LOS NUEVOS DESAPARECIDOS. Por Katharine Andrade-Eekhoff. EL FARO

Durante los años ochenta, las razones más comunes de la migración internacional de Centroamérica tenían que ver con la inseguridad en la región debido a los conflictos armados. Durante ese periodo de incertidumbre y violaciones masivas de los derechos humanos, surgieron distintas organizaciones para denunciar y reclamar la defensa de dichos derechos básicos. Ya no vivimos con ese tipo de inseguridad que motivó tanta migración internacional. No obstante, el mismo proceso de migración ha creado una nueva clase de victimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones afines. Las personas con pocos recursos económicos, y sobre todo sociales, son las principales victimas, ya que están intentando emigrar al norte por la vía que requiere menos gastos pero que termina cobrando más caro al emprender el viaje por la ruta más peligrosa. Son hombres, jóvenes, mujeres y niños que viajan al norte sin los servicios de un “coyote” o “pollero”, caminando, tomando los “combis” (microbuses) o colgándose de los trenes de carga en México. Las victimas de asaltos, robos, violaciones, secuestros y asesinatos suman miles de centroamericanos y los victimarios realizan sus actos con total impunidad. Debido a las muertes y desapariciones, han surgido nuevas organizaciones de base reclamando saber qué ha sucedido con sus seres queridos. Son las nuevas organizaciones pidiendo colaboración ante las autoridades centroamericanas y mexicanas, en su búsqueda por los que han desaparecido en el camino. En Honduras, la Red COMIFA, o Red de Comités de Migrantes y Familiares, tiene 21 comités locales asociados. Están en Choluteca, Yoro, Cortez y Ocotepeque. En 2006 en El Salvador se formó COFAMIDE, Comité de Familiares de los Desaparecidos de El Salvador. Los familiares de los migrantes se han organizado para dar apoyo mutuo sobre todo en la búsqueda de sus hijos e hijas que salieron un día en la búsqueda de mayores y mejores oportunidades y simplemente desaparecieron. No recibieron más noticias de ellos: la última llamada fue de algún lugar en México y simplemente ya no saben más. No saben si su hijo murió y cómo. No saben si su hija está agonizando en algún hospital o “detenida” en un prostíbulo sujeta a la trata de personas. Han pedido apoyo de sus gobiernos respectivos: de los consulados, de los ministerios de relaciones exteriores. Han mandado cartas, fotos; han visitado abogados. Llaman una y otra vez. Han solicitado que las autoridades mexicanas hagan lo necesario para encontrarlos, ya sea la policía federal, los oficiales de migración, la policía local. A estas alturas, tener noticias, aunque sean malas, sería un descanso del martirio de no saber. En diciembre de 2008, COFAMIDE trabajó en la organización de una viaje a Tecún Umán, en Guatemala, y Tapachula, Arriaga, e Ixtepec en México. Los propósitos del viaje eran conocer los caminos por donde habían iniciado el viaje sus seres queridos, sostener reuniones con funcionarios públicos de México y El Salvador y realizar actos de solidaridad con las Casas del Migrante en dichos pueblos. Sus esfuerzos fueron frustrados al no recibir a tiempo la visa que les permitiría realizar el viaje (Dos días después de haber iniciado el viaje, la Embajada Mexicana les informó a los integrantes del grupo que estaban aprobadas sus visas con validez de 90 días, pero también con un costo de $98 por persona, fondos con que no cuentan los participantes y que tendrán que recaudar) y han tenido que posponer el viaje hasta febrero de 2009. Estos comités de familiares de desaparecidos nos recuerdan a los comités de madres que surgieron en Argentina, El Salvador, y Guatemala durante los conflictos bélicos. Parece que las respuestas de los gobiernos son semejantes también: indiferencia, burocracia u obstaculización. Estos comités son los renacimientos organizativos del nuevo milenio con cara de migrante.

CONCERT CASABLANCA BENEDICTA

Aquest proper divendres19 DE DESEMBRE DE 2008 a les 20 HORES, podrem gaudir un cop més de la música del Grup Casablanca Benedicta a L'AUDITORI CAIXA DE SABADELL C/ d’en Font, 1-2on  Sabadell

Els Beneficis que s'obtinguin serviran per poder enviar material didàctic i de consulta a El Salvador.

