COMITÉ DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS EXIGEN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE DETENIDOS EN SUCHITOTO.

Gloria Silvia Orellana. Diario Co Latino

El profesor Julio César Portillo, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, demandó del Fiscal General Félix Garrid Safie, “dar paso a la justicia, y desistir de sus acusaciones injustificadas contra nuestros familiares, porque está violando derechos fundamentales de la libertad de expresión”.

Las dirigentes, miembros y la periodista encargada de prensa de la Asociación de Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), fueron detenidas el 2 de julio del año pasado, en la ciudad de Suchitoto, Cuscatlán, cuando estos efectuaban una actividad pública en contra de la privatización del agua.

La Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), fueron los que capturaron 14 personas, entre ellas, las dirigentes del CRIPDES, Marta Lorena Araujo (presidenta) y Rosa María Centeno (vicepresidenta), miembros de la Ong y su encargada de prensa, María Haydée Chicas, de los cuales, sólo Facundo García recibió un sobreseimiento definitivo.

Acusados y juzgados bajo la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, los trece acusados esperan que el próximo 8 de febrero, la Fiscalía General de la República, declare que no existen elementos de prueba del supuesto delito, y que permitan que el sistema judicial, falle por su libertad definitiva.

Julio César Portillo, esposo de Marta Lorena Araujo, señaló que mientras el fiscal Félix Garrid Safie, no cese en sus actitudes “arbitrarias”, sus familiares seguirán siendo violentados en sus derechos cívicos y políticos.

“La Fiscalía pidió 6 meses para recolectar más pruebas contra nuestros familiares; la jueza les concedió 4 meses y este 8 de febrero se cumplen y no han presentado nada, porque no existe esas pruebas, entonces, la libertad condicional de nuestros familiares es un acto arbitrario y de violación al derecho a manifestarse”, explicó.

Por su parte, Edgar Mejía consideró que la captura de sus familiares obedece más que a la aplicación de justicia, a sentar un precedente de coerción contra el movimiento social en el país.

“Tanto la comunidad internacional, como diferentes organismos nacionales, han reconocido que esta ley violenta derechos fundamentales de la gente para expresarse libremente y quieren minimizarlo y ellos les están sirviendo para este propósito”. Comentó.

El comité pidió, además, a la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie sobre los habeas corpus (exhibición personal, por detención ilegal), a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la jueza especial Ana Lucila Fuentes de Paz a pronunciarse por la justicia y dejar en libertad a sus familiares.

Nelson Flores, jurista de FESPAD, y defensor de los acusados, afirmó que esperan un resultado “a favor” de sus defendidos, ante la ausencia de pruebas de la Fiscalía. “Ellos no han podido individualizar las acusaciones en el caso, por eso, creemos que ellos saldrán libres”, puntualizó.

HOY DÍA 1 DE FEBRERO 2008, SE CUMPLEN 76 AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE FARABUNDO MARTÍ

Hoy se conmemoran los 76 años de la muerte de Agustín Farabundo Martí, el cual un día como hoy fue fusilado en el cementerio genereal de San Salvador junto a otros compañeros, justo el día de la vigilia de una gran insurrección campesina.

Comité  de  Familiares  Pro-libertad  de Presas y Presos Políticos de El Salvador Realiza conferencia de prensa:

“Acciones ante finalización del término para que la Fiscalía General de la República presente acusación a procesadas y procesados por el caso Suchitoto”

El Comité de Familiares Pro-libertad de Presas y Presos Políticos de El Salvador presentó este día, en conferencia de prensa un comunicado en el que hizo públicas sus exigencias  a las autoridades vinculadas en el proceso jurídico que se le sigue a los procesados y procesadas en el denominado “caso de Suchitoto”.

Las declaraciones se dan a conocer a pocos días de cumplirse el plazo que el Juzgado Especial de Instrucción le otorgara a la Fiscalía General de la República para presentar acusación formal contra los procesados y procesadas.

ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL:

Los familiares denunciamos la grave violación a los Derechos Humanos de que fueron objeto los pobladores de Suchitoto el 2 de julio del 2007, a quienes se les reprimió brutalmente, con lujo de barbarie, por un pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO y otros grupos élites de la policía y el ejército, tanto física como psicológicamente por exigir su vital derecho al agua.

No bastando dicha agresión por parte del gobierno central contra un indefenso pueblo, se procedió a capturar injustamente a catorce de nuestros familiares, procesándolos como terroristas bajo la “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo”, cuestionada por las mentes más racionales y lucidas de nuestro país y organismos internacionales como: Amnistía Internacional, la Unión Europea, Embajadas y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país, miembros del Congreso de los Estados Unidos, entre otros.

