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Armas de guerra en tiempos de paz

Las autoridades salvadoreñas investigan el uso de granadas militares en la comisión de actos delictivos - En los primeros 21 días de 2010 hubo cinco ataques

JUAN JOSÉ DALTON - San Salvador - 02/02/2010

El pasado 16 de enero, cuando la mayoría de los salvadoreños conmemoraban el 18º aniversario de los Acuerdos de Paz, estalló en pleno centro de San Salvador una granada de fragmentación, del tipo M-67 y de uso militar. Tal acción empañó la celebración del fin de una guerra civil que había durado 12 años, provocado 75.000 muertos y dejado el país en ruinas y desintegrado socialmente.

La violencia salvadoreña es ya un mal común, general y crónico. Analistas locales y extranjeros, como los españoles Enrique Gomariz e Ignacio Cano, consideran que existe una "guerra de un nuevo tipo y sin enemigos definidos". Algo así como una lucha "contra todas las banderas". En esta nueva confrontación, el uso de granadas militares es un hecho novedoso, pero se está haciendo cada vez más frecuente entre los delincuentes, que, según expertos en temas de violencia, desarrollan su actividad en pandillas y bandas del crimen organizado.

Dos tribunales de San Salvador, uno de ellos de menores de edad, envió a prisión el pasado jueves a los dos presuntos responsables de haber lanzado la granada el Día de la Paz. En el atentado murió el empresario del transporte David Salomón Cruz, de 68 años de edad, mientras otras 15 personas resultaron heridas. Cruz era el "objetivo", debido a que, según investigaciones y testigos, se había negado a pagar las extorsiones que los pandilleros de la Mara Salvatrucha le habían impuesto.

Los acusados, José Ángel Menjívar, de 34 años de edad, y el menor Edgardo M., de 15, permanecerán presos, bajo custodia del Juzgado del Crimen Organizado y del Tribunal de Menores de San Salvador, respectivamente, mientras se investiga o se les procesa por varios delitos que incluyen "actos terroristas", según la legislación local.

Posesión de armas

En la nueva guerra que sufre El Salvador, las armas de fuego tienen un papel protagonista. La legislación salvadoreña es bastante flexible en los temas de comercio y posesión de armas de fuego. Se estima que más de 450.000 están en manos de civiles; de ellas, sólo la mitad están registradas legalmente. De acuerdo a las estadísticas de la policía, en 2009 se cometieron 4.365 homicidios; de éstos, 3.311 ?es decir, el 75%? se perpetraron con armas de fuego. Las autoridades indican también que sólo se decomisaron 2.889 armas de fuego durante el año pasado.

El uso de granadas militares industriales o de fabricación artesanal es cada vez más frecuente. Durante 2009 se cometieron 10 ataques con granadas, que provocaron 12 muertos y un número de heridos que no se puede determinar. Pero en los primeros 21 días de 2010 se registraron cinco ataques ?la mitad que en todo el año anterior?, que dejaron un muerto y 29 heridos.

El último ataque ocurrió en el municipio de Chalchuapa, en la provincia de Santa Ana. No causó muertos ni heridos, sino la destrucción de la vivienda y el automóvil de la familia atacada, que huyó a un lugar hasta ahora desconocido; esta familia no es la primera que se desplaza de su lugar de origen a consecuencia de la violencia, otro de los fenómenos que caracterizaron la guerra civil (1989-1992).

Hasta el momento no se ha podido comprobar quién provee de granadas a los grupos de delincuentes. Existen sospechas de que dichas armas vienen de los arsenales del Ejército y que pueden haber sido compradas a militares corruptos. El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía, asegura que está investigando. Tanto la policía como el Ejército han aprobado que sea la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) la que indague de dónde proceden dichas armamas; para ello, el viernes llegó a El Salvador un equipo de seis expertos que iniciarán la investigación.

Por otra parte, a las autoridades locales también le preocupan las motivaciones, que pueden esconder alguna arista política, según explicó a EL PAÍS un experto en violencia que prefirió el anonimato: "Los recientes acontecimientos no deben ser vistos como hechos aislados. Su cercanía temporal y el tipo de arma usada sugieren que dichas acciones no son espontáneas, sino que guardan relación y un eventual objetivo común. Es posible que sea una demostración de fuerza o una estrategia para debilitar la imagen de las autoridades y aumentar la sensación ciudadana de temor, que en el corto plazo favorece el clima para las extorsiones, ya que se vale del miedo de la gente".

Así se censura el cine en El Salvador

Así se censura el cine en El Salvador

Trabajo de evaluación en la DEPRT en el edificio del Ministerio de Gobernación. Foto Frederick Meza

La Dirección de Espectáculos Públicos determinó en 2003 que el título de la película "Lucía y el sexo" podía ser insultante. El Faro escarbó en las entrañas de los dictámenes con los cuales se clasifica a las películas que consumimos. El sexo, la desnudez, la religión, la homosexualidad y hasta el lenguaje prosaico restan puntos a los filmes, aunque ahora, el nuevo gobierno, dice que quiere “reconceptualizar”, dado que el trabajo de censura se hace sin criterios técnicos.