ORGANITZA:  PRO-EDUCART

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EL CONTROL DE PANDILLAS EN EL SALVADOR. Por Sonja Wolf. El Faro

El informe "Mapa de la Violencia: Los Jóvenes de América Latina" presentado hace dos semanas por la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) coloca a El Salvador a la cabeza de la lista mundial de países donde los jóvenes corren más riesgo de ser asesinados. ¿Están las políticas gubernamentales a la altura del desafío? El siguiente artículo de Sonja Wolf comparte con los lectores de El Faro algunas de las conclusiones de una importante investigación sobre las políticas anti-pandillas en El Salvador. La Dra.  Wolf realizó sus estudios de doctorado en la University of  Wales Aberystwyth. Su reciente tesis doctoral, "The politics of gang control: NGO advocacy in post-war El Salvador", analiza las políticas de Mano Dura en El Salvador y las respuestas de la sociedad civil. Actualmente ella es investigadora post-doctoral en el Centro de Estudios y Programas Interamericanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El fenómeno de las pandillas callejeras o “maras” se remonta a los años setentas, aunque su dinámica cambió sustancialmente en el período de posguerra cuando E.U.A. deportó a un creciente número de pandilleros que estaban ilegalmente en ese país. Ellos importaron la cultura pandilleril estadounidense e hicieron que la población salvadoreña empezara a percibirlos como un problema de seguridad importante. Aún así, las pandillas no cobraron mayor visibilidad hasta 2003 cuando el entonces Presidente Francisco Flores lanzó el plan Mano Dura y la Ley Antimaras, medidas encaminadas a “barrer” a los pandilleros mediante detenciones masivas y barridas ampliamente divulgadas por los principales medios de comunicación.

A lo largo de los años, las pandillas se han convertido en un importante problema de seguridad pública para el país debido a su disposición de recurrir a la violencia y a la participación de muchos de sus integrantes en actividades ilícitas. Al mismo tiempo, se trata de un problema social cuya aparición se ve facilitada tanto por factores individuales y comunitarios como estructurales. En otras palabras, los jóvenes que ingresan en las pandillas lo hacen para satisfacer sus necesidades personales como amistad, respeto y estatus, entre otros. La afiliación pandilleril suele ocurrir en contextos comunitarios caracterizados por el hacinamiento, servicios básicos deficientes, carencia de instalaciones recreativas adecuadas y un tejido social roto, y debido a razones estructurales de exclusión social, servicios educativos deficientes y la falta de oportunidades laborales dignas.

Dadas sus raíces sociales el problema de los pandilleros requiere una estrategia integral que prevenga la formación de pandillas y fomente su desarticulación a través de la rehabilitación y una política policial de acercamiento a la comunidad. Sin embargo, por años el estado salvadoreño se limitó a responder a la violencia pandilleril por medio de acciones policiales aisladas. Cuando por fin se dio una política de pandillas, ésta fue meramente represiva. Tanto el momento escogido para el lanzamiento del plan Mano Dura (apenas ocho meses antes de las elecciones presidenciales de 2004) como su contenido (el arresto y el encarcelamiento de jóvenes tatuados) llevan a la conclusión de que se trató de un populismo punitivo dirigido a mejorar la imagen electoral del partido gobernante y no de una medida diseñada para reducir la violencia de las pandillas.

El plan Mano Dura gozó de un elevado apoyo por parte de una población cansada de la persistente inseguridad. A la hora de la votación quedó clara la utilidad política de la estrategia. Sin embargo, la iniciativa no solamente no contribuyó a bajar los homicidios sino que hizo que las pandillas se cohesionaron aun más y se hicieran más resistentes a cualquier intervención. Las críticas del primer plan, junto con la liberación de la mayoría de los pandilleros detenidos arbitrariamente, motivaron al Presidente Saca a seguir otro discurso y a incorporar en su plan Súper Mano Dura dos programas oficialmente dirigidos a la prevención y rehabilitación de las pandillas. Así nacieron los planes Mano Amiga y Mano Extendida implementados por la recién creada Secretaría de la Juventud y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). En la práctica estos ejes alternativos han recibido pocos recursos y han tenido un alcance limitado.
 
