El camino que conduce a la hacienda Peñas es pedregoso y cuesta arriba. El vehículo expedicionario ha atravesado senderos rocosos y angostos en las faldas del nororiente del volcán Chichontepec, en el departamento de San Vicente. Hace más de una hora, quedó atrás la calzada. Allí quedaron las haciendas La Suiza, La Iberia y Siete Joyas. Y al fin, la primera etapa del viaje concluye frente a un portal de madera cerrado con candado que nos obliga a caminar. La vista calcula 300 metros de subida. Para Arnoldo García Cruz, de 40 años, falta poco para encontrarse con su pasado. Un viaje 28 años atrás, cuando era un niño de 12, cuando aún jugaba con sus hermanas Sofía, de 10, y Vilma, de seis, y los cuidaba Mariana, su joven madre. Cuando todavía ellas tres no habían desaparecido.
Arnoldo camina cojo. Una lesión en la pierna derecha por la explosión de un mortero durante los inicios de la guerra, en 1982, lo dejó así para siempre. El accidente sucedió un año después de la llamada masacre de la hacienda Peñas, que fue documentada en periódicos y noticieros de la época, aunque no como una masacre, sino como el más grande operativo militar conjunto montado hasta entonces por el Ejército en su lucha contra la guerrilla del FMLN. Hoy, poco le importa a Arnoldo su impedimento físico, y sigue caminando sin cesar hacia donde sucedió todo. Allí donde vio por última vez a sus dos hermanas y a su madre.
Los recuerdos de Arnoldo son lúcidos.
Llovía. Ese día, 4 de junio de 1981, a las 6 de la mañana, pobladores civiles de varios asentamientos que se ubicaban en las faldas del volcán Chichontepec de San Vicente recogieron cuanto pudieron de sus pertenencias y dieron inicio a una larga caminata cerro arriba. No se trataba de un multitudinario paseo. La razón de la emigración de más de mil personas, todas campesinas, entre las que se contaban mujeres, ancianos y niños, fue porque unidades guerrilleras les habían informado que la Fuerza Armada de El Salvador acababa de lanzar un operativo militar llamado de “rastreo” y “limpieza”.
La familia de Arnoldo, que estaba integrada por su padre, Manuel de Jesús Cruz; su madre, Mariana García; y sus hermanas, Hilda –la mayor de todos–, Sofía y Vilma, se habían asentado meses antes en Siete Joyas, luego de huir de operativos militares en el cantón El Zacatillo de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, de donde eran originarios. Esta sería la segunda vez que se tendrían que trasladar hacia otro lugar para protegerse de la naciente guerra.
La caminata fue larga. Cerca de las 3 de la tarde, bajo la lluvia, llegaron a la hacienda Peñas, que estaba abandonada. Aunque la infraestructura se encontraba intacta. Allí había varias galeras que servirían de refugio, al menos por una noche, para luego seguir con el camino volcán arriba. En el grupo de civiles también iban guerrilleros, quienes, según las documentaciones recogidas después de los Acuerdos de Paz y testimonios de testigos, daban protección a la gente ante una eventual emboscada del Ejército.
La gente descansó un momento, y luego se dividió en grupos de alrededor de 300 personas para entrar a las galeras y pasar la noche. El cielo seguía nublado, y todos estaban empapados y muchos tenían frío. Manuel de Jesús e Hilda se quedaron juntos. Arnoldo integró, solo, otro grupo. Y Mariana, Sofía y Vilma se dirigieron a una galera más segura. Allí, en esa hacienda, la familia García Cruz estuvo unida por última vez.
Arnoldo recuerda que una ráfaga rompió el silencio. Los guerrilleros detectaron una emboscada que los soldados preparaban en una loma paralela a la hacienda y abrieron fuego. Mucha gente que ya estaba dentro de los cuartos quiso salir. Otros que permanecían fuera empezaron la huida, como Manuel de Jesús e Hilda. Pero muchos como Arnoldo se quedaron boca abajo dentro de las galeras.