Daniel Valencia Caravantes / Fotos: Mauro Arias y Frederick Meza  EL FARO. Publicado el 29 de Enero de 2010

El 10 de septiembre de 2007, la Dirección de Espectáculos Públicos (DEPRT) del Ministerio de Gobernación resolvió que la película Los Borgia se asemeja a una copa de cristal llena con unos fluidos “negativos” para la salud mental: sexo, asesinatos y desnudos completos femeninos. Pero quizá el principal pecado de la cinta fue mezclar todo lo anterior con la religión católica y con uno de sus jerarcas: el Papa Alejandro VI. Todo un cóctel que atenta contra la moral y las buenas costumbres que defiende la Dirección.

Sobre Los Borgia, una de las evaluadoras de la Dirección escribió: “Contiene una serie de valores negativos tales como incesto, orgías, desnudos completos femeninos, relación fuertemente sugerida, asesinatos, además de hacer una comparación entre el amor sagrado y profano; elementos que van en contra de la salud mental del espectador”, planteó en su resolución Ana Haydee de Lara.

Los Borgia no es ni la primera ni la última película extranjera que escandaliza a los ojos censores de Gobernación. Ni mucho menos la única que mezcla el tema del sexo con el de la religión. Así como pasó con la cinta de Los Borgia, la DEPRT clasifica las películas que pasan por las salas de cine salvadoreñas con unos parámetros que bailan al compás de la moral, las buenas costumbres, la religión y la subjetividad de los evaluadores: un grupo de sicólogos y comunicadores contratados para marcar las películas con la estampilla de “para todo público”, o para mandarlas a la casilla de “para mayores de 21 años”. En casos extremos en los que las cintas, a juicio de los evaluadores, atentan contra la salud mental de la población, estas son censuradas de forma total o parcial.

En la quinta planta del edificio de Gobernación, en San Salvador, un rimero de decenas de fólderes que registran la evaluación del material de cine entre 2002 y 2009 es una tentación para la curiosidad.

Ahí nos encontramos, por ejemplo, con Los Borgia, que recibió el tratamiento prescrito por la Constitución de la República, que receta la censura “conforme a la ley”. Esa ley es el reglamento para teatros, cines, radioteatros, circos y demás espectáculos públicos, creado en 1948, año en el que en la India mataron a Gandhi, en el que en Estados Unidos se inventó el transistor, en el que el vecino país de Costa Rica decidió abolir sus fuerzas armadas. Más de 50 años han pasado desde que se creó ese reglamento, y todavía hoy, en un nuevo siglo, sobre dicha normativa descansa el control de los espectáculos públicos.

Pero aunque Los Borgia no fue prohibida, sí se llevó la peor crítica de parte de los evaluadores, que todavía hoy -acepta y confirma la nueva directora de Espectáculos Públicos, Breny Massiel Herrera- trabajan bajo “subjetividades” propias de su formación y no bajo parámetros técnicos adecuados.

Y cuando las subjetividades emergen del interior de los evaluadores, la moral, la religión, el recato, e incluso la creencia en ciertas versiones de la historia –o incluso del mundo- pueden primar  para que se enciendan las antorchas de la inquisición contra lo profano. Por ejemplo, en la resolución de Los Borgia, la evaluadora planteó que la película solo muestra “el lado negativo” de la historia, “mostrando los pecados sexuales, sin disimulo” del papa Alejandro VI (1492-1503), el Papa que colocó a sus hijos en los puestos claves de la Iglesia Católica para sus propios fines. Según el dictamen, el filme tiene una doble intención y carece de equilibrio en el enfoque del personaje principal: “(…) Consagrando con ello que se despierte el morbo del espectador, acusando al pontífice de llevar una vida privada poco cristiana; no obstante, a Alejandro VI también se le reconoce por haber organizado un gobierno ordenado, con leyes justas y buena administración…”, escribió la evaluadora, que es comunicadora y periodista de profesión.

Los pecados del “sexo”

Hay una película que se evaluó en septiembre de 2003 cuyo solo nombre fue tema de debate. Por ejemplo, a juicio de la evaluadora, aunque su nombre lo sugería, “no es una película pornográfica”. Sin embargo, la cinta, “carente de escenas aberrantes, orgías o sadomasoquismo” fue enviada a la casilla de 21 años, que casi siempre le corresponde a las películas pornográficas evaluadas por la DEPRT.

Los pecados de "Lucía y el sexo", la película española protagonizada por Paz Vega, fueron dos: el primero, abordar de manera abierta y sin tabúes “muy al estilo del cine español”  la sexualidad entre hombres y mujeres. Y el segundo, su título.

“(..) considerando el título ‘Lucía y el sexo’ que puede sonar insultante en nuestro medio, tomando en cuenta que nuestra población no tiene la misma libertad y madurez emocional que sí tienen espectadores de este tipo de películas…”, escribió Melvi Lucía Anaya de Escalante, otra de las evaluadoras de la DEPRT.