La Secretaría de la Juventud no ejecuta ninguna política de pandillas sino que pretende coordinar las iniciativas ya existentes (tanto privadas como públicas), gestionar recursos y evaluar dichos proyectos. En la práctica la Secretaría se ha vinculado con los esfuerzos de otras organizaciones para resaltar su imagen institucional y ha gastado sus pocos recursos principalmente en actividades promocionales. En realidad la Secretaría no parece tener más propósito que demostrar el compromiso del Presidente Saca con las respuestas alternativas.

Por otro lado, el CNSP depende en gran parte de la ayuda internacional y tiene poco personal para poder abordar seriamente el problema de las pandillas. Su trabajo preventivo ha mantenido un enfoque limitado a las canchas deportivas.  Además, excluye ciertas zonas por su peligrosidad y su falta de organización comunitaria, a pesar de que esas son las zonas que más necesitan del apoyo del estado. El hecho de que el CNSP decidió abandonar las comunidades más vulnerables hace pensar que no tiene la capacidad técnica requerida para el control de las pandillas. Por otro lado, su programa de rehabilitación se centra en la granja-escuela, un centro de rehabilitación de pandillas en la parte occidental del país que alberga hasta veinte jóvenes por turno, inicialmente por seis meses, y les brinda servicios de educación, capacitación profesional, y remoción de tatuajes, entre otros.

Sin embargo, una serie de limitaciones, como el reducido número de internos, la poca duración del internamiento, y la falta de oportunidades laborales dignas (la cual no es contrarrestada por la opción del autoempleo que promueve el CNSP), convierten al programa en una respuesta muy limitada a un problema de gran magnitud. De hecho, la decisión del Consejo de enviar a algunos de los “graduados” posteriormente como becarios al Polígono Industrial Don Bosco sirve para destacar la debilidad del proyecto.

Es evidente que las autoridades cambiaron su discurso para aplacar a los críticos del plan Mano Dura del Presidente Flores, pero siguieron con la política de represión. El control de pandillas siguió este camino hasta que la creciente tasa de homicidios convirtió al plan Súper Mano Dura en una carga política. A mediados del 2006 la medida fue retirada silenciosamente y reemplazada por un enfoque policial basado en la investigación de las pandillas como estructuras del crimen organizado y el encarcelamiento de sus líderes. Dicha estrategia es igualmente errónea porque las pandillas callejeras no son estructuras del crimen organizado ni tienen líderes como tales. Es decir, el arresto de “líderes de pandillas” es inútil, porque las personas identificadas por las autoridades como líderes solamente serán reemplazadas por otros pandilleros influyentes y las pandillas se mantendrán en vez de disolverse. El hecho de que las prisiones del país se están llenando con pandilleros sin que se reduzca el problema de las pandillas demuestra ampliamente el fracaso de la actual política. En términos generales el discurso oficial que relaciona a las pandillas con el crimen organizado sirve para legitimar la continuación del enfoque represivo pero no para disminuir los crímenes de las pandillas.

¿Por qué sigue la represión a pesar de su evidente ineficacia? Cualquier intento de abordar seriamente este fenómeno debe enfrentar los factores asociados con la aparición de pandillas. Esto implicaría medidas dirigidas a la reducción de la exclusión social y que por lo tanto afectarían los intereses y privilegios de la élite cuyo guardián es el partido gobernante. Desde su retorno al poder en 1989 ARENA ha actuado para proteger los intereses de una minoría de los salvadoreños. Las políticas públicas de las cuatro administraciones de ARENA lo indican claramente. Un gobierno que no comparte los valores que sustentan el control alternativo de pandillas, no va a apoyar los programas de prevención y rehabilitación ni la construcción de una policía que tenga capacidad investigativa y respete los derechos humanos. En ausencia de la voluntad política requerida para la ejecución de estos esfuerzos la represión es lo más fácil, porque le permite al gobierno mostrarse resuelto a resolver un problema que en realidad no está dispuesto a abordar.

La sociedad civil organizada, sobre todo las ONGs defensoras de derechos humanos y/o comprometidas con la reducción de la violencia pandilleril, ha tratado de reorientar la política oficial de pandillas. Algunas ONGs denunciaron explícitamente la política de mano dura y exigieron una respuesta integral y respetuosa de los derechos humanos, mientras otras organizaciones prefirieron criticar dichos planes indirectamente a través de programas modelos de prevención y rehabilitación. Sin embargo, por diferentes razones como las dificultades para tener una incidencia efectiva en las decisiones del estado, divisiones dentro de la sociedad civil, y la correspondiente falta de alianzas estratégicas, estas actividades no crearon la suficiente presión para modificar las políticas del gobierno.