Cuando terminó la balacera, el Ejército había eliminado a los guerrilleros que acompañaban a los civiles. Llegaron a los cuartos, entraron y dispararon sus armas contra quienes estaban refugiados. Luego, se les ordenó a los sobrevivientes pararse y fueron obligados a salir, y fueron reunidos afuera de las galeras. Agruparon a varios hombres y los ejecutaron con ametralladoras frente a la gente. En el camino principal de la hacienda yacían muertos. Arnoldo estaba allí. Con apenas 12 años, lo vio todo, y lo recuerda en esta hacienda 28 años después.
—Fue traumático para mí ver tanta gente muerta. Pero mi angustia mayor era por mis papás y mis hermanas, porque no los veía por ningún lado. Recuerdo que lloraba porque no los veía con los sobrevivientes. Me sentí solo. Yo solo volvía a ver al cuarto donde se había metido mi mamá con la Sofía y la Vilma. Pero nada. Y entonces yo ya pensé lo peor.
A los sobrevivientes los situaron en una de las galeras. Allí pasaron la noche. Arnoldo no durmió pensando en su familia y en la soledad en la que se encontraba, como lo describe hoy. El día siguiente, perdió el temor y le suplicó a un soldado que lo dejara verificar si alguien de su familia estaba aún con vida.
—Me dijo que me iba a llevar a donde estaban apilando a los muertos. Él iba detrás de mí. Había muchas mujeres, algunos niños, y la mayoría eran hombres adultos. Busqué a mi familia por todos lados, me preocupaba mucho mi mamá. Mis hermanas. No encontré a nadie. “Vos no te aflijás –me dijo el soldado–, lo más seguro es que se las llevaron. Si no están aquí es porque se las llevaron. Después las vas a encontrar”.
Arnoldo y el grupo de sobrevivientes, menores de edad casi todos, fueron puestos en fila y se les ordenó que caminaran volcán abajo, sin desviarse, hasta la hacienda Paz Opico, donde se encontraba un puesto militar. De allí fueron trasladados a San Vicente, donde esperarían a las Damas Voluntarias de la Cruz Roja, que habían instalado cinco campamentos en todo el departamento para unos 4,000 refugiados, entre los que había un gran número de niñas y niños.
Lo sucedido en la hacienda Peñas está documentado hoy en los informes de investigaciones sobre desapariciones forzadas durante el conflicto armado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), publicados en 1998 y 2004, y que han servido como referencia para la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional.
Los encabezados de las noticias de entonces daban cuenta de lo que sucedía en las faldas del volcán de San Vicente. La Quinta Brigada de Infantería, de ese departamento, dirigía un operativo de rastreo y limpieza, en el que se enfrentaba con extremistas que habían establecido campamentos en el Chichontepec. Las acciones militares eran acompañadas por los cuerpos de seguridad, conformados por la Policía de Hacienda. Cerca de 3,000 efectivos de la Fuerza Armada participaron del operativo, por lo que en los periódicos se publicó que otros batallones y brigadas también brindaban apoyo, aunque el Ejército se abstuvo durante esos días de dar una información más detallada.
Los lugares de rastreo y limpieza del Ejército comprendieron San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma, Zacatecoluca, San Cayetano Istepeque, Verapaz, Nuevo Tepetitán, San Vicente, Tecoluca, y los cantones y las haciendas Los Laureles, La Cayetana, Paz Opico, León de Piedra, La India, Siete Joyas –donde se habían asentado los García Cruz–, 4 de Mayo, La Iberia, Puente Negro, San Bernardino y Colima.
San Vicente fue declarado Zona Crítica por el Ejército. Eso significaba que las salidas del departamento estaban bloqueadas por retenes militares y que ninguna persona podía entrar ni salir sin pasar por una estricta revisión de los soldados. Las noticias nunca hablaron de víctimas civiles, ni de separaciones forzadas de familias campesinas. Algunas agencias internacionales de prensa filtraron información sobre ejecuciones de la población civil, pero el Ejército lo negó.