¿Adónde están los criterios? Herrera, la nueva directora, acepta que no existen, y como no existen no hay una clasificación técnica para determinar qué tipo de sexo pueden ver quiénes en las pantallas de cine; o qué tipo o niveles de desnudez puede haber en las tomas, porque hasta ahora un desnudo es suficiente para que una película que sea apta en otros países para mayores de 12 años, en El Salvador vuele hasta la categorías de 18 o 21 años.

Regresemos a Lucía y el Sexo, que no era pornográfica, pero cayó en la casilla de 21 años con la siguiente advertencia: “Sugiriendo sea programada en horario nocturno, haciendo nota de parte de la empresa responsable que la publicidad no genere ninguna controversia al respecto. Es decir, que sea manejada su promoción de forma discreta. De lo contrario, esta Dirección se reserva el derecho de suspender su exhibición”.

Ahora leamos el dictamen de una película pornográfica, de esas que transmite el Cine Izalco, en el centro de San Salvador, elaborado por la misma evaluadora que calificó a Lucía y el sexo. El 20 de julio de 2005, Anaya determinó que la cinta “Young slut” es una película en donde “las relaciones de alcoba son de principio a fin, donde hombres y mujeres exhiben sus cualidades y habilidades en el plano sexual”. Luego, en su dictamen, dijo: “película de género erótico donde solo hay escenas de sexo. No se observan elementos aberrantes, como actos de necrofilia, zoofilia, etc”. ¿Clasificación? “Para mayores de 21 años”.

Pero en la cacería de anormalidades dañinas para la salud mental ni la pornografía se salva. Tiene sus límites. La película “Atletas anales”, por ejemplo, evaluada el 29 de septiembre de 2006, no pasó la prueba y fue “rechazada su exhibición”. ¿La razón? “(…) por tratarse de un material contraproducente para la salud mental del espectador, pues su contenido sugiere la práctica de conductas aberrantes, al observarse cómo a una fémina le introducen objetos en su ano y ella muestra complacencia (…) Hay abundantes escenas anales y esperma en los rostros de las mujeres participantes”.

La DEPRT considera que hay relaciones sexuales de todo tipo, incluso aquellas que quizá nunca hallamos oído mencionar. En sus archivos, la Dirección registra un tipo de relación sexual muy particular. En la película 8 Mile, protagonizada por el rapero Eminem, hay dos escenas de sexo sugeridas. La primera es entre Eminem y la fallecida actriz Brittany Murphy. La segunda es entre Murphy y un actor afroamericano. Veamos qué dijo la DEPRT sobre el filme: “La cinta posee (…) dos escenas de sexo sugeridas, propias de la comunidad popular que practica y gusta el género rapero en su máxima expresión al estilo Eminem…”, escribió Dina de Villatoro el 12 de febrero de 2003. La cinta fue clasificada para mayores de 18 años.

En el dictamen de 8 Mile aparece también otra contradicción en los criterios de evaluación del aparato censor. Como la película tiene en su música letras con un lenguaje “soez” y "erótico", “debido al imperante clima social convulsionado de nuestro país, no es bajo ningún punto de vista conveniente la asistencia de menores de edad con sus progenitores”.

En El Salvador, un menor de edad se entiende que es aquel que no ha alcanzado los 18 años. Pero si los jóvenes de 15 años no pueden ver 8 Mile, sí pueden ver, por ejemplo, la cinta Asesino en casa, estrenada este 2010, en un contexto en donde los homicidios se incrementan mes a mes. 

El fantasma de la homofobia

“Película que por su contenido de desviaciones sexuales, donde se visualiza a dos gays besándose…”. Ojo a la descripción "desviaciones sexuales". ¿Cuál película cree que fue evaluada de esta forma? ¿Brokeback Mountain (2006), Hush! –traída por la embajada de Japón en 2005- o Milk (2009)?

La exposición en pantalla de relaciones entre personas homosexuales es otro de los fantasmas que desvelan a la DEPRT. Cuando dos actores hacen las veces de homosexuales y se besan o se tocan o se desnudan en pantalla, la cinta de manera obligada irá a parar a la casilla para mayores de 18 o 21 años.

Veamos dos ejemplos. Brokeback Mountain, de Ang Lee, la película que narra la historia de amor entre dos vaqueros de Wyoming, Estados Unidos, tiene el siguiente dictamen: “En su contexto general solo el tema central de la misma es generador de algunas controversias, considerando que nuestra sociedad es extremadamente conservadora de principio y normas morales”.

Ahora, leamos el argumento, según la evaluadora, de la cinta: “(…) descubren que su sentimiento afectivo es mutuo, que no pueden vivir el uno sin el otro y violentando todas las normas y las reglas en el plano sexual…” Ojo con la precisión del comentario, "violentando todas las normas y las reglas en el plano sexual", pues el dictamen no alude a alguna normativa o instructivo específico sobre cómo deben ser las relaciones sexuales.

Tres años después, apareció en las salas de cine otra cinta cuyo contenido toca el tema de la homosexualidad. Milk, que narra la historia del activista y político estadounidense Harvey Milk, que defendió los derechos de la comunidad gay en San Francisco, Estados Unidos, tiene el siguiente análisis de la actuación de su protagonista: “Película muy bien adaptada su contenido y donde el famoso actor Sean Penn logra una magistral actuación, misma por la que es criticada por las escenas en donde se observa besándose con el mexicano Diego Luna”.

