Acciones sociales

Cambio climático: En El Salvador las mujeres conducen la lucha local por el medio ambiente

Ciudad Romero, El Salvador.- Un poderoso movimiento social abocado a proteger los recursos naturales y adaptarse al cambio climático se apoya en mujeres que asumieron roles de liderazgo en esta zona costera de El Salvador.

 

Cristina Reyes cumple su segundo período como presidenta de la junta directiva de la comunidad Ciudad Romero, situada en el departamento de Usulután, sobre el océano Pacífico. El trabajo que ha hecho, y por el que fue reelegida, va desde conseguir electricidad, agua potable y caminos hasta instalar servicios para combatir la violencia contra las mujeres.

 

Pero, antes de esta etapa de construcción, su vida y la de muchos en esta zona puede contarse como una historia épica de aventuras, supervivencia y resistencia.

 

Reyes y su familia tuvieron que huir de su aldea natal en los años de violencia política que desembocaron en la guerra civil (1980-1992), que dejó unos 75.000 muertos. Ocultándose con una hermana en la selva de los militares que combatían toda oposición apoyados por Estados Unidos, Reyes buscó refugio en la vecina Honduras.

 

Pero "en 1980 debimos regresar porque los militares hondureños ejecutaban una campaña de represión contra la sociedad civil exactamente igual a la de El Salvador", recuerda Reyes. De vuelta en su país, "el ejército continuaba con la misma política".

 

Reyes describe acciones brutales como el incendio de casas, los arrestos y la represión a sacerdotes católicos que defendían los derechos humanos. El nombre de la que ahora es su comunidad honra a uno de ellos, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 mientras oficiaba misa.

 

"Cuando volví a casa no quedaba nada, ni un perro. Nos sumamos a la guerrilla por las masacres que presenciamos", recuerda Reyes.

 

Para entonces, distintos grupos armados se habían unificado en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Reyes y su hermana trabajaban en una estación de radio de la insurgencia y ayudaban a las mujeres que habían perdido a sus esposos e hijos en la guerra.

 

Esas tareas la llevaron a sumarse a organizaciones de mujeres en la capital y finalmente a mudarse a la zona del bajo río Lempa, en Usulután, donde Ciudad Romero y otras comunidades se conformaron con ex combatientes y refugiados que regresaban al país.

 

Hoy mira hacia delante. "Ayudamos a crear programas de alimentos y ahora estamos trabajando en mejorar el servicio eléctrico. Y tenemos el plan de construir un hospital", afirma.

 

Reyes es parte de un movimiento social que se aglutina en La Coordinadora del Bajo Lempa y Bahía de Jiquilisco, una coalición de grupos de base que actúan en más de 100 comunidades de esta región a la que la Unesco declaró en 2007 Reserva de la Biosfera Xiriualtique Jiquilisco.

 

Se trata de una planicie costera, regada por el río Lempa y bordeada de manglares.

 

Las juntas directivas de cada comunidad, constituidas legalmente, son las encargadas de tomar las decisiones políticas.

 

La Asociación Mangle, que forma parte de La Coordinadora, funciona como respuesta a las frecuentes crisis que está causando el cambio climático: inundaciones y desbordes de ríos.

 

El movimiento social intenta fortalecer la agricultura sustentable y diversificada, la alimentación orgánica, la seguridad alimentaria y la adaptación a las alteraciones del clima.

 

"En este movimiento las comunidades manejan sus propios recursos", explica a IPS Estela Hernández, que integra la junta directiva de la Asociación Mangle.

 

"Y al mismo tiempo trabajamos para que las políticas del nuevo gobierno nacional incluyan nuestras acciones para conseguir la soberanía alimentaria, el manejo ambiental e hídrico y la toma de decisiones en el plano local", sostiene Hernández, entrevistada en su oficina.

 

El nuevo gobierno nacional del que habla Hernández está en manos del FMLN, que dejó las armas tras los acuerdos de paz de 1992 y, convertido en el principal partido opositor, ganó las elecciones de 2009 y llevó a la izquierda al poder por primera vez en este pequeño país de seis millones de habitantes.

