vicecanciller se les preguntó si era cierto que estaba en marcha un plan para suspender las garantías constitucionales, los funcionarios dijeron no conocer esa información.