El comentario en el inicio de este bloque de texto corresponde a Hush!, del director Ryosuke Hashiguchi, y que narra la historia de una mujer que quiere quedar embarazada de un hombre que abiertamente se declara homosexual.

Al preguntarle a la nueva directora de la DEPRT sobre estos criterios, que todavía están presentes en el nuevo gobierno –Milk, por ejemplo, se evaluó en agosto de 2009- ella se distancia de las “subjetividades” de sus subalternos y se compromete a erradicarlas. “Yo no quiero subjetividades”, dice. Según Herrera, la DEPRT está poniendo sus barbas en remojo para definir nuevos criterios, esta vez técnicos, para controlar qué podemos ver, según rangos de edad, en las salas de cine.

Herrera plantea que lo que la DEPRT busca proteger es, sobre todo, la salud mental de los menores de edad, y de ahí la importancia de la clasificación. Para el sicólogo Boris Barraza, actor y director de teatro, esta reconceptualización de los criterios técnicos quedaría obsoleta si no se cambia a los evaluadores. “Estas personas tendrían que cambiar por completo su manera de pensar, reconceptualizar su visión de mundo para poder aplicar estos nuevos criterios”, dice.

Barraza incluso critica que la DEPRT sea más estricta con los temas de contenido sexual que con aquellas cintas que promueven violencia. “El aprendizaje vicario dice que uno hace un modelaje de lo que escucha, ve, lee. La constante exposición a cierto tipo de imágenes genera un patrón conductual en el individuo”, dice.

“Y no hablemos de censura. Hablemos de un tema que se necesita debatir. ¿En un país tan violento como este, es sano que nuestra juventud esté expuesta a Saw y sus secuelas?”, añade.

En México, que tiene unas de las industrias cinematográficas más importantes de Latinoamérica, hay un “acuerdo” creado por la Secretaría de Gobernación en 2002, en donde se establecen los criterios específicos para definir qué puede ver los niños menores de 7 años, todo público, 12, 15, 18 y 21 años.

En México, a diferencia de El Salvador, un desnudo no es sinónimo de afectación mental para menores de 12 años, por ejemplo, que entran en la categoría de “todo público”. “Los besos, abrazos y caricias son en un contexto afectivo o amoroso. Puede haber algún desnudo, pero no es en un contexto erótico ni humillante, no es frecuente, es breve, no es detallado ni exhibe genitales de los actores”, define este apartado de la ley.

En El Salvador, el apartado para todo público del reglamento solo define lo siguiente: “En este rubro se consigna aquel material que por su valor cultural, científico, deportivo, educativo, ecológico, recreativo y otros podrán ser apreciados por cualquier persona no importando la edad”. Así de amplio.

Herrera dice que esos vagos criterios serán cambiados por otros con mayor especificidad a la hora de delimitar qué podemos ver en las pantallas de cine, y plantea que es válido censurar –o editar partes no aptas para el público- cuando se busca que una cinta sea vista por menores de edad. De ahí para arriba, asegura, todo podría circular, aunque no se compromete a declarar que nunca censurarán ninguna película.

Ahora solo falta esperar los nuevos criterios de evaluación, que según Herrera se harán públicos tanto para radio como para cine y televisión. ¿Habrá un cambio o se seguirá viendo a Lucía y el *** cómo algo escandaloso? ¿O se intentará, de nuevo, como pasó en 2005, cambiarle el nombre a películas como La puta y la ballena por “La meretriz y el cetáceo"?

“¿Intentaron cambiarlo? No sabía. Pero si así se llama, ja, ja, ja, ¿por qué le vamos a cambiar el nombre?”, dice Herrera.

La Vida Loca nominada como mejor documental 2009 en Francia

La Vida Loca nominada como mejor documental 2009 en Francia

Christian Poveda dirigió en agosto del 2009 un taller de fotografía y video documental en San Luis Potosí, México.Esta foto fue captada por uno de los asistentes una semana antes de su asesinato. Foto Archivo

La prensa y la crítica francesa nominaron al documental sobre la mara 18 al premio Estrella de Oro de la prensa 2009 y ahora es finalista del certamen. El documental, que ofrece una mirada a la pandilla, fue realizado por el fotógrafo y documentalista francés Christian Poveda, quien según la Policía fue asesinado por la misma mara a la que retrató.

Daniel Valencia Caravantes.  EL FARO. Publicado el 27 de Enero de 2010

La prensa y la crítica del cine francés nominaron al documental La Vida Loca del fotógrafo y documentalista francés, Christian Poveda, al premio Estrella de Oro de la prensa 2009, en la categoría documental, según reporta Etoiles d’or du cinema en su página web.

El documental de Poveda, estrenado en septiembre de 2008, es finalista en el galardón, y cobró relevancia en el mundo entero tras el asesinato del productor y director, ocurrido el 2 de septiembre de 2009, en el cantón El Limón, municipio de Tonacatepeque, al norte de la capital salvadoreña.