 

María Elena Vigil, también dirigente de la Asociación Mangle, se dedica a organizar a la población afectada por las operaciones de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que administra cuatro represas.

 

En la estación lluviosa, las descargas de agua de una de las presas, 15 de Septiembre, a veces sin aviso, destruyen las siembras situadas río abajo. Así se han perdido muchos cultivos, e incluso algunas vidas, asegura.

 

"Las comunidades se están yendo por la inundación", describe Vigil. "Así que las estamos organizando contra las hidroeléctricas".

 

Vigil también destina tiempo a combatir las prácticas de la industria azucarera local, que aplica a los cañaverales productos agrotóxicos a los que se atribuye el aumento de enfermedades como la insuficiencia renal.

 

"Hay más enfermedades. El veneno cae de los aviones que usan para rociarlos y entra en nuestra comida y nuestra agua, e incluso se derrama en los manglares de la costa", describe.

 

Dolores Esperanza Maravilla pone su capacidad organizativa al servicio de la resistencia contra la CEL, a la que responsabiliza de agravar las inundaciones.

 

"Las hidroeléctricas son responsables de esto. Y hay otras grietas como ésta", dice Maravilla señalando un terraplén agrietado por la inundación unos meses atrás.

 

Ella fue una de las primeras en llegar al lugar cuando la barrera cedió, y usó las fotos del desastre que tomó con su teléfono celular para exigir al Ministerio de Agricultura que hiciera presencia en la zona y tomara medidas.

 

Además de estos esfuerzos, muchas mujeres salvadoreñas asumieron la tarea de educarse a sí mismas aprovechando un programa nacional de alfabetización.

 

En un círculo de lecto-escritura organizado en la aldea de El Carmen, tres mujeres resuelven problemas matemáticos como la conversión de divisas.

 

"Esperamos mucho por esto", dice una de las estudiantes, María Concepción Ortillo: "La guerra nos impidió estudiar, la mayoría estábamos en la guerrilla o en el ejército. Hoy estoy feliz de estar aquí y de que las mujeres podamos avanzar en la sociedad".

 

Para Reyes, uno de los logros mayores es "la confianza que nos damos unas a otras y, sobre todo, cómo combinamos esto con la crianza de los hijos". Ella ayudó a construir un refugio administrado por su comunidad, que proporciona asistencia psicológica y un mecanismo para que las mujeres puedan denunciar en forma confidencial si sufren violencia doméstica o abuso sexual y obtengan ayuda.

 

Su propia vida es un ejemplo del papel relevante que están jugando las mujeres en la organización social de la zona: "Estamos en un lugar donde intentamos hacer más por las mujeres", dice. "Esperamos el futuro y más trabajo como éste".

 

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Dahr Jamail.  IPS.  ADITAL

PEREGRINACIÓN SOLIDARIA POR LA LIBERTAD DE “PRESOS POLÍTICOS”. Daniel Trujillo. Diario Co Latino

Centenares de personas marcharon en peregrinación este día desde el parque central de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, con rumbo al Juzgado Especializado de San Salvador, para exigir la liberación total de los 13 “presos políticos” detenidos el 2 de julio de 2007.

La peregrinación hará escala, esta noche, en Perulapia y, la noche de mañana, en Soyapango, donde se realizarán actos culturales y vigilias. Se espera que el miércoles por la tarde, la peregrinación llegue al Juzgado Especializado de San Salvador.

El 2 de julio de 2007, las comunidades del municipio de Suchitoto manifestaron su rechazo hacia la política de descentralización del servicio de agua potable que realiza el gobierno, la cual fue oficializada ese día en ese lugar.

Elementos policiales de la Unidad del Mantenimiento del Orden se enfrentaron a las personas de las comunidades, lastimando a varios de ellos y capturando a 13, entre las que se encontraba Haydée Chicas, una periodista institucional de una ONG.

Bernardo Belloso, miembro de la junta directiva de CRIPDES, manifestó que la peregrinación es una de varias actividades que realizarán diversas organizaciones sociales para exigir la libertad de los “presos políticos”.

“Las diferentes comunidades que fueron afectadas ese día (2 de julio de 2007) en Suchitoto, inauguran y participan de la peregrinación”, explicó Belloso.

