COMITÉ DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS EXIGEN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE DETENIDOS EN SUCHITOTO.

Gloria Silvia Orellana. Diario Co Latino

El profesor Julio César Portillo, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, demandó del Fiscal General Félix Garrid Safie, “dar paso a la justicia, y desistir de sus acusaciones injustificadas contra nuestros familiares, porque está violando derechos fundamentales de la libertad de expresión”.

Las dirigentes, miembros y la periodista encargada de prensa de la Asociación de Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), fueron detenidas el 2 de julio del año pasado, en la ciudad de Suchitoto, Cuscatlán, cuando estos efectuaban una actividad pública en contra de la privatización del agua.

La Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), fueron los que capturaron 14 personas, entre ellas, las dirigentes del CRIPDES, Marta Lorena Araujo (presidenta) y Rosa María Centeno (vicepresidenta), miembros de la Ong y su encargada de prensa, María Haydée Chicas, de los cuales, sólo Facundo García recibió un sobreseimiento definitivo.

Acusados y juzgados bajo la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, los trece acusados esperan que el próximo 8 de febrero, la Fiscalía General de la República, declare que no existen elementos de prueba del supuesto delito, y que permitan que el sistema judicial, falle por su libertad definitiva.

Julio César Portillo, esposo de Marta Lorena Araujo, señaló que mientras el fiscal Félix Garrid Safie, no cese en sus actitudes “arbitrarias”, sus familiares seguirán siendo violentados en sus derechos cívicos y políticos.

“La Fiscalía pidió 6 meses para recolectar más pruebas contra nuestros familiares; la jueza les concedió 4 meses y este 8 de febrero se cumplen y no han presentado nada, porque no existe esas pruebas, entonces, la libertad condicional de nuestros familiares es un acto arbitrario y de violación al derecho a manifestarse”, explicó.

Por su parte, Edgar Mejía consideró que la captura de sus familiares obedece más que a la aplicación de justicia, a sentar un precedente de coerción contra el movimiento social en el país.

“Tanto la comunidad internacional, como diferentes organismos nacionales, han reconocido que esta ley violenta derechos fundamentales de la gente para expresarse libremente y quieren minimizarlo y ellos les están sirviendo para este propósito”. Comentó.

El comité pidió, además, a la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie sobre los habeas corpus (exhibición personal, por detención ilegal), a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la jueza especial Ana Lucila Fuentes de Paz a pronunciarse por la justicia y dejar en libertad a sus familiares.

Nelson Flores, jurista de FESPAD, y defensor de los acusados, afirmó que esperan un resultado “a favor” de sus defendidos, ante la ausencia de pruebas de la Fiscalía. “Ellos no han podido individualizar las acusaciones en el caso, por eso, creemos que ellos saldrán libres”, puntualizó.