La Vida Loca compite contra L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot (El infierno de Henri-Georges Clouzot), de Serge Bromberg y Ruxandra Medrea; y con Ne me libérez pas, je m’en charge! (No me liberen, yo me encargo!) de Fabienne Godet. La premiación será este 15 de febrero.

La Vida Loca, rodado en El Salvador, ofrece una mirada a la pandilla del barrio 18 desde la cotidianidad de una clica (grupo de pandilleros) radicada en la colonia La Campanera, una populosa colonia de clase media-baja ubicada en Soyapango, el segundo municipio con mayor número de población de San Salvador, la capital de El Salvador.

La filmación del documental, estrenado en septiembre de 2008 en el festival internacional de cine, en Donostia, España, duró 16 meses en los cuales Poveda llegó a interrelacionarse con los pandilleros retratados en su obra. Antes del documental, Poveda había destacado por sus fotografías sobre pandilleros y por su cobertura de la pasada guerra interna salvadoreña (1980-1992).

Asimismo, Poveda fue uno de los fundadores y curador de ESPhoto, un programa de exposiciones anuales colectiva de fotografía salvadoreña, cuya quinta edición –en 2009- contó con el homenaje post mortem de Poveda, asesinado el 2 de septiembre.

En diciembre de 2009, la Policía Nacional Civil confirmó que uno de los posibles móviles del crimen fue un desacuerdo entre la pandilla 18 y el realizador a la hora de hacer público el documental. Otro posible móvil, según las autoridades, es la participación de un agente policial, ya detenido, quien habría dicho a los líderes de la pandilla que Poveda era un informante de la policía. Hasta el momento hay 15 capturados, acusados de haber participado en el asesinato del fotoperiodista.

En julio de 2007, en una entrevista concedida a El Faro, Poveda habló de su trabajo con las pandillas en los términos siguientes: “La relación que hago es tomar el tema de las maras aquí como un tema universal. Vamos a lo peor que puede existir, lo peor que se puede hacer en política social para terminar generando este tipo de cosas; y tomarlo como un ejemplo universal para que nosotros, por lo menos en Europa, podamos ver las consecuencias de un fenómeno así. Porque si no lo frenamos, dentro de 10 o 15 años podrá pasar exactamente lo mismo que está pasando aquí”, dijo.

Amenazan de muerte a Procurador Luna y familia

Amenazan de muerte a Procurador Luna y familia
El Procurador de Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna, denuncia junto a los procuradores adjuntos las amenazas de muerte que ha recibido en su contra. Foto Diario Co Latino/Josué Parada


Gloria Silvia Orellana
Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La tranquilidad del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Oscar Luna, se ha visto interrumpida, luego que a la sede de Santa Ana y San Salvador, llamaran para amenazarlo y pedirle que abandone el país.

El titular denunció que la primer llamada fue realizada el pasado 8 de enero. El mecanismo fue llamar al conmutador de la sede de Santa Ana, pedir con el funcionario, al no acceder a pasarlo, la voz grave de un hombre dijo que era una amenaza para el defensor de derechos humanos.
La segunda llamada se registró el 19, en la sede de San Salvador, donde esta vez la advertencia fue que el titular tenía “48 horas para abandonar el país” junto a su familia.

En las dos llamadas, la voz se identificó como parte del “Grupo de limpieza social y de exterminio a la delincuencia”.

Incluso aseveraron que tenían un “infiltrado” dentro de la institución que seguía los pasos del Procurador Luna.

“Dichas amenazas perpetradas por medio de llamadas telefónicas, a esta institución y mi persona, las cuales advierten al procurador para que salga en las próximas 48 horas, para no interferir en el actuar contra la delincuencia”, explicó Luna esta mañana en conferencia de prensa.

El funcionario no profundizo sobre, quiénes podrían estar de tras de este hecho.
Aunque no descarta que tengan relación por sus cuestionamientos en el tema de seguridad pública, sus pronunciamientos en la muerte de tres ambientalistas y un bebé, incluso hasta la propia salida del ejército.

Dijo que ya las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR), tienen la información de las llamadas, para que se inicie una investigación de oficio.

Luna argumentó que este tipo de hechos no obstaculizarán su trabajo en la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños.

Se debe Analizar estado de excepción
El defensor de los derechos humanos dijo que se debe de analizar la iniciativa de impulsar en el país un estado de excepción, como lo propone el Ministro de la Defensa Nacional David Munguía Payés. Aunque, el general Munguía Payés, aclaró ayer que no es un estado de sitio, sino impulsar registros en algunos establecimientos de dudosa procedencia y cateos.

Pero, para la Luna, este tipo de medidas debe de garantizar resultados efectivos, de lo contrario sería un error impulsarlos. Incluso, consideró que si Munguía Payés pide este tipo de medidas, es porque la salida del ejército no sirvió para nada.

 “Creemos que no se puede restringir los derechos a la gente, se debe de respetar el orden constitucional del país”.