Las trascendencia de la captura de las personas en aquella ocasión fue tal que una comisión especial de expertos estadounidenses en Derechos Humanos investigó, en coordinación con 42 congresistas, las violaciones que sufrieron.

El informe que dio la comisión sostiene que las autoridades violaron los Derechos Humanos de los capturados y que los capturados y capturadas “no son terroristas”.

Los expertos explicaron que si el gobierno sigue violando los Derechos Humanos, el dinero del FOMILENIO estaría en peligro.

“El que quiera participar de esta peregrinación por la libertad y la democracia, que se acerque, que será muy bien bienvenido”, agregó Belloso.

No comparten petición de Fiscalía
Las organizaciones sociales sostienen que la petición de la Fiscalía General de la República en cambiar la acusación de Actos de Terrorismo por Desórdenes Públicos y Daños Agravados es un avance, pero no la victoria completa.

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador sostiene que la petición de cambio de delito es para “ocultar” las intenciones de la Fiscalía en seguir violando los Derechos Humanos.

“Nuestros familiares no han cometido ningún delito y jamás debieron ser capturados y mucho menos enjuiciados, torturados, encarcelados y violentados en sus derechos fundamentales”, manifestó Julio César Portillo, familiar de Marta Elena Araujo, una de las procesadas.

Editorial DIARIOCOLATINO

Detenidos en Suchitoto deben ser sobreseídos definitivamente

Varios dirigentes de la Asociación de Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) y una periodista institucional, capturados durante una protesta social, el 2 de julio del año pasado, en Suchitoto, siguen procesados por el delito de terrorismo.

Como ya hemos comentado antes, la criticada ley, fue obra del gobierno encabezado por el Presidente Elías Antonio Saca, con la que buscaba intimidar la protesta popular.

La captura de 14 protestantes en Suchitoto, entre los que se encontraba la presidenta de CRIPDES, Marta Lorena Araujo; su vicepresidenta, Rosa María Centeno, y la periodista institucional, María Haydée Chicas, entre otras, reflejó el carácter represivo y dirigido de la mencionada ley.

Hasta este día, aunque los capturados gozan de libertad condicional, siguen procesados por “actos de terrorismo”.

Nos parece que mantener procesados de terrorismo a luchadores sociales como a los y las integrantes de CRIPDES y residentes de Suchitoto es una vergüenza para un país que se afana de sus proceso democrático.

Y es que en democracia, la protesta de calle, es una herramienta legítima para rechazar políticas que a posteriori golpearán a las inmensas mayorías.

Por cierto, la protesta del 2 de julio pasado era contra el lanzamiento de la política del agua del gobierno, que según los protestantes, llevaba impresa cláusulas que abren las puertas a la privatización del vital líquido.

Es decir, protestar para que el gobierno no privatice el agua no es ninguna acción terrorista, más bien sería al revés.

Es decir, cualquier privatización del agua sería una auténtica acción terrorista de estado, pues, pondría en peligro a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas.

El tema del agua, estará muy pronto en la agenda pública, pues, hay sectores que están exigiendo una legislación que permita y garantice no sólo la producción de calidad del líquido precioso, sino, la distribución adecuada del mismo.

A diario, son centenares de personas que se quejan porque el agua no les llega, o simplemente la reciben contaminada.

Por lo anterior es que los y las integrantes del CRIPDES protestaban, y por los que fueron capturados y procesados de terrorismo, por lo que es justo exigir su sobreseimiento definitivo.  

COMITÉ DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS EXIGEN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE DETENIDOS EN SUCHITOTO.

Gloria Silvia Orellana. Diario Co Latino

El profesor Julio César Portillo, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, demandó del Fiscal General Félix Garrid Safie, “dar paso a la justicia, y desistir de sus acusaciones injustificadas contra nuestros familiares, porque está violando derechos fundamentales de la libertad de expresión”.

Las dirigentes, miembros y la periodista encargada de prensa de la Asociación de Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), fueron detenidas el 2 de julio del año pasado, en la ciudad de Suchitoto, Cuscatlán, cuando estos efectuaban una actividad pública en contra de la privatización del agua.

La Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), fueron los que capturaron 14 personas, entre ellas, las dirigentes del CRIPDES, Marta Lorena Araujo (presidenta) y Rosa María Centeno (vicepresidenta), miembros de la Ong y su encargada de prensa, María Haydée Chicas, de los cuales, sólo Facundo García recibió un sobreseimiento definitivo.

Acusados y juzgados bajo la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, los trece acusados esperan que el próximo 8 de febrero, la Fiscalía General de la República, declare que no existen elementos de prueba del supuesto delito, y que permitan que el sistema judicial, falle por su libertad definitiva.

Julio César Portillo, esposo de Marta Lorena Araujo, señaló que mientras el fiscal Félix Garrid Safie, no cese en sus actitudes “arbitrarias”, sus familiares seguirán siendo violentados en sus derechos cívicos y políticos.

“La Fiscalía pidió 6 meses para recolectar más pruebas contra nuestros familiares; la jueza les concedió 4 meses y este 8 de febrero se cumplen y no han presentado nada, porque no existe esas pruebas, entonces, la libertad condicional de nuestros familiares es un acto arbitrario y de violación al derecho a manifestarse”, explicó.

Por su parte, Edgar Mejía consideró que la captura de sus familiares obedece más que a la aplicación de justicia, a sentar un precedente de coerción contra el movimiento social en el país.

“Tanto la comunidad internacional, como diferentes organismos nacionales, han reconocido que esta ley violenta derechos fundamentales de la gente para expresarse libremente y quieren minimizarlo y ellos les están sirviendo para este propósito”. Comentó.

El comité pidió, además, a la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie sobre los habeas corpus (exhibición personal, por detención ilegal), a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la jueza especial Ana Lucila Fuentes de Paz a pronunciarse por la justicia y dejar en libertad a sus familiares.

Nelson Flores, jurista de FESPAD, y defensor de los acusados, afirmó que esperan un resultado “a favor” de sus defendidos, ante la ausencia de pruebas de la Fiscalía. “Ellos no han podido individualizar las acusaciones en el caso, por eso, creemos que ellos saldrán libres”, puntualizó.

Comité  de  Familiares  Pro-libertad  de Presas y Presos Políticos de El Salvador Realiza conferencia de prensa:

“Acciones ante finalización del término para que la Fiscalía General de la República presente acusación a procesadas y procesados por el caso Suchitoto”

El Comité de Familiares Pro-libertad de Presas y Presos Políticos de El Salvador presentó este día, en conferencia de prensa un comunicado en el que hizo públicas sus exigencias  a las autoridades vinculadas en el proceso jurídico que se le sigue a los procesados y procesadas en el denominado “caso de Suchitoto”.

Las declaraciones se dan a conocer a pocos días de cumplirse el plazo que el Juzgado Especial de Instrucción le otorgara a la Fiscalía General de la República para presentar acusación formal contra los procesados y procesadas.

ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL:

Los familiares denunciamos la grave violación a los Derechos Humanos de que fueron objeto los pobladores de Suchitoto el 2 de julio del 2007, a quienes se les reprimió brutalmente, con lujo de barbarie, por un pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO y otros grupos élites de la policía y el ejército, tanto física como psicológicamente por exigir su vital derecho al agua.

No bastando dicha agresión por parte del gobierno central contra un indefenso pueblo, se procedió a capturar injustamente a catorce de nuestros familiares, procesándolos como terroristas bajo la “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo”, cuestionada por las mentes más racionales y lucidas de nuestro país y organismos internacionales como: Amnistía Internacional, la Unión Europea, Embajadas y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país, miembros del Congreso de los Estados Unidos, entre otros.

A cuatro meses de haberse prolongado el caso de los/las compañeros/as procesados/as, los familiares nos encontramos preocupados por la continuación de esta persecución penal injusta y consideramos que la posición de la Fiscalía en este caso tiene más un carácter político y no realmente apegado a la Constitución y a los principios del derecho. Debido a la ausencia de pruebas contra nuestros familiares, la Fiscalía General de la República espera hasta el último momento para presentar su “acusación”, la cual no puede exceder del día viernes 8 de febrero del presente año, situación que mantiene en constante zozobra a nuestras familias.