A cuatro meses de haberse prolongado el caso de los/las compañeros/as procesados/as, los familiares nos encontramos preocupados por la continuación de esta persecución penal injusta y consideramos que la posición de la Fiscalía en este caso tiene más un carácter político y no realmente apegado a la Constitución y a los principios del derecho. Debido a la ausencia de pruebas contra nuestros familiares, la Fiscalía General de la República espera hasta el último momento para presentar su “acusación”, la cual no puede exceder del día viernes 8 de febrero del presente año, situación que mantiene en constante zozobra a nuestras familias.

Ante esta situación, concretamente exigimos a las autoridades:

Ø Al Fiscal General de la República, que cese de inmediato la persecución arbitraria para afectar la Libertad de nuestros/as catorce familiares, procesados injustamente por actos de terrorismo. Asimismo, que se abstenga de aplicar la “Ley Especial Contra Actos de Terrorismo” con el propósito arbitrario de criminalizar la legítima protesta social y el ejercicio de la libertad de expresión.

Ø A la Corte Suprema de Justicia, que resuelva los recursos de Habeas Corpus presentados hace más de seis meses, para hacer realidad el principio de pronta y cumplida justicia.

Ø A la Asamblea Legislativa, la derogación inmediata de la “La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo” y de la “Ley de Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja”, por violentar derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.

Ø A las autoridades fiscales y policiales, cesar la represión contra las personas y grupos que, en ejercicio de la libertad de expresión, defienden el derecho humano a una vida digna de nuestro pueblo.

Además, ante la persecución arbitraria de nuestros familiares, pedimos:

· A la comunidad nacional e internacional, a los organismos que defienden los Derechos Humanos y al cuerpo diplomático acreditado en el país, continúen con su solidaridad, vigilancia y voz, brindándonos su valioso apoyo.

· A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que se pronuncie sobre el estado actual de esta persecución arbitraria y le dé seguimiento a las recomendaciones de su informe preliminar emitido en 2007.

· A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dé seguimiento del caso de nuestros familiares reprimidos y capturados injustamente en Suchitoto el 2 de julio del 2007, en tanto estos hechos constituyen violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

· A la Señora Jueza Especial de Instrucción, Lic. Ana Lucila Fuentes de Paz, que recuerde que al ser nombrada en tan relevante cargo, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la cual consagra derechos fundamentales de nuestros/as familiares hasta hoy violentados, lo que la debe motivar a subsanar los errores hasta hoy cometidos.

¡EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA Y DEFINITIVA PARA LOS CAPTURADOS EN SUCHITOTO!

¡EXIGIMOS QUE SE DEROGUE LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO Y LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO!

¡EXIGIMOS QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR!

SAN SALVADOR, 31 DE ENERO 2008

 

 

DINERO DEL FOMILENIO PODRÍA ESTAR EN PELIGRO. Daniel Trujillo. Diario Co Latino

Los $461 millones del Fondo de la cuenta del Milenio (FOMILENIO) podrían estar en peligro si las autoridades salvadoreñas siguen cometiendo violaciones a los Derechos Humanos, sostuvo una Comisión Investigadora Especial de los Estados Unidos.

Esta Comisión está en el país desde inicios de esta semana y, por petición de 42 Congresistas del Parlamento estadounidense, investigan las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra los 13 “presos políticos” del pasado 2 de julio de 2007, capturados en Suchitoto, departamento de Cuscatlán.

James Wallace, miembro de la Comisión, dijo que el dinero estaría en peligro porque el desembolso de este dinero está basado en el cumplimiento de requisitos, en materia de Derechos Humanos y libertades civiles, entre otros.

“Violaciones del alto perfil en estas áreas podrían resultar en una reconsideración por parte del Congreso de los Estados Unidos de su decisión de beneficiar a El Salvador”, agregó Wallace.

El 2 de julio de 2007, las comunidades del municipio de Suchitoto, departamento de Cabañas, manifestaron su rechazo hacia la política de descentralización del servicio de agua potable que realiza el gobierno, la cual fue oficializada ese día en ese lugar.

Elementos policiales de la Unidad del Mantenimiento del Orden se enfrentaron con los representantes de las comunidades y capturaron a 13, entre las que se encontraba Haydée Chicas, una periodista institucional de una ONG, que fueron acusadas de terroristas.

Esta Comisión dice que también podría existir una pérdida de la inversión empresarial. “El solo hecho de realizar un juicio por un caso de acusaciones de terrorismo, podría ser una señal muy negativa para empresas extranjeras que estén buscando donde invertir y establecerse”, añade Wallace.