Fuerte temblor estremece El Salvador sin causar daños

Fuerte temblor estremece El Salvador sin causar daños

Una joven queda petrificada en medio del parqueo de la Asamblea Legislativa durante el temblor de las 9:40 de la mañana del 18 de enero. San Salvador. Foto Mauro Arias

El Faro.  Publicado el 18 de Enero de 2010

Un sismo de gran magnitud sacudió El Salvador y Guatemala a las 9:40 de la mañana de este lunes, con epicentro a escasos 32 kilómetros de la ciudad de Ahuachapán, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Servicio de Estudios Territoriales salvadoreño le asigna una magnitud de 6 grados, aunque el USGS le da 5.8 grados Richter.

El movimiento telúrico que meció la mañana de este lunes a El Salvador y Guatemala tuvo una magnitud mayor a la del terremoto que causó grandes destrozos en San Salvador el 10 de octubre de 1986, aunque los reportes de Cruz Roja señalan que no hubo daños.

Originalmente, el Sergicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador (SNET) registraron una magnitud de 6 grados en la escala de Richter, aunque posteriormente el USGS revisó el dato y lo dejó en 5.8 grados. El SNET registró una réplica una hora y 17 minutos más tarde, que alcanzó los 4.2 grados Richter.

El SNET informó que el temblor de las 9:40 fue tan intenso que en San Salvador alcanzó la mitad de la escala Mercalli, de 12 puntos.

La escala Richter mide a potencia de un sismo en términos de la energía que libera. El temblor se produjo pocos segundos después de las 9:40 de la mañana y apenas 5 días después del aniversario del devastador terremoto de 7.6 grados (dato revisado, pues originalmente se otorgó una magnitud de 7.1 grados) del 13 de enero de 2001.

El 10 de octubre de 1986, San Salvador sufrió graves daños cuando un temblor de 5.4 grados Richter destruyó unas 60 mil viviendas y mató a mil 500 personas.

El temblor de este lunes tuvo su origen frente a las costas de Guatemala, cerca de la frontera con Ahuachapán, y ha sido el más fuerte registrado en todo el mundo este lunes, junto a uno ocurrido en el norte de Japón, que también alcanzó los 5.8 grados.

El Salvador colaborará con rescates en Haití

Miércoles, 13 Enero 2010

Por Gregorio Morán

Entre los posibles 100 mil muertos que dejó el terremoto de 7.3 grados (Escala de Richter) que desoló a Haití, se encuentra el jefe de la misión de la ONU, Hedi Annab, y entre los desaparecidos está el salvadoreño Gerardo Lechevalier

SAN SALVADOR - El gobierno salvadoreño anunció este miércoles que enviará en las primeras de horas del jueves una delegación que ayudará a rescatar sobrevivientes o víctimas mortales del terremoto que sacudió a Haití el pasado martes.

El equipo de socorritas, conformado por ocho bomberos y cuatro miembros de Cruz Roja Salvadoreña especializados en rescate, estará auxiliado de un perro llamado "Simon", de raza labrador y entrenado para ubicar a las víctimas, dijo el ministro de Gobernación, Humberto Centeno.

El perro localizó sobrevivientes de la tormenta Stan que azotó al país en 2006, además, "Simon" ha sido capacitado en México para casos de desastres, dijo el director del Cuerpo de Bomberos, Abner Hurtado.

El equipo especializado es el primero de la historia de El Salvador que se envía en misión internacional y partirá en las primeras horas del jueves para que aterricen en Haití al mediodía de ese mismo día, según Centeno.

Además de la delegación de El Salvador también acudirán otras de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica, y en conjunto serán 146 rescatistas los que estarán trabajando conjuntamente, detalló el ministro.

Los contactos con Haití se hicieron a través de las representaciones diplomáticas de República Dominicana y México, debido a que El Salvador no tiene personal diplomático en la isla afectada por el terremoto.

La delegación estará en Haití durante siete día, en cumplimiento del ordenamiento internacional para casos de desastres, dijo Centeno.

Desaparecido

Mientras tanto, familiares y amigos de Gerardo Lechevalier, quien es parte de la misión de la ONU en Haití, dijeron a ContraPunto que se encuentran "preocupados" porque el otrora dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la década de los 80 se encuentra desaparecido en Puerto Príncipe, la capital haitiana, junto a otros 99 miembros de la misión destacada en la isla.

Lechevalier es un funcionario de alto nivel de la misión de la misión de la ONU y a la hora del siniestro se encontraba en la sede de la misión, en la cual también se encontraba el presidente de la misma, el tunecino Hedi Annabi, cuya muerte como consecuencia del sismo fue confirmada la tarde de este miércoles por el presidente haitiano, Rene Preval.

"El embajador Annabi murió. Enviamos nuestras condolencias a toda la comunidad internacional" , dijo Preval a periodistas el miércoles en Puerto Príncipe, según un despacho internacional de la agencia Reuters.

Las autoridades de la ONU, no obstante, no han confirmado la muerte de Annabi, aunque dijeron que sí han fallecido 14 miembros de la misión: 10 brasileños, tres jordanos y un civil haitiano. Estos fallecidos son parte de los llamados "Cascos Azules", es decir, personal militar de la ONU.