Para que las ONGs, además de otros actores comprometidos con el cambio social, promuevan eficazmente una solución integral al problema de las pandillas, deberían educar a la población sobre la naturaleza del problema pandilleril y la necesidad de respuestas no represivas. Esto podría suponer una colaboración más estrecha con los medios de comunicación alternativos para influir en la opinión pública y, a la larga, ejercer mayor presión sobre las autoridades. Dados los factores contextuales, además de las propias limitaciones de la sociedad civil organizada, no está nada claro que el país pueda lograr un control alternativo de pandillas. Lo que sí es cierto es que en cuanto exista la voluntad política para enfrentar este fenómeno, también se podrán conseguir los requeridos recursos y la capacidad técnica. Este proceso es largo y difícil, pero es necesario. A menos que El Salvador emprenda el control de pandillas de manera más eficaz, y lo haga pronto, el problema crecerá y la sociedad salvadoreña sufrirá las consecuencias de la violencia pandilleril por muchos años.

LOS 500 MIL VOTANTES QUE NADIE PUEDE EXPLICAR. Daniel Valencia. El Faro

Cuando falta un mes y medio para la primera elección de 2009, nadie sabe explicar a ciencia cierta por qué hay más potenciales votantes que salvadoreños en edad de votar. Es decir, por qué entre el padrón electoral y el censo de 2007 hay una brecha oscura.

Si solo fuera de atenerse a los números, habría cuatro municipios de El Salvador en los que no existen niños. Según el padrón electoral, en estos municipios las personas mayores de 18 años aptas para votar en 2009 son al menos tantas como la suma de los pobladores que registró el censo de población de 2007, más aquellas personas que a mediados del año pasado aún tenían 16 o 17 años.

Se trata de unas diferencias entre población votante y población total que no saben justificar los funcionarios encargados tanto de organizar las elecciones como del registro electoral y de otras bases de datos útiles para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del próximo año.

En Comalapa, Chalatenango, por ejemplo, el padrón electoral dice que hay 3 mil 65 votantes. Sin embargo, según el censo de población, realizado a mediados de 2007 y presentado en mayo de este año, ahí habitan 2 mil 996 personas. 69 menos que el total de votantes que dice el padrón que ahí hay. ¿Y los menores de edad?

El segundo caso con este fenómeno se da en La Vueltas, siempre en Chalatenango, en donde según el censo se registró una población total de 940 habitantes, pero según el padrón hay mil 68 votantes. ¿Y los menores de edad? Tampoco hay espacio para menores de 18 años en Mercedes La Ceiba, en el departamento de La Paz, cuya población es de 637 habitantes según el censo, pero según el padrón ahí hay 810 personas aptas para votar.

Y alguien podría decir que en un año la población aumentó lo suficiente como para marcas esas diferencias. Pero esa tesis no la maneja ninguna de las fuentes consultadas, ni estadísticas ni electorales, y solo se animan a especular con posibles explicaciones, como la migración.

En el caso de Arambala, Morazán, sucede algo parecido, pues de los mil 821 pobladores registrados hace un año, han surgido 2 mil 543 votantes. ¿Qué pasa con las cifras?

“No sé”, responde la registradora electoral Xiomara Avilés, cuando se le pide que explique las diferencias entre censo y padrón. “Yo te puedo responder por lo mío. Confío en el instrumento del registro electoral que viene amparado por el DUI, que a su vez viene amparado por la partida de nacimiento que fue obtenida en un municipio de este país. Y me amparo también en los mecanismos que me obliga la ley para vigilar este proceso, y aún más con lo que la auditoría de la OEA me obliga que haga”, añade.

En mayo de este año, el Ministerio de Economía dio a conocer las cifras del VII Censo de Población. Lejos de lo que todos esperaban -incluso la misma Dirección de Estadística y Censos-, resultó que la población en lugar de crecer y llegar a los 7 millones que decían las proyecciones, arrojó que somos 5 millones 744 mil 113 habitantes. Según el censo, 3 millones 422 mil 482 eran mayores de edad, y de esas, un poco menos -3 millones 265 mil 21- tenían DUI en el periodo de la consulta.

Un año más tarde, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ordenó el cierre del registro electoral y la emisión del padrón electoral definitivo. Y según este documento, hay en el país 4 millones 226 mil 479 votantes. Las cifras entre votantes y población total no cuadran.