Para la Comisión, los trece presos políticos “no son terroristas”, porque solamente se manifestaron exigiendo un derecho.

Esta Comisión se reunió durante esta semana con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón; el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna; el oficial encargado de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en el país, John Speaks; y el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Calix, delegado directo del Presidente de la República, Elías Antonio Saca.

Según la Comisión, no se reunieron con el Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie ni el Ministro de Turismo, porque no accedieron a su solicitud.

Los 42 congresistas tendrán el informe de esta Comisión Especial antes del próximo 8 de febrero

 

POLICÍA INVESTIGARÁ AMENAZAS CONTRA RADIO "MI GENTE"

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, dijo que ya se abrió un expediente de investigación para identificar y capturar a los responsables de la amenazas de muerte que recibieron el propietario y personal de Radio Cadena “Mi Gente”.

William Chamagua, pastor religioso y propietario de ese medio de comunicación, recibió una llamada el pasado 7 de enero, en la que lo amenazaron de muerte. Luego, el personal de la radio también fue hostigado de esa forma al igual que la familia de Chamagua.

Ayer, durante el programa “Hablando Con Mi Gente” del referido medio radiofónico, el director de la PNC dijo que “están con todas las intenciones” de esclarecer este atentado contra la Libertad de Expresión.

“Muchas veces las amenazas se hacen para intimidar, para amedrentar y lo que buscan es que la gente tenga miedo… y éstas pueden venir de cualquier lado; y vengan de donde vengan vamos a hacer lo que corresponde”, aseguró Ávila durante el programa que conduce William Chamagua.

El director del cuerpo policial recomendó al propietario como al personal de radio Cadena “Mi Gente”, estar atentos y denunciar cualquier movimiento sospechoso que pueda pasar en los alrededores de las instalaciones del medio de comunicación.

“Es importante que tomen nota de la placa de cualquier carro sospechoso y que identifiquen a cualquier persona sospechosa, esas son medidas preventivas… Las amenazas son un terrorismo sicológico”, agregó Ávila, dirigiéndose a los empleados.

El martes, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) denunció las amenazas de muerte que recibió radio Cadena “Mi Gente” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las amenazas violan el artículo 13.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en la que dice que toda persona tiene libertad de pensamiento y de expresión.

También villa el numeral 1 y 9 de la Declaración sobre Principios de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, en la que el asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales viola los derechos fundamentales de las personas y “coarta severamente la Libertad de Expresión”.

Ávila cree que las amenazas pueden estar vinculadas con gente involucrada en el asesinato (el año pasado) del periodista Salvador Sánchez, quien laboraba en ese medio de comunicación o, con una persona que no le gusta la línea editorial de radio Cadena “Mi Gente”.

CONCIERTO SOLIDARIO / CONCERT SOLIDARI

El próximo día 2 de febrero a las 22h en la Sala Grande del Centre Cívic de Sant Oleguer, en la calle de Sol i Padrís número 93 de Sabadell, el Grupo Casablanca Benedicta, nos ofrecerá un concierto de música mediterránia.  Los beneficios de dicho concierto iran destinados al proyecto "Hotel-campamento para la juventud rural del Bajo Lempa". 

El concierto forma parte de la presentación de una nueva sede de Pro-educart en la ciudad de Sabadell. 

OS ESPERAMOS!!

El proper dia 2 de febrer a les 22h a la sala Gran del Centre Cívic de Sant Oleguer, al carrer de Sol i padrís número 93 de Sabadell, el grup Casablanca Benedicta, ens oferirà un concert de música mediterrània.  El beneficis d'aquest concert aniran destinats al projecte "Hotel-Campamento para la juventud rural del Bajo Lempa".

El concert forma part de la presentació d'una nova seu de Pro-educart a la ciutat de Sabadell. 

US HI ESPEREM!!

EXPERTOS ESTADOUNIDENSES INVESTIGAN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. Por Daniel Trujillo, Diario Co Latino

Una comisión especial de expertos estadounidenses en Derechos Humanos investiga las violaciones que sufrieron los 13 “presos políticos” detenidos el 2 de julio de 2007 en Suchitoto, cuando habitantes de comunidades de la zona protestaban contra la “privatización” del agua.

James Wallace, uno de los miembros de la referida comisión dijo a Diario Co Latino que todo el procedimiento de las entidades policiales “es un ejemplo de un posible problema de derechos humanos en el país”.

El 2 de julio de 2007, las comunidades del municipio de Suchitoto, departamento de Cabañas, manifestaron su rechazo hacia la política de descentralización del servicio de agua potable que realiza el gobierno, la cual fue oficializada ese día en ese lugar.