Pero, "el número de víctimas y muertos puede ser extremadamente alto", dijo el jefe de las fuerzas de paz de la ONU, Alain Le Roy, a periodistas, porque "el edificio se derrumbó con unas 100 personas dentro" y la mayoría del personal aún se encuentra bajo las ruinas, explicó

En todo caso, el terremoto en Haití ha provocado que las misiones de paz de la ONU sufran en la isla la mayor tragedia de la historia de éstas.

Y en El Salvador, el ministro de Relaciones Exteriores en funciones, Jaime Miranda, dijo que se estima que 14 salvadoreños civiles viven en Haití y por el momento se hacen las gestiones para conocer la situación de los compatriotas.

Mientras tanto Carlos Ascencio, director de la Policía Nacional Civil, dijo que El Salvador mantiene una delegación de unos 20 miembros en aquella isla, y todos se encuentran bien.

No obstante, un emisario policial viajará en las próximas horas a Puerto Príncipe, para conocer de forma directa el estado en que se encuentran los policías salvadoreños.

Deportados: los sueños que quedan en el camino

Un total de 120 salvadoreños, entre hombres y mujeres, llegaron al aeropuerto de Comalapa, deportados desde la ciudad de Harlingen, Texas. Los salvadoreños realizan su respectivo chequeo de arribo para posteriormente ingresar libremente al país.

Zoraya Urbina
Redacción Diario Co Latino

José (nombre ficticio) se graduó de bachillerato con la ilusión de trabajar para ayudar a su familia y pagar sus estudios universitarios; después de un año de buscar y no encontrar un empleo decidió emigrar a los Estados Unidos.

En octubre empacó unas pocas pertenencias y emprendió el camino que creyó lo llevaría a realizar sus sueños, después de dos semanas de viaje llegó a su destino. Pero al cruzar la frontera fue detenido por las autoridades de Migración de ese país.

Después de un mes su familia no sabía nada de él y buscó en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde,  luego de investigar, les informaron que estaba en un centro de detención para ilegales y que lo deportarían en los primeros días de enero de este año.

Al borde del llanto, su padre recuerda que tuvo que hipotecar su casa para pagarle al coyote, “ahora no sé cómo vamos a hacer, pero mi hijo ya está aquí y eso es lo mejor”. Este martes, José, junto a 120 repatriados y repatriadas más, llegó al país en un vuelo fletado en el que también viajaba el Viceministro para salvadoreños en el Exterior, Juan José García, y el Subsecretario Adjunto de Operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Alonso Peña.

Previo al viaje, los funcionarios visitaron el centro de detención de Willacy, Raymondville, Texas, para corroborar las condiciones en las que están los detenidos que luego son deportados a sus lugares de origen.

García explicó que esta acción corresponde a las políticas del Gobierno de Mauricio Funes, en el sentido de velar por los derechos de los compatriotas que residen fuera del país.

En este sentido, anunció la creación de un grupo de trabajo binacional entre El Salvador y Estados Unidos en el que se abordaran temas referentes al proceso de inmigración de salvadoreños y salvadoreñas.

Según Alonso, aunque este es un tema difícil, el Gobierno estadounidense trabaja para que el proceso de deportación sea respetuoso de los Derechos Humanos de los inmigrantes.

No obstante, una de las personas que regresaron deportadas dijo que el trato que les habían dado era malo; ejemplificó el caso de un joven al que las autoridades migratorias de Estados Unidos que vigilaban el centro de detención, amedrentaban diciéndole que como castigo lo enviarían a Irak.

La versión del maltrato fue corroborada por otros deportados. “Ahí lo tratan a uno peor que un animal, no le prestan atención cuando hay un enfermo, lo llegan a ver hasta que les da la gana”, dijo un hombre que emigró en 2005, y que fue detenido mientras conducía sin documentos que respaldaran su estancia en ese país.

Daniel salió de La Unión con rumbo al norte en 2000, en Houston, Texas, trabajaba en construcción. “Ganaba $20 la hora, con lo que ganaba compré un solar para mis padres y les construí una casita, pero me falta, así que nomás que pueda reunir pisto me regresó para allá”, relata.

El año pasado 19 mil 175 compatriotas fueron deportados de Estados Unidos, según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. En lo que va de 2010 este es el cuarto vuelo que arriba con personas deportadas.

En este contexto, este día el grupo de trabajo conjunto tendrá una reunión para discutir medidas alternas para los repatriados y temas tales como: reinserción laboral, mejoras en el Programa Bienvenido a Casa y temas de seguridad.

En la comitiva salvadoreña viajaron también, el Encargado de Negocios de la Embajada salvadoreña en Washington, Francisco Altschul; el Director de Migración, Francisco Rubén Alvarado; el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, David Morales y la cónsul en Houston, Ana Silvia de Gallo. Mientras las reuniones y las discusiones para mejorar la condición de los salvadoreños en el extranjero y de los que son repatriados, el padre de José tiene que buscar como conseguir dinero para pagar sus deudas y “rebuscarme para ver cómo le consigo un trabajo, pero gracias a Dios mi hijo ya está de regreso y vino bien”.