De esa manera, después de 12 días, concluyó el operativo en San Vicente. Los datos del centro de prensa militar fueron puntuales: “Doce campamentos guerrilleros desmantelados, donde se decomisaron pertrechos de guerra, clínicas bien equipadas, áreas de entrenamiento, equipo de comunicaciones, equipo de oficina, máquinas de escribir, mimeógrafos manuales y una regular cantidad de armas y municiones”.
Los años anteriores a que Mariana, Sofía y Vilma fueran desaparecidas ya se pintaban grises para la familia García Cruz. En 1975, su padre integró un movimiento campesino que reclamaba mejores condiciones laborales en los campos de algodón en La Paz. Las manifestaciones eran atenuadas por la Policía de Hacienda. Más tarde, miembros del movimiento empezaron a ser registrados en listas por las autoridades. Manuel de Jesús Cruz fue uno de los anotados.
Las autoridades hacían operativos para capturar a los miembros y dirigentes de los movimientos campesinos. Manuel de Jesús logró escapar dos veces de la Policía de Hacienda. La situación conflictiva de finales de los años setenta llevó a los García Cruz a separarse. En 1980, el padre marchó a San Vicente, a protegerse en campamentos de refugiados por la llamada “persecución” de los cuerpos de seguridad, y Mariana y sus cuatro hijos se fueron a Zaragoza, en La Libertad, y allí se resguardaron con unos familiares.
La ofensiva final del 10 de enero de 1981 fue el inicio de la guerra salvadoreña. En marzo de ese mismo año, el constante acercamiento de las autoridades en La Libertad hizo que Mariana y sus hijos buscaran otro lugar para protegerse y dejar de poner en riesgo a sus familiares. El hecho de que Manuel de Jesús estuviera identificado como miembro de un movimiento campesino lo relacionaba de algún modo con la guerrilla, y significaba un grave riesgo para su familia.
La mujer buscó a su esposo en Tecoluca, San Vicente, y lo encontró en la hacienda Siete Joyas. Allí, juntos, convivieron con otras familias campesinas que habían sido desplazadas de sus lugares de origen, de la misma forma que los García Cruz. Allí se asentaron al fin, en las faldas de un volcán en que también acampaba la guerrilla. Arnoldo estuvo con Hilda, Sofía y Vilma, con su madre y su padre, en esos pocos meses antes del operativo de la Fuerza Armada en junio.
Arnoldo, seis meses después de los acontecimientos de la hacienda Peñas, supo que su padre y su hermana Hilda habían sobrevivido al operativo. Se volvieron a encontrar en 1982, en San Vicente. En ese mismo año, meses después de haberse incorporado a la guerrilla en el área de logística, a su corta edad, en un enfrentamiento armado contra el Ejército, un mortero explotó muy cerca de Arnoldo y le produjo la lesión en la pierna derecha que al día de hoy lo hace cojear.
Años después de la lesión, como parte de un canje que hizo el Gobierno y la guerrilla de liberar a la hija del presidente José Napoleón Duarte a cambio de trasladar libremente a varios guerrilleros lisiados a Cuba, Arnoldo dejó El Salvador. Esta vez, ya no perdió la ubicación de su padre y su hermana mayor, con quienes se mantuvo en comunicación. Manuel de Jesús e Hilda pasaron la guerra buscando a Mariana, Sofía y Vilma. Incluso tras el regreso de Arnoldo al país en 1991, los tres juntos nunca lograron tener un indicio de ellas. Nada.
La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, que desde su fundación hace 15 años ha recogido 836 denuncias de desapariciones forzadas durante la guerra y ha logrado localizar a 391 personas, tiene registrado el caso de las hermanas García Cruz. El 31 de mayo de 1996, la asociación denunció ante la PDDH 141 casos de víctimas de desaparición forzada, e incluyó cuatro más, entre los que estaban Sofía y Vilma.