Elementos policiales de la Unidad del Mantenimiento del Orden se enfrentaron a las personas de las comunidades, lastimando a varios de ellos y capturando a 13, entre las que se encontraba Haydée Chicas, una periodista institucional de una ONG.

“Tenemos varios miembros de nuestro Congreso (el de Estados Unidos) que tienen mucho interés, no sólo en el caso de los Derechos Humanos, sino que especialmente en el caso de Suchitoto.

En el Congreso hay una carta dirigida al Presidente de la República, Elías Antonio Saca, firmada por 41 miembros del Congreso estadounidense sobre este caso”, explicó Wallace.

Luego de la captura de los “13 presos políticos” las autoridades judiciales decidieron procesarlos en un Juzgado Especializado con la Ley Contra Actos de Terrorismo y encarcelarlos en los centros penales de “Mariona” y “Cárcel de Mujeres”.

La comisión estadounidense explicó que si se detecta una clara violación a los Derechos Humanos, los congresistas anglosajones no “incidirán” directamente con las relaciones entre ambos países, pero si les “preocuparía” la administración que haga El Salvador con el dinero del FOMILENIO.

Los investigadores se reunieron ayer con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, donde intercambiaron información respecto al caso y aseguraron que el trabajo de esta entidad estatal ha sido “bueno”.

Mientras, el domingo pasado hicieron una visita a Suchitoto y el lunes se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, para que también les proporcionará información y les explicara por qué no se les otorgó el Habeas Corpus a los “presos políticos”.

Esta mañana la comisión estadounidense se reunió a puertas cerradas con el encargado de Derechos Humanos de la embajada de los Estados Unidos en el país.

Se espera que en estos días los investigadores se reunan también con el Presidente Saca, pero esto aún no está confirmado

La comisión elaborará un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en El Salvador el cual será presentada al Congreso estadounidense.

GENOCIDIO DE 1932, ESTÁ PRESENTE EN LA MEMORIA DE LOS TATAS IZALQUEÑOS. Por Iván Escobar y Gloria Silvia Orellana. Diario Co Latino.

Los abuelos o tatas, como se les llama de forma respetuosa a los adultos que trascienden los 80 años de edad, por parte de las nuevas generaciones, guardan en su memoria celosamente uno de los hechos más oscuros del pueblo izalqueño: el genocidio de enero de 1932.

A 76 años, las secuelas del genocidio del pueblo indígena, ejecutado por el dictador Maximiliano Hernández Martínez, persisten en el pueblo de Izalco: la sensación de desconfianza, temor y retardamiento de justicia.

Carlos Helas, de 86 años de edad, nacido en 1922, narró la zozobra en que vivieron por más de tres meses de represión, por parte de las fuerzas gubernamentales que irrumpieron en esa zona del país, por órdenes del General Maximiliano Hernández Martínez.

Helas, que en esa época contaba con 10 años de edad, explicó que la pobreza extrema marcaba la diferencia hasta en la distribución misma del pueblo, donde los ricos, que eran minoría, vivían en la zona céntrica del asentamiento y la gran mayoría en sus alrededores, en condiciones deplorables.

“En aquel tiempo nosotros no valíamos nada, vivíamos en casas de paja y vivíamos de la tierra… yo fui afortunado, porque estudié hasta el cuarto grado, luego apoyé a mi padre en los trabajos del campo, junto a mi hermano”, relató este sobreviviente de la masacre indígena.

Las escenas de terror por la persecución y asesinatos en masa, marcaron la vida de este hombre, siendo niño, al igual que muchas de las personas de su generación en Izalco, departamento de Sonsonate.

El silencio en cada uno de los sobrevivientes del 32´, cuesta romperlo, incluso hablar del tema abiertamente no es tan fácil en esta tierra conocida como “Lugar de casas de obsidiana”.

“Mi tío tenía solamente 14 años, cuando mi padre decidió huir con nosotros, recuerdo que él se negó a irse y se escondió en la copa de un árbol de Mamey, pero el pobrecito fue descubierto por “la comisión” (grupo de soldados) que lo bajaron y luego lo mataron”, relata el sobreviviente. 

El 22 de enero de 1932, ha marcado un hito en la historia nacional, la Organización de Naciones Unidades (ONU), lo ha calificado como el genocidio más numeroso en América Latina.

La incertidumbre, tras los primeros asesinatos colectivos de ese 22 de enero, aumentó con la participación de las autoridades municipales que apoyaron al gobierno central.

