El enfrentamiento del gobierno de facto de Honduras con la comunidad internacional subió este domingo de volumen cuando las autoridades negaron el ingreso de una misión de avanzada de la Organización de Estados Americanos, y Tegucigalpa consideró que la embajada de Brasil en el país centroamericano dejará de existir en un plazo de 10 días.
“Las relaciones están rotas desde ayer, cuando se emitió el comunicado, pero se da un período de cortesía internacional para que los funcionarios puedan entregar sus carnés, sus placas diplomáticas y puedan arreglar sus asuntos para marcharse”, resumió este domingo el canciller, Carlos López Contreras.
El comunicado al que hizo referencia fue uno emitido el sábado en el que se plasma un ultimátum a Brasil, para que en 10 días máximo defina si da asilo político al depuesto presidente Manuel Zelaya o lo entrega a la justicia hondureña.
“El título y el privilegio de Brasil de tener una misión en Honduras se acaba en 10 días… los 10 días están corriendo”, respondió el canciller, en rueda de prensa, cuando se le preguntó qué significaba las “medidas adicionales” con las cuales advertía en ese comunicado a Brasilia, en caso de que el gobierno del país suramericano no acate el plazo para entregar a Zelaya o darle algún estatus de refugio.
El comunicado en ningún momento habla de ruptura de relaciones, pero Contreras se encargó de aclarar las cosas junto a la vicecanciller, Marta Lorena Castro.
Sobre el cierre de la misión diplomática brasileña en Tegucigalpa adujo que simplemente se trata de devolver la moneda que el gobierno de Lula da Silva le dio hace meses, cuando resolvió no reconocer al régimen golpista. “Si no existe esa relación bilateral, la embajada evidentemente tiene que despojarse del escudo y pasa a ser una oficina privada”, subrayó.
De paso, eso mismo es lo que está haciendo el país centroamericano con las misiones diplomáticas de Venezuela, Argentina, México y España, que unilateralmente decidieron retirar a sus embajadores, y ahora que alguno de estos gobiernos, como el de España, pretenden el regreso de su emisario, Honduras los rechaza.
“Fue Brasil el que rompió con el actual gobierno, al desconocerlo. Ahora, simplemente lo que estamos haciendo es reciprocando. No es posible que nuestra representación la cierre y nosotros dejemos abierta indefinidamente una situación del personal de Brasil en Honduras”, agregó Contreras.
Por eso es que estos plazos servirán para que el personal diplomático entregue credenciales, placas de automotores diplomáticas y retire las banderas y escudos que identifican a las embajadas.
En el caso de Brasil, cuyo presidente Luiz Inacio Lula da Silva respondió al ultimátum diciendo que no acepta ese tipo de condiciones “de un gobierno golpista”, el canciller dijo que eso es incumplir una norma del país sede. Sin embargo, subrayó que tras esta decisión no subyace ninguna intención de allanar las instalaciones para capturar a Zelaya.
Manuel Zelaya cumplió este domingo su séptimo día de refugio en la embajada, donde desde el lunes pasado, cuando llegó al edificio, recibió a centenares de seguidores que llegaron a apoyarlo. Una semana después, Tegucigalpa acusa a Zelaya de estar predicando subversión aprovechando el albergue diplomático, y a Brasil le reclama por su responsabilidad no solo en permitir esta situación, sino en propiciarla.
“El señor Zelaya entró con el patrocinio del gobierno del presidente Lula, de su canciller, y en consecuencia hay responsabilidad directa e inmediata del gobierno del presidente Lula. Si no reconoce a este gobierno, tiene una responsabilidad con el pueblo hondureño y con las personas a las que autorizó a entrar en las oficinas de Brasil en Tegucigalpa. Ellos son los directamente responsables”, dijo Contreras.
En su comunicado del sábado, Cancillería expresaba que es intolerable el rol del gobierno brasileño en la crisis de Honduras, al tender la mano como lo ha hecho con Zelaya. “Ningún país puede tolerar que una embajada extranjera sea utilizada como base de mando para generar violencia y romper la tranquilidad, como el señor Zelaya lo ha estado haciendo desde su ingreso al territorio nacional”, dice el comunicado.
Zelaya se encuentra relativamente seguro en la embajada, en la medida en que según la Convención de Viena, esas instalaciones son consideradas territorio del país acreditante, y por lo tanto no podrían ser allanadas por la fuerza pública del paíse sede, Honduras. Sin embargo, si pierde el estatus de embajada, en teoría ya no existe esa protección reconocida internacionalmente. Por eso tres periodistas brasileños insistieron en la rueda de prensa al canciller sobre la posibilidad del allanamiento, y él lo negó todas las veces que lo consideró necesario.
“Por cortesía y por la relación de civilidad que tiene el gobierno de Honduras no va a meterse en ella por el hecho de que baje los escudos, de ninguna manera”, dijo Contreras, cuando se le preguntó si vencido el plazo de los 10 días, cuando la embajada pase a ser considerada una oficina privada común y corriente, Zelaya puede esperar que entren a arrestarlo.
Cuatro horas antes de estas palabras, tres representantes de la Organización de Estados Americanos se disponían a salir de Tegucigalpa en un vuelo hacia Costa Rica, debido a que el gobierno de Roberto Micheletti les impidió su ingreso.
Los funcionarios fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, y constituían una misión preparatoria de la delegación de alto nivel que pretende ayudar a mediar en la crisis, y que podría encabezar el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Poco después del mediodía, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón, aseguró que los funcionarios de la OEA habían sido devueltos a sus países de procedencia por órdenes del gobierno.