El caso no está descrito en el informe que la PDDH publicó el 30 de marzo de 1998 a raíz de las denuncias de Pro-Búsqueda. Pero en 2004, y con mucha más investigación como apoyo, una nueva resolución de la procuraduría consignó el caso: “Desaparecieron el 4 de junio de 1981 en la hacienda Peñas, del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. (...), se encontraban varias personas refugiadas, y en dicha fecha hubo un operativo militar de la Fuerza Armada, quienes rodearon la hacienda, por lo que unas personas se escondieron en los alrededores y otras se introdujeron en una galera y otras salieron corriendo desesperadamente, ya que la Fuerza Armada procedió a capturar a varias mujeres con sus hijos y otras personas fueron asesinadas (...), los sobrevivientes comenzaron a identificar los cadáveres de las personas asesinadas, no encontrando en ningún lugar a las niñas Sofía y Vilma, ambas de apellido García Cruz”.
La información que la PDDH solicitó al Ministerio de la Defensa Nacional a inicios de 1998, para investigar los casos de desapariciones forzadas durante el operativo militar en las faldas del volcán de San Vicente en 1981, fue brindada en marzo de ese año por la cartera de Estado: “Las unidades militares que participaron del operativo fueron la Brigada de Artillería, el Destacamento Militar Número Dos, el Destacamento Militar Número Cinco, el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl y la Policía de Hacienda. Los ejecutivos responsables de la operación militar fueron el mayor Roberto Lara Aguilar, el teniente Ángel Román Sermeño Nieto y el subteniente Ricardo Chávez Carreño. El comandante de la Quinta Brigada de Infantería a la fecha del operativo era el coronel Napoleón Alvarado”.
Sin embargo, el Ministerio de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República nunca han abierto ninguna investigación sobre lo ocurrido el 4 de junio de 1981 y afirman hasta hoy desconocer absolutamente sobre asesinatos y desapariciones forzadas de personas no combatientes en la hacienda Peñas de San Vicente. Por ello la resolución de la Sala de lo Constitucional que reconoce la desaparición de Sofía por presunta responsabilidad de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada y ordena su investigación hasta dar con su paradero ha abierto una nueva página en la historia salvadoreña.
La familia García Cruz volvió a separarse en febrero de 2007, cuando Manuel de Jesús falleció por una úlcera cancerosa que cargaba de años. Los últimos días los pasó en casa de Arnoldo. Su padre no era de mucho visitar, pero quizás, dice su hijo con mucha tristeza, no quiso morir solo. No lo hizo.
El 24 de octubre de 2007, Arnoldo García Cruz recurrió a un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En él, amparado bajo fuertes fundamentos jurídicos, con documentos como el certificado de partida de nacimiento de Sofía y apoyado por las resoluciones de 1998 y de 2004 de la PDDH, pidió a la sala que decretase una orden judicial para encontrar a su hermana desaparecida. La resolución a favor de Sofía tardó un poco más de año y medio.
Inédito. Insólito. Inesperado. Sorpresivo. Con adjetivos así calificó la prensa nacional e internacional la resolución de la antigua Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, emitida el 26 de junio de 2009, el último día de labores antes de la nueva magistratura, sobre el caso de Sofía García Cruz. Esta resolución establece el reconocimiento de la existencia y desaparición de Sofía gracias a los indicios que fueron recolectados por el juez ejecutor de la sala, entre los que se cuentan las investigaciones y resoluciones de la PDDH, testimonios de sobrevivientes que aseguran haber visto después de la llamada masacre de la hacienda Peñas a las hermanas García Cruz, la certificación de partida de nacimiento de Sofía, la ausencia de un acta de defunción que determinara su fallecimiento, así como la confirmación de que en el mes de junio de 1981 la Fuerza Armada, en efecto, llevó a cabo un operativo en la zona donde se encontraban las hermanas, lo que crea un vínculo entre “su desaparición y la práctica de desapariciones forzadas llevada a cabo durante la época del finalizado conflicto armado”.
Néstor Castaneda, el único magistrado de la antigua Sala de lo Constitucional que sigue ocupando su cargo en la actualidad, recuerda que lo que obligó a fallar a favor del hábeas corpus de Arnoldo fueron los indicios probatorios de la existencia de Sofía.