Suponiendo que la diferencia de 961 mil 458 estribe en quienes desde el año pasado tenían 18 años pero carecían de Dui, y en quienes en este lapso llegaron a los 18 años y están listos para votar en 2009, la distancia entre ambas cuentas se mantiene aún enorme. Cuando a la cifra del censo para mayores de 18 años se suma los jóvenes que en ese momento tenían 16 o 17 años (246 mil 389), y también los que ya tenían 18 años pero no habían obtenido su Dui (177 mil 461), la brecha se mantiene aún en 557 mil 608, y nadie sabe por qué.

¿De dónde salieron? o ¿adónde se fueron?

Miguel Ángel Corleto, el director de la Digestyc, también ha hecho sus cálculos y son muy similares a los que hizo El Faro. Él, sin embargo, incluyó en sus sumas y restas aquel número de población que no fue reflejada en el censo, y que según dice, ha sido tomada de cálculos certificados y avalados por el Centro Latinoamericano de Demografía y por el Fondo Mundial de Población de las Naciones Unidas.

Según Corleto, para 2008, el total de la población de El Salvador ha variado. Esto, según explica, porque hay un 5.7% de datos de omisión que no fueron contados en el censo ya fuera porque los demógrafos no encontraron a la población, o porque la población no dio la información a los encuestadores.

A este 5.7% se le llama error de omisión, y según Corleto, en él hay alrededor de 300 mil ciudadanos que no aparecieron en el censo. Retomando este dato, las proyecciones de censos anteriores, las estadísticas de natalidad, mortalidad y migración, según Corleto, la población de El Salvador anda este año en 6 millones 124 mil 705 habitantes. En esta población, según explica, hay 3.6 millones de habitantes con 18 años o más.

Para Corleto, quizá la principal respuesta para entender por qué no casan censo y padrón se da luego de contestar la más probable de las preguntas, en el mundo de las estimaciones: ¿A dónde se fueron?

“Se estima que entre 1992 y 2007 entre 900 mil y 1 millón de habitantes emigraron. Expertos del Fondo de Población de la ONU nos han ayudado a determinar una estimación de esa emigración entre 2001 y 2008, y tenemos que en ese lapso hay alrededor de 407 mil salvadoreños”, dice Corleto, al explicar que probablemente ahí esté parte de la explicación para la diferencia.

El padrón electoral es un instrumento que se alimenta de los datos que envía el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), institución que recibe toda la información de los centros de emisión del Dui. El padrón, por tanto, tiene información total de Duis entregados a partir del año 2001.

“Tenemos datos confiables que certifican esa cantidad de ciudadanos con Dui en todo este tiempo. No le puedo explicar qué pasa, únicamente suponer que son emigrantes, porque ambos instrumentos no son comparables”, dice el director del RNPN, José Guerrero.

“El dato más difícil de poder medir es justamente el de las migraciones. Es tan confiable como las fuentes de información que tenemos”, añade Guerrero, a quien luego de haber restado las emigraciones y las 89 mil 496 defunciones (que se supone se eliminaron este año del padrón), la diferencia entre padrón y censo se le reduce a 47 mil 92 personas.

“Puede ser más o puede ser menos porque el cálculo de las emigraciones es un estimado”, acota Corleto.

En cada elección, todos los partidos políticos se acusan mutuamente de hacer “movilización de votantes” para ganar la contienda en un municipio que les interesa. Cuando se compara censo y padrón en los 262 municipios, resulta que hay 12 municipios (junto a los cuatro citados anteriormente) en donde el patrón de conducta se aleja del resto. Son estos municipios los que ponen en duda, de nuevo, los datos del padrón.

Por ejemplo, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, hay 3 mil 305 votantes menos si se compara la cantidad de ciudadanos mayores de 18 años con la cantidad de votantes inscritos (11 mil 273 contra 7 mil 968).

En Tonacatepeque, San Salvador, la diferencia entre mayores de edad (censo) y votantes (padrón) indica que hay 8 mil 786 votantes menos (ver recuadro). ¿Para adónde se fueron?