Ante esta situación, concretamente exigimos a las autoridades:

Ø Al Fiscal General de la República, que cese de inmediato la persecución arbitraria para afectar la Libertad de nuestros/as catorce familiares, procesados injustamente por actos de terrorismo. Asimismo, que se abstenga de aplicar la “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo” con el propósito arbitrario de criminalizar la legítima protesta social y el ejercicio de la libertad de expresión.

Ø A la Corte Suprema de Justicia, que resuelva los recursos de Habeas Corpus presentados hace más de seis meses, para hacer realidad el principio de pronta y cumplida justicia.

Ø A la Asamblea Legislativa, la derogación inmediata de la “La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo” y de la “Ley de Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja”, por violentar derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.

Ø A las autoridades fiscales y policiales, cesar la represión contra las personas y grupos que, en ejercicio de la libertad de expresión, defienden el derecho humano a una vida digna de nuestro pueblo.

Además, ante la persecución arbitraria de nuestros familiares, pedimos:

· A la comunidad nacional e internacional, a los organismos que defienden los Derechos Humanos y al cuerpo diplomático acreditado en el país, continúen con su solidaridad, vigilancia y voz, brindándonos su valioso apoyo.

· A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que se pronuncie sobre el estado actual de esta persecución arbitraria y le dé seguimiento a las recomendaciones de su informe preliminar emitido en 2007.

· A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dé seguimiento del caso de nuestros familiares reprimidos y capturados injustamente en Suchitoto el 2 de julio del 2007, en tanto estos hechos constituyen violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

· A la Señora Jueza Especial de Instrucción, Lic. Ana Lucila Fuentes de Paz, que recuerde que al ser nombrada en tan relevante cargo, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la cual consagra derechos fundamentales de nuestros/as familiares hasta hoy violentados, lo que la debe motivar a subsanar los errores hasta hoy cometidos.

¡EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA Y DEFINITIVA PARA LOS CAPTURADOS EN SUCHITOTO!

¡EXIGIMOS QUE SE DEROGUE LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO Y LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO!

¡EXIGIMOS QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR!

SAN SALVADOR, 31 DE ENERO 2008

 

 

EXPERTOS ESTADOUNIDENSES INVESTIGAN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. Por Daniel Trujillo, Diario Co Latino

Una comisión especial de expertos estadounidenses en Derechos Humanos investiga las violaciones que sufrieron los 13 “presos políticos” detenidos el 2 de julio de 2007 en Suchitoto, cuando habitantes de comunidades de la zona protestaban contra la “privatización” del agua.

James Wallace, uno de los miembros de la referida comisión dijo a Diario Co Latino que todo el procedimiento de las entidades policiales “es un ejemplo de un posible problema de derechos humanos en el país”.

El 2 de julio de 2007, las comunidades del municipio de Suchitoto, departamento de Cabañas, manifestaron su rechazo hacia la política de descentralización del servicio de agua potable que realiza el gobierno, la cual fue oficializada ese día en ese lugar.

Elementos policiales de la Unidad del Mantenimiento del Orden se enfrentaron a las personas de las comunidades, lastimando a varios de ellos y capturando a 13, entre las que se encontraba Haydée Chicas, una periodista institucional de una ONG.

“Tenemos varios miembros de nuestro Congreso (el de Estados Unidos) que tienen mucho interés, no sólo en el caso de los Derechos Humanos, sino que especialmente en el caso de Suchitoto.

En el Congreso hay una carta dirigida al Presidente de la República, Elías Antonio Saca, firmada por 41 miembros del Congreso estadounidense sobre este caso”, explicó Wallace.

Luego de la captura de los “13 presos políticos” las autoridades judiciales decidieron procesarlos en un Juzgado Especializado con la Ley Contra Actos de Terrorismo y encarcelarlos en los centros penales de “Mariona” y “Cárcel de Mujeres”.

La comisión estadounidense explicó que si se detecta una clara violación a los Derechos Humanos, los congresistas anglosajones no “incidirán” directamente con las relaciones entre ambos países, pero si les “preocuparía” la administración que haga El Salvador con el dinero del FOMILENIO.