La razón para negarles la entrada es que no era el momento oportuno para su llegada. “Cayeron aquí un poco de sorpresa, porque estaban prevenidos de que no estaba lista todavía la oportunidad procesal para su llegada, porque existe un proceso en marcha de conversaciones en la búsqueda de un acuerdo por la vía que nosotros llamamos ‘una solución hondureña’”, explicó el canciller.
Según Contreras, los funcionarios de la OEA –cuyas nacionalidades dijo no conocer- se arriesgaron a ser rechazados porque sabían que aún no había fecha acordada para su ingreso al país. “Estos funcionarios estaban claramente advertidos de que no deberían anticipar su presencia aquí, lo hicieron de todas maneras y se les instó a que regresaran y que oportunamente se les iba a comunicar… se la jugaron”.
El ministro dijo que espera que esta semana pueda llegarse a un acuerdo con el organismo hemisférico para ponerle fecha a la llegada de la misión de la OEA. Dijo que se trataba de cuatro personas y que a una de ellas, que es el representante de la OEA en Uruguay, se le permitió ingresar a Honduras. “Por razones muy particulares: es colaborador cercano del proceso de mediación que se realiza en Costa Rica, y por lo tanto pensamos que era conveniente que estuviera en Honduras en estos momentos”.
Autorización para cerrar medios de comunicación
Estos momentos son unos en los que a nivel de relaciones internacionales, el gobierno parece más conflictuado que nunca, y a nivel interno, el gobierno está recibiendo presiones para flexibilizar su posición en la búsqueda de una salida a la crisis, que este lunes cumple tres meses exactos, desde cuando los militares derrocaron a Zelaya y lo desterraron.
En los últimos cuatro días, por diversos medios, del discurso del presidente de facto Roberto Micheletti desapareció la exigencia de que no se contemple la posibilidad de restitución de Zelaya en el poder para sentarse a dialogar.
No obstante, la vocería de la presidencia de la República asegura que esa condición persiste. En coincidencia con un comunicado de Micheletti en el que decía que solo pedía que Zelaya reconozca la validez de las elecciones del 29 de noviembre, los cuatro candidatos presidenciales que esta semana tuvieron sendas reuniones, primero con Micheletti y luego con Zelaya en la embajada brasileña, tampoco se animaron a descartar públicamente la discusión de la restitución.
En Tegucigalpa, este domingo se supo que una hija de Micheletti regresó de Estados Unidos, donde trabajaba en la embajada hondureña en Washington. Aunque las versiones de sectores opuestos al gobierno hablaban de expulsión, la vicecanciller se limitó a admitir que la hija del presidente de facto volvió a Honduras.
Estos momentos también son posiblemente de los más agudos desde cuando se produjo el golpe, porque el gobierno anunció en cadena nacional de radio y televisión, este domingo, la suspensión de garantías constitucionales, que ya puso en alerta a algunos medios de comunicación, que prevé su inminente cierre.
El gobierno anunció que ha enviado al Congreso una propuesta de decreto para suspender por 45 días la libertad de reunión y autorizar el cierre de medios de comunicación que alteren el orden público.
La vicencanciller Castro utilizó el término que describe lo que se utilizará como excusa para tomar algunas medidas excepcionales contra quienes incurran en algunas conductas: “subversión”. Y lo relacionó precisamente con Zelaya. “Existe un fenómeno en Honduras que no existía, y es la presencia del señor Zelaya en la embajada de Brasil, donde él está generando un lenguaje que llama a la subversión”.
La noche del sábado, Zelaya llamó a los hondureños a “una ofensiva final”, que pretende comenzar este lunes con una manifestación masiva compuesta por personas llegadas de todo el país, para seguir presionando a favor de su restitución.
Cuando El Faro consultó vía telefónica con el vocero del Ministerio del Interior, Francisco Zúniga, este dijo que el decreto de suspensión de garantías aún no estaba publicado en la Gaceta Oficial. Sin embargo, desde el mediodía, la Radio Globo, adepta a Zelaya, estuvo anunciando la medida gubernamental y dieron por hecho que el ejército acudirá a cerrar la radio en cualquier momento.
Zúniga informó que uno de los alcances del decreto está relacionado con la libertad de reunión. Otro tiene que ver con la libertad de expresión, y limitará “cualquier llamado a la subversión por radio, televisión o cable”, explicó.
Según la propuesta de decreto, firmada por Micheletti, se faculta a las Fuerzas Armadas y a la policía a detener a “toda persona que ponga en peligro su propia vida o la de los demás y a desalojar todas las instituciones públicas donde se realicen protestas.”
También combatirá aquellas conductas que contraríen las decisiones del gobierno, con lo cual lanza un atarrayazo contra las protestas de la Resistencia. “Se autoriza a las Fuerzas Armadas impedir la emisión por cualquier medio hablado escrito o televisado, de manifestaciones que atenten contra la paz y el orden público o que atenten contra la dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales”.
Asimismo, la institución estatal encargada de las telecomunicaciones, Hondutel, “queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o compañía de cable que no cumpla con estas disposiciones”.
En Honduras hay varios medios que hacen confrontación abierta con el gobierno de Micheletti y sus decisiones. Radio Globo es una de las más relevantes, aunque también el canal de televisión Canal 36.
Cuando a Contreras y a la vicecanciller se les preguntó si era cierto que estaba en marcha un plan para suspender las garantías constitucionales, los funcionarios dijeron no conocer esa información.