La registradora electoral tiene algunos mecanismos para identificar cómo se han movido los votantes respecto a 2004. Sin embargo, las cifras son inferiores a las de los municipios que aparecen con diferencias considerables en la comparación. Por ejemplo, en San Isidro Labrador, Chalatenango, en donde sólo aparecen 336 votantes (contra los mil 405 mayores de 18 años que registró el censo), resulta que han desaparecido mil 69 votantes. Pero para ese lugar, Avilés sólo tiene cambios de domicilio de 19 ciudadanos desde 2004 a la fecha, lo que no podría explicar el fenómeno.

“No sé qué pasa. Insisto, yo doy fe de Duis que tiene de respaldo una partida, una foto, etcétera. La depuración. Si te vas al tema central pero pudiese ser que tenemos muertos. Porque es difícil depurar muertos. Depuramos hasta donde pudimos porque la ley obliga a cerrar el padrón en determinada fecha”, dice Avilés.

Al cuestionarle si la diferencia entre censo y padrón es porque el padrón tiene cifras infladas, producto de (la mayoría de denuncias en cada elección: duplicados, extranjeros con documentos, identidades de fallecidos en manos de vivos), la registradora responde: “Si el alcalde hace eso tendría que tener mil ojos o mil cerebros para poder verificarlo ¿Por qué cuestionan al Tribunal en esto si nosotros tenemos un producto que viene de otro lado? ¿Por qué no cuestionan a la fuente, a las alcaldías, en donde están todos los partidos involucrados?”

El magistrado del FMLN en el Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, está al tanto de la diferencia entre ambos registros y dice que le “alarma”. Pero cuando se le repregunta por qué hay que confiar en un solo partido cuando todos pudieran haber inflado las cifras (de una u otra manera en los municipios que gobierna), responde: “Todo mundo puede tener dudas. Nadie queda exento de dudas. Pero para someter esas dudas habría que tener control del registro y hoy por hoy, ¿quiénes tienen control del registro? Todos los partidos podrían ser sospechosos, pero el más sospechoso es quien tiene las llaves del registro, el control de los datos de los ciudadanos y del Dui”, dice, inculpando al partido Arena. El Faro intentó tener la versión del presidente del TSE, Walter Araujo, de Arena, pero este se excusó y suspendió la entrevista aduciendo problemas de salud.

Juan José Martel, ex magistrado del TSE y ahora miembro de la junta de vigilancia por el partido Cambio Democrático asegura que aún cuando la diferencia entre ambos registros es alta, podría responderse por las explicaciones que estiman los expertos: defunciones y migraciones.

Y, no obstante, tampoco descarta otras posibles explicaciones. “Pero podría ser que son extranjeros con Dui. ¿Por qué no? El problema con la diferencia entre los dos instrumentos es que no le da certeza y fidelidad al padrón. De un padrón de 4.2 millones de votantes tenemos que alrededor del 10% no se sabe de dónde ha salido. Eso llama la atención. Sobre todo porque en unas elecciones que se esperan cerradas, ese 10% podría hacer la diferencia”.

 

INAUGURAN CENTRO DE ATENCIÓN A TERCERA EDAD. Por Cecilia Ortiz. La prensa grafica

El proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Palafrugell, Cataluña, atenderá a unos 500 ancianos

Los adultos mayores del Bajo Lempa, en el municipio de Tecoluca, han sido beneficiados con la construcción de un Centro de Atención de Día donde los favorecidos podrán llevar a cabo diferentes actividades de esparcimiento.

El centro, ubicado en el cantón San Carlos Lempa, fue inaugurado ayer durante un acto especial en el que participaron decenas de adultos mayores que se divirtieron con presentaciones artísticas y culturales.

La construcción de este local representa la primera experiencia de atención a personas de la tercera edad que viven en la zona rural del país, y marca un objetivo a seguir: llevar estas iniciativas a otros cantones a escala nacional.

El centro fue construido a un costo de $40,000 gracias al aporte económico del Ayuntamiento de Palafrugell, de la provincia de Gerona, en Cataluña (España), mediante la fundación PRO-EDUCART.

La iniciativa de apoyo a los adultos mayores en la zona rural de Tecoluca ha sido coordinada por la Fundación CORDES y por CRIPDES de ese municipio, con el apoyo de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE).

Emilio Espín, gerente de relaciones internacionales de CORDES, explicó que este proyecto nació de la necesidad de brindar ayuda y organización a este grupo de la población.

Aseguró que esta es una iniciativa que pretende brindar los servicios que la tercera edad necesita para dignificar sus últimos años de vida y que en ese proyecto se han vinculado a FUSATE para coordinar colaboración en diferentes áreas.