Los investigadores se reunieron ayer con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, donde intercambiaron información respecto al caso y aseguraron que el trabajo de esta entidad estatal ha sido “bueno”.

Mientras, el domingo pasado hicieron una visita a Suchitoto y el lunes se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, para que también les proporcionará información y les explicara por qué no se les otorgó el Habeas Corpus a los “presos políticos”.

Esta mañana la comisión estadounidense se reunió a puertas cerradas con el encargado de Derechos Humanos de la embajada de los Estados Unidos en el país.

Se espera que en estos días los investigadores se reunan también con el Presidente Saca, pero esto aún no está confirmado

La comisión elaborará un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en El Salvador el cual será presentada al Congreso estadounidense.

PREVALENCIA DE DERECHOS HUMANOS AUN ES MATERIA PENDIENTE EN EL SALVADOR. Gloria Silvia Orellana. Diario Co Latino

Sábado, 29 de Diciembre de 2007

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, y Henry Fino, del Instituto de Derechos Humanos del IDHUCA, coincidieron como un “signo alentador”, el protagonismo de la sociedad civil en la defensa de sus demandas sociales durante el año 2007.

Para Fino, del IDHUCA, fue satisfactorio encontrar una población que se organizó en el camino de la protección de bienes tan sensibles como la salud y el medio ambiente.

Los casos más emblemáticos que saltaron a la vida nacional como la minería metálica en el Norte de Chalatenango y Cabañas; la constaminación por plomo en San Juan Opico La Libertad y la reacción de los pobladores ante el amago de la privatización del agua, a quienes e les aplicó la Ley Antiterrorista, son para Fino, signos alentadores de “esperanza” que la sociedad se quiere empoderar de sus aspiraciones como sociedad.

“Hay muchas Ong´s trabajando en diversos campos, pero la capacidad que le hemos visto a la gente para definir sus prioridas y convocatoria, ha sido excelente y eso lo considero muy importante para dar un paso de calidad”, agregó.

Similar reacción tuvo el procurador Luna, quien observó como positivo el papel que han jugado los movimientos ciudadanos, en defensa de sus derechos, aunque apostó a la integración y divulgación de las convenciones para fortalecerla.

“Hemos visto una actuación protagónica y firme, porque fue señalado por la sociedad, pero queremos involucrar más a la población en el conocimiento y respeto a los derechos humanos y concientizar a las autoridades del Estado para que hagan acciones que le correspondan y respetar en mayor medida los derechos de los demás”.

En cuanto a la evolución del año 2007 , Henry Fino consideró que fue un “año negro”, que deja en deuda la consolidación de una sociedad más democrática e inclusiva.

Los señalamientos del jurista recaen en el déficit de presupuesto en salud y educación, en constraste al que se ha invertido en el contingente militar en Irak, que han sido más de 7 millones de dólares, y que no ha generado beneficios para el país en materia de relaciones interncionales, por lo que considerá un retroceso..

“Aunemos a esta situación que existe un terrible retardamiento de justicia, donde se violan los derechos económicos , sociales y políticos de la población, todo esto se convierte en el fortalmencimiento de la impunidad, y no vislumbro cambios a corto o mediano plazo”.

Mientras, el procurador Óscar Luna, matizó que desde su llegada a la PDDH , lapso en que se dieron los casos más relevantes como el de Suchitoto, Cutumay Camnos y Sitio del Niño, que enfrentaron a la sociedad civil y las autoridades, los resultados fueron positivos.

“Tuvimos también, el caso de violencia en Cárcel de Mujeres, la gente que vive en la linea ferréa, y en otros , pero la procuraduría ha respondido y ha encontrado respaldo de las instituciones de gobierno, que han correspondido a mis oficios, al solicitar información”.

El funcionario agregó, que hay avances en materia de respeto a los derechos humanos, ya que , el gobierno ha dado respuesta a la institución rectora, para definir respuestas a las demandas de la población.