2009 el año más violento desde 1992

El Salvador finalizó 2009 sin un plan antidelincuencia y con 4 mil 365 homicidios, una cifra récord en tiempos de paz y que probablemente devuelva a El Salvador el título del país más violento del continente que ostentó de 2005 a 2007. La cantidad de personas asesinadas equivale a siete veces el número de habitantes del municipio menos poblado de El Salvador.

El Salvador registró en 2009 una epidemia que mató a uno de cada mil 374 habitantes, con lo cual, según la Policía Nacional Civil, se convirtió en el año más violento desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

La PNC reveló que según sus datos, 4 mil 365 personas fueron víctimas de homicidio en los 12 meses previos, los siete últimos correspondientes al primer gobierno de izquierda en El Salvador.

En los últimos años, solo 2006 se había acercado a los 4 mil homicidios anuales, y aunque en 2007 y 2008 estos crímenes se redujeron ligeramente, 2009 inició con un repunte que se agudizó tras la instalación de las nuevas autoridades de seguridad pública.

La cifra muestra un aumento del 37% respecto de los homicidios ocurridos en 2008, aunque el dato aún debe someterse a revisión entre PNC, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal. Usualmente, los números de la Policía son los más altos de las tres instituciones.

Según el subdirector de la PNC, Carlos Ramírez Landaverde, gran parte de los asesinatos son perpetrados por pandilleros contra pandilleros.

La tasa de homicidios en El Salvador en 2008 fue de 55 por cada 100 mil habitantes, es decir, uno de cada 2 mil habitantes falleció víctima de la violencia. En todo el continente, solo Honduras, con una tasa de 58 por cada 100 mil, fue más violento. Según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa que supere los 10 por 100 mil es considerada epidemia de homicidios.

Esos datos, sin embargo, quedarán pequeños en la historia cuando se comparen con los de 2009, pues con la cifra preliminar revelada por la PNC, la tasa rondará los 72 por cada 100 mil, o sea una de cada mil 374 personas cayó víctima de la violencia.

En los últimos años, toda Centroamérica sobrepasó la barrera de la tasa de 10 por 100 mil, aunque con grandes distancias, pues Costa Rica, por ejemplo, registró en 2008 una tasa de 11.

Las autoridades policiales al parecer no tienen suficiente claridad sobre las cifras, pues Ramírez Landaverde aseguró que el aumento del 37% de homicidios respecto del año anterior se acumuló en la primera parte de 2009, lo que no es cierto. "El alza fue sobre todo durante los primeros seis meses del año. Al finalizar el año porcentualmente se mantiene esa proporción por encima de 2008 durante todo el año. No ha habido un incremento marcado en los últimos meses", declaró el funcionario. Los mismos datos de la PNC, sin embargo, contrarían esa versión, pues en los primeros cinco meses de 2009, que fueron los últimos del gobierno de Antonio Saca, hubo un promedio de 11.89 homicidios al día. Siete meses después, el promedio subió ligeramente a 11.95, lo que significa que fue en el inicio del gobierno de Mauricio Funes cuando se recargó la balanza. Y a ese período correspondió el mes más violento del año, que fue octubre, cuando ocurrieron 435 homicidios.

El gobierno de Funes había iniciado con un primer trimestre que registró una ligera reducción en el ritmo diario de asesinatos. De los 11.89 que dejó Saca, entre junio y agosto el promedio había caído a 10.65, pero luego vino octubre, que revertió la tendencia.

Fue precisamente en ese mes cuando el gobierno de Mauricio Funes decidió reforzar a la PNC llevando a las calles a 6 mil 500 efectivos militares. El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, se comprometió entonces a reducir hasta en un 10% la delincuencia en un período de seis meses si se aprobaban sus planes de apoyo a la seguridad pública. Eso significa que para abril de este año el promedio diario debería andar por los 10.7 homicidios.

La cifra de homicidios en 2009 es tan alta que supera a la población conjunta de los cuatro municipios menos poblados del departamento de Chalatenango. Según el censo de población de 2007, San Francisco Lempa, Las Vueltas, Azacualpa y San Luis del Carmen tenían en conjunto 4 mil 111 habitantes.

Para hacerse una idea de la cantidad de asesinatos ocurrida en 2009 baste observar que la cifra equivale a casi siete veces la población del municipio con menos habitantes de El Salvador, que es Mercedes La Ceiba, y que según el censo tenía 637 pobladores.

Hasta ahora, después de siete meses de gobierno, la administración Funes no ha dado a conocer un plan para atacar el problema de violencia, y se ha limitado a anunciar algunos pequeños refuerzos en el número de policías y en aumentar la cantidad de soldados que apoyan a la PNC en patrullajes.

Ramírez Landaverde aseguró que el 70% de los homicidios registrados en 2009 fueron cometidos con armas de fuego, lo que supuso una reducción respecto del 80% histórico que registraba El Salvador.

Diego Murcia. Publicado el 3 de Enero de 2010.  EL FARO