“No queremos limitarnos solo a la caridad, sino poner en la agenda nacional del país la atención a los adultos mayores como un derecho constitucional”, expresó Espín.

Los adultos mayores del Bajo Lempa están agrupados en la Asociación Rural de la Tercera Edad (ARTE) y sus miembros suman más de 500.

EMBAJADOR DE EUA DEJA EL CARGO. Por Ricardo Vaquerano. EL FARO

El presidente electo de Estados Unidos dispuso que cuando él asuma, el 20 de enero de 2009, deben estar libres todos los puestos de los embajadores políticos nombrados por la administración  Bush. Eso incluye a Charles Glazer, quien llegó a El Salvador en enero de 2007.

El futuro presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sacudió al Departamento de Estado al notificarle que quiere que todos los embajadores de la administración Bush que no son de carrera, dejen sus puestos para el 20 de enero de 2009, cuando él tome posesión de la Casa Blanca.

Por esa inusual decisión, los conocidos como “embajadores políticos” no tendrán el margen de tiempo del que normalmente pueden disponer para abandonar sus oficinas, de tal manera que al representante diplomático en El Salvador, Charles Glazer, le va quedando a lo sumo un mes y medio de permanencia en el cargo.

Glazer fue juramentado como embajador el 16 de enero de 2007, y llegó a El Salvador el día 25, para remplazar a Douglas Barclay, quien también era un embajador político. Con su retiro ya previsto, habrá durado en el cargo solo un poco más de dos años.

El sustituto temporal -mientras el gobierno de Obama propone al Congreso estadounidense un nuevo nombre y los congresistas le dan luz verde- de Glazer sería Robert Blau, quien tiene el cargo de ministro consejero de la embajada. “La persona que asume es el encargado de negocios, en este caso el señor Robert Blau, el que está ahora como ministro consejero”, dijo este jueves a El Faro Alberto Rodríguez, consejero de asuntos públicos en funciones de la representación diplomática.

A juicio de Rodríguez, está claro que en esto no hay más camino que el de la salida del embajador a más tardar el 20 de enero. “Eso es lo que el presidente electo ha pedido, y eso es lo que debe de suceder”, dijo.

Cuando hay cambio de administración, incluso si el nuevo presidente es del mismo partido o si se trata solo de reelección, es normal que todos los embajadores -los políticos y los de carrera- pongan sus cargos a disposición. “¿Qué pasa? Que normalmente a todos los embajadores de carrera no les aceptan la dimisión y se quedan donde están tranquilamente. En cambio, los embajadores políticos, normalmente sí todos saben -especialmente cuando hay un cambio de administración- y normalmente tienen cierto período de tiempo para salir del país.”

En esta ocasión, sin embargo, Obama ha optado porque este grupo de diplomáticos le desocupen las embajadas para el día de su posesión. “Nosotros eso es lo que entendemos, que tienen que salir el 20. Que sea la fecha de inauguración es lo novedoso, (aunque) ellos (los presidentes electos) tienen todo el derecho a partir de que ellos toman posesión”, subrayó Rodríguez.

El 23 de agosto de 2006, la Casa Blanca anunció que iba a designar a Glazer como próximo embajador ante El Salvador. Glazer, de 65 años, es un banquero que en los casi 23 meses que lleva en el cargo, ha hecho múltiples llamados de atención sobre el problema de inseguridad pública. En marzo pasado, calificó como “crisis” la situación de delincuencia, en un momento en que el promedio de homicidios era de unos nueve o 10 al día. “Como empresario e inversionista que soy, quiero enfatizar que la crisis de seguridad pública de El Salvador es también una crisis económica así como un freno para la inversión extranjera”, dijo el 6 de marzo pasado, ante un exclusivo grupo de empresarios, muchos de ellos que representan intereses de compañías estadounidenses que hacen negocios en El Salvador.

Posteriormente, el 15 de octubre, cuando el promedio diario de asesinatos rondaba los 8.5, advirtió de la importancia de garantizar seguridad para atraer inversión extranjera. “Es bastante difícil convencer a inversionistas a que traigan sus negocios a un país en el cual las calles no son seguras”, sentenció.