—El fallo favorable se dio por los indicios que dio la PDDH en su investigación. Es necesario que existan estos indicios. Y en este caso de la niña Sofía, los hay. Valió la pena ordenar la investigación.
La sala determinó también que hay que atender “la imposibilidad material de hacer cesar en los hábeas corpus relacionados con desapariciones forzadas, la restricción ilegal o arbitraria al derecho de libertad personal del favorecido”. Con lo que se interpreta que este delito nunca prescribe hasta que se halla a la víctima, a pesar de haber una amnistía.
—Claro que se ha sentado jurisprudencia para próximos casos –dice Castaneda–, siempre y cuando estén documentados.
Con el de Sofía, fueron presentados en la misma fecha de 2007 otros 10 recursos más, entre ellos el de Vilma. La sala hasta hoy ha rechazado cinco peticiones, ha fallado a favor del hábeas corpus de Sofía, y cinco más se encuentran pendientes de resolución.
Ahora, la Fiscalía tiene la obligación de cumplir dos órdenes escritas en la resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia: abrir una investigación para determinar el paradero de Sofía García Cruz y otra investigación para encontrar a los responsables de haberla privado de su libertad y aplicarles la justicia, lo que se convierte en el primer caso en la historia salvadoreña de desaparición forzada durante la guerra que no solo es reconocido, sino que será investigado por una autoridad del Estado, cuando la presunta responsabilidad es del Estado mismo.
Ástor Escalante, fiscal general en funciones, asegura que ya encomendó al fiscal de la Unidad de Derechos Humanos la apertura de las investigaciones. La institución tendrá que presentar un informe cada tres meses a la Sala de lo Constitucional que detalle los avances de la investigación, práctica que concluirá hasta que se determine la ubicación material de Sofía, que en la actualidad, de estar con vida, tendría 39 años de edad.
Arnoldo está satisfecho con la resolución. Por fin, el Estado lo ayudará a encontrar a sus hermanas, y si es posible, a su madre. Pero su angustia aún no encuentra verdadero alivio.
—Solo quisiera que me dijeran de una vez qué pasó con ellas. Creeme que sería felicidad que me dijeran que están vivas, que las encontraron. Y también fuera un desahogo que me dijeran que... pues... que allí fueron enterradas. Cualquier información la agradezco, porque no sabés cómo es vivir con ese vacío. No saber de tu familia. No saber si están vivas, si están muertas. Tengo recuerdos de ellas, de Sofía, de Vilma, que jugábamos... y de mi mamá... de mi mamá...
Manuel de Jesús murió sin reencontrarse con su esposa y sus hijas. El hombre no logró presenciar la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ha ordenado la búsqueda de su hija Sofía. Hilda, mientras tanto, ha acompañado a Arnoldo desde entonces en el afán por localizar a sus hermanas y su madre. Hilda tiene en la actualidad un esposo e hijos y vive en los límites entre Chalatenango y Santa Ana. Arnoldo encontró una esposa justo finalizada la guerra y adoptó varios años después a una hija, que hoy cursa quinto grado. Vive en Tecoluca.
Luego de sobrevivir a una masacre, de una incorporación fallida a la guerrilla, de estar exiliado en Cuba, de casarse, de adoptar una hija, de dedicarse a la agricultura. Luego de 40 años de vida, Arnoldo siempre anda un hueco en el pecho que no lo va a llenar nada más que saber la verdad sobre sus familiares.
El segundo hijo de los García Cruz sigue paseándose por esta hacienda fatídica 28 años después. Atardece, y el cielo se empieza a nublar. Arnoldo trata de recordar cada momento de ese día. Lo comenta con nosotros. Se le humedecen los ojos mientras cuenta cómo sucedieron las cosas. Se sitúa donde lo retuvieron con otras personas ese jueves 4 de junio de 1981, y vuelve la mirada a la puerta de la galera donde estaban Mariana, Sofía y Vilma, justo como la miró en ese entonces, con la esperanza de ver que de allí salieran las tres con vida y se reunieran con él. Un largo silencio pasa antes de que vuelva a hablar.
—Al fin, justicia —susurra.