“Recuerdo un bando (anuncio público municipal) llamando a la gente a regresar, diciendo que la guerra había terminado y había paz… muchos regresaron de uno de los cerros, con una bandera blanca venían entrando, ahí murieron tres primos hermanos de mi mamá, a manos de la caballería, los blanquearon ellos con armas y la gente sin nada, después fueron quemados”, rememoró el anciano.

El padre Salvador Castillo Solórzano, fue un defensor del pueblo indígena, interviniendo para que no fueran quemados los ranchos de la comunidad, que era uno de los planes gubernamentales, recuerda el anciano.

Helas, después de cuatro décadas del genocidio, trabajó como sacristán de la iglesia de La Asunción, y fue ahí donde el padre Ricardo Cea, párroco en ese entonces, ordena la construcción de un muro en los alrededores del templo, y al levantar los cimientos dejó al descubierto cientos de osamentas de las víctimas del 32´.

“Eran huesales bastantes, los que encontramos… dicen que eran de los que asesinaron en ese tiempo, en las grandes fosas que abrían en el día y que por las noches los mataban; eran enterrados en el campo santo (conocido hoy como el Llanito de la Iglesia Asunción)”.

Doña Francisca Turish, conocida como Francisca Ramírez, con 90 años de edad, guarda celosamente datos importantes de la época, pero aun se autocensura a compartirlos como mecanismo de protección.

“Me agarraba de la nagua de mi nana y temblaba, tenía mucho miedo… pero no me acuerdo de nada más”, dice, mientras su rostro confirma que sabe mucho más.

Entre frases comparte que durante el genocidio, ella y su madre, al igual muchos pobladores no tenían nada que comer, “sólo comíamos guineo majoncho… pero no me acuerdo más”, vuelve a repetir.

Al consultarle sobre los asesinatos en masa que se habrían cometido en distintos puntos del pueblo, confirmó que grandes fosas fueron cavadas para depositar los cuerpos de las víctimas, consideradas en esa época como rebeldes comunistas, que intentaban tomar el poder con violencia.

Tanto la nana Francisca como el tata Carlos, concuerdan que la población fue diezmada, y que los muertos eran hombres y niños, desde los 12 años en adelante.

Ceremonia indígena al agua

En el inicio de la conmemoración del 76 aniversario de la masacre de 1932, la comunidad indígena de Izalco, realizaron al finalizar la tarde de este viernes, una ceremonia al agua.

La actividad tuvo lugar, en el centro recreativo Atecozol, en el nacimiento de agua, donde se recordó la ceremonia la memoria de los “abuelos” y los retos de las nuevas generaciones, para enfrentar los problemas actuales.

La ceremonia la dirigió Julia Ama de Chile, de la Fundación AMA, y descendiente de José Feliciano Ama, el líder histórico del levantamiento indígena del 32´, defensor de los derechos indígenas en el país, y ejecutado por la dictadura de Martínez.

“Como equipo estamos acá, porque nos ayuden a que la fuerza, energía dé mayor empuje esta noche y la divinidad trascienda para que podamos no eliminar, pero si contrarrestar efectos negativos”, dijo.

De acuerdo organizadores, el objetivo de la ceremonia, “a parte de hacer un homenaje a las víctimas del 32”, es también recordar el valor y significado que tenía el agua para nuestros antepasados que se ha perdido en la actualidad”, explicó Wil Pinto, miembro de los sectores que integran el Movimiento de Unidad Social Izalqueño (MUSI).

Con esta actividad, el pueblo izalqueño, arranca los actos conmemorativos del 76 aniversario de la masacre y que este día, se desarrollará la actividad central, en donde se analizarán las causas y efectos de los acontecimientos de 1932.

16 AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ. DiarioCoLatino

Contrario a lo sucedido el año pasado, cuando se cumplieron los 15 años de la firma del Acuerdo de Paz, hasta una actividad en el exterior del país (España) se realizó, a iniciativa del gobierno y los firmantes de la paz de parte de la exguerrilla,  para conmemorar la histórica fecha.

Hoy, a excepción del FMLN, que desarrolló toda una jornada conmemorativa en dos puntos de la ciudad, de parte del gobierno la fecha ha sido olvidada o invisibilizada.

Seguramente, porque el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, quien es a su vez, Presidente del partido ARENA, ha estado más ensimismado en los quehaceres de su partido, sobre todo, en estos momentos de crisis interna, provocada por la escogitación de su fórmula presidencial.

O porque, como dice el FMLN, es la actitud coherente, después de “haber torcido el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz”.

Independientemente de que lo celebre o no la parte oficial, o los firmantes, lo más importante es la apropiación que hