El Mozote pide justicia restaurativa para las víctimas y sus familiares
Niños, jóvenes y adultos rinden homenaje en el monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote, en Meanguera, Morazán. Foto Diario Co Latino/Rosa Campos
Bianca Segura
Redacción Diario Co Latino
Hombres, mujeres y niños caminaron hacia el altar que se encuentra a un costado de la iglesia. Llevaban una vela entre sus manos, como símbolo de esperanza y para pedir a Dios por las almas de las familias que fueron masacradas en el caserío El Mozote, municipio de Meanguera, Morazán. Una vez más, familiares, sobrevivientes y lugareños conmemoraron un año más de la masacre, que ocurrió en 1981, ejecutada por el batallón Atlacalt en la operación “Yunque y Martillo”.
A 29 años de lo ocurrido, los familiares y las organizaciones de Derechos Humanos buscan reabrir el caso ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos con el fin de juzgar a los culpables de la masacre. Ana Griffin, religiosa de la iglesia de Arambala, explicó que se busca reabrir el caso, a partir de las firmas de los familiares que se encuentran en distintas zonas del país . “Es muy difícil localizar a los familiares de las víctimas, debido a que varios ya no viven en el lugar”, declaró.
Según los cálculos, las víctimas de la masacre son alrededor de 988 personas entre hombres, mujeres y niños. No obstante, para el proceso solo se han localizado a familiares de 166 fallecidos. Además, el trabajo se hace más difícil debido a que la mayoría de archivos de la alcaldía de Meanguera fueron quemados durante el conflicto armado. Por ello , se basan en las fe de bautismo o los registros de matrimonios religiosos de los familiares.
Griffin tiene la esperanza de reabrir el caso a nivel internacional para que se pueda realizar un juicio a los culpables de la masacre. “Espero que se reabra el caso y se pueda trabajar como el caso Jesuitas”, afirmó la religiosa. Otro dato que se destacó fue que no se tiene un dato exacto de los niños asesinados y , se sospecha que varios niños fueron sacados de la zona.
En 1993, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz, una ley que prohibió juzgar y condenar a los autores materiales e intelectuales de las masacres ocurridas en distintos lugares del país. Por lo tanto, las víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos recurren a los organismos internacionales como único recurso para pedir justicia.
Para Mirna Perla, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la ley de amnistía es una inconstitucionalidad, ya que una ley secundaria no debe prevalecer sobre la Constitución que le da derecho de justicia a las víctimas. Asimismo, declaró que se necesita una justicia restaurativa , que no solo penalice a los culpables, sino que los familiares y sobrevivientes puedan establecer como se perdonará a los genocidas.
Con respecto a abolir la ley de amnistía, Perla señaló que hay una falta de voluntad política en la Asamblea Legislativa, un fiscal de la República comprometido con las víctimas y no con los victimarios. “Yo lamento que en otros países se persigan a los genocidas y no en el país, por que a nosotros nos corresponde. La ley de amnistía no es un obstáculo para juzgar a los genocidas de la masacre en el Mozote”, declaró la funcionaria.
Por otro lado, el presidente Mauricio Funes pidió, a principios de este año, perdón a las víctimas y familiares de los casos de masacres de lesa humanidad. No obstante, las organizaciones de derechos humanos esperan la colaboración del gobierno frente a estos delitos.