“Con bastante disponibilidad (el gobierno) ha trabajo para solucionar el problema le puedo mencionar a los pobladores del area de Nahuaterique, donde Cancillería ayudó y en los casos de plomo, por Baterías Record el ministerio de salud y medio ambiente, tuvimos respuesta”.

“No hay políticas públicas para disminuir la violencia delincuencial, no existe una política que se enfoque en el generamiento de empleos y para devolver el poder adquisitivo de los ciudadanos en la economía, así es muy difícil parar la violencia delincuencial y la migración”.

En el área electoral la visión de ambos procrudadores es de “cautela”, aunque esperan el respeto por parte de los partidos políticos, en la voluntad del cuerpo elector.

“Es bueno recibir un informe de un ente de nivel regional como la OEA, que da el aval del registro electoral, esto garantiza el proceso electoral, hay que dar voto de confianza y el sujeto electoral, que es el TSE (Tribunal Supremo Electoral), debe cumplir con las recomendaciones hechas y presentar los informes que den certeza y garanticen la transparencia”.

“Tendremos un observatorio electoral también, que permita dar seguimiento al proceso y contribuir con el Tribunal Sudpremo Electoral no sólo en el cumplimiento de las recomendaciones, sino la verificación de la transparencia”, dijo el Procurador Luna.

Para Fino el cuerpo electoral como tal, deberá exigir a los partidos políticos mayor compromiso en el cumplimiento de las promesas y no permitir la entrada del juego populista.

EL SALVADOR "La migración está tomando un rostro femenino". Iván Escobar. Diario Co Latino

Las estadísticas actuales apuntan a que la migración es un proceso que en su mayoría es llevado a cabo por hombres, aunque últimamente las mujeres están llegando a equipararse con el sexo masculino. Lo que evidencia que el fenómeno migratorio está tomando un rostro femenino.

“Hay un 55% de migrantes hombres y un 45% que son mujeres, eso significa que ligeramente hay una proporción mayor de migrantes que mujeres migrantes, pero esas cifras están cambiando”, aseguró Juan José García, consultor e investigador.

García participó en el foro: “Cruzando Fronteras: Análisis de género al fenómeno de migración”, en el cual expuso el tema “migración, derechos humanos e instrumentos de política”.

Este investigador añade que “ligeramente hay una proporción mayor de hombres migrantes, pero esas cifras están cambiando, porque hace 15 años el 75% eran hombres y un 25% eran mujeres, lo que significa que hay un proceso cada vez más claro y feminización del proceso migratorio”. En el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujeres –celebrado este 8 de marzo-, el sistema de las Naciones Unidas en El Salvador y Grupo Temática Interagencial de Género, se analizó el fenómeno migratorio, visto desde el enfoque femenino y cómo este ha impacto en la sociedad salvadoreña, expresó Leonor Calderón, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas y coordinara del grupo. “Tenemos un panel en donde vamos a tener la intervención de personas muy ilustradas… no vamos a salir con información completa, pero por lo menos vamos a saber por donde andamos y qué es lo que necesitamos seguir investigando”, comentó Calderón.

De acuerdo a asociaciones femeninas como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), han advertido que la mujer ha tomado un rumbo en la ruta del migrante a partir de dos situaciones: falta de empleos dignos y la necesidad de reunirse con sus seres queridos que han emigrado anteriormente.

Calderón dice que estos dos factores no están ausentes en las investigaciones que han desarrollado, de hecho, considera que las mujeres, hoy en día, comienza a migrar desde las zonas rurales a la capital y luego al exterior. García agrega que uno de los problemas actualmente es la falta de una política migratoria.

“Este es un tema novedoso, importante en el país, todos coincidimos en que el proceso migratorio es un proceso fundamental, estructural para la vida del país. Y hay una hipótesis bastante plausible de que haya un proceso también de feminización del proceso migratorio, eso quiere decir que consistentemente más mujeres están abandonando el país para Estados Unidos, una de estas razones es la reunificación familiar”, explicó el investigador.

Los organizadores del evento advierten la necesidad de trabajar en una política migratoria de país, “que permita no sólo frenar el proceso migratorio, sino que utilizar los recursos que genera la migración para el desarrollo económico y social del país”, concluyó García.