A diferencia de administraciones anteriores en coyuntura electoral, la de Glazer se cuidó de no hacer comentarios públicos que tuvieran el potencial de influir en la decisión de los salvadoreños sobre cuál partido o candidato presidencial conviene apoyar en las elecciones de 2009. Lejos de eso, dijo más de una vez que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el próximo gobierno que elijan los salvadoreños, sea cual sea el partido o el candidato que triunfe el 15 de marzo.

Con frecuencia, los embajadores políticos son personas muy cercanas al presidente estadounidense o al partido del presidente, y el de Glazer es un caso que cae en la norma. En 2004 obtuvo la categoría de “ranger” gracias a que logró recaudar para la campaña de reelección de Bush alrededor de 200 mil dólares.

En el momento de su designación, Glazer era presidente y director ejecutivo de C.L. Glazer and Company, una compañía de inversiones financieras.

 

RECONOCIMIENTO A PRO-EDUCART POR SU TRABAJO A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

El pasado día 28 de junio, durante la Asamblea General de CRIPDES celebrada en San Salvador, Pro-Educart recibió un reconocimiento por su acompañamiento en Defensa de los Derechos Humanos de las y los Trabajadores Sociales, que fueron acusados falsamente de Terroristas por participar en la defensa de la NO privatización del agua. 

Este reconocimiento fue recogido por Montserrat Serrano, Gerente y Responsable de Proyectos de Pro-Educart.

Pro-Educart, jugo un papel importante como medida de presión Internacional, la cual hizo un llamado a diversas Ongs Españolas que trabajan en El Salvador para poder ejercer una mayor presión entre todas. 

Asi que desde Pro-Educart, queremos compartir este reconocimiento con todas ellas, gracias!!.

  

Desde enero hasta el 20 de mayo policía registra 225 violaciones en niños.

David Marroquín/Jaime López.

El Diario de hoy 

Fuentes policiales aseguraron que las violaciones contra adultas y jóvenes se han reducido en un 39 por ciento en este año.

Desde

enero hasta el 20 de mayo de este año, la Policía registra 225 casos de violaciones sexuales a niñas, niños y en jóvenes en todo el país. La mayoría de las denuncias va en contra de personas conocidas por las víctimas como sus padres, abuelos, padrastros y vecinos, según fuentes policiales.

Además, la corporación aseguró haber detenido a 384 hombres que ahora enfrentan procesos judiciales por violar a niñas o niños y adolescentes en ese período.

Aunque no se revela si hay una reducción con relación a las violaciones contra niños con respecto al año pasado, fuentes policiales aseguraron que las agresiones sexuales en contra de jóvenes y adultas; se ha reducido en 39 por ciento.

Sin embargo, en los últimos meses se han conocido sonados casos de violaciones de niñas menores de 10 años como el ocurrido en el cantón El Guayabo de Apastepeque, en San Vicente. A mediados de abril pasado, Miguel Ángel Cortéz y Pedro Ernesto Rodríguez Abarca; habrían violado a una niña de 14 meses. La bebé tuvo que ser internada en el hospital de niños Benjamín Bloom en San Salvador por los daños causados en su cuerpo.

Los acusados por ese caso están en el centro penal de Zacatecoluca, La Paz. También en marzo pasado, la Policía Rural capturó a un hombre de 29 años por la supuesta violación en sus hijas de 5 y 6 años. Los hechos se habrían registrado en las afueras de Ciudad Arce, La Libertad.

De igual forma, la semana pasada, la Fiscalía de Mejicanos reveló que ha recibido al menos 80 denuncias por distintos delitos sexuales en contra de menores de edad en los últimos tres meses.

Niña de 4 años fue violada Ayer, la Policía capturó a Juan Carlos López Argumedo, acusado de agredir sexualmente a una niña de 4 años en Lourdes, Colón, La Libertad.

 

La violación se habría registrado en la casa de la víctima, luego que la noche del martes pasado, el papá de la menor llegara borracho junto con el detenido y éste se quedara a dormir en la misma casa. En horas de la madrugada de ayer, una niña de seis años y hermana de la abusada; comenzó a gritar para pedir auxilio a su madre porque aparentemente López Argumedo estaba violando a la niña. Al acudir la madre, ella vio a López cuando salía de la habitación de las niñas. Enseguida se dio cuenta que su hija de 4 años estaba lastimada. La mujer, enfurecida, la emprendió contra el hombre en los precisos momentos que pasaba una patrulla policial por el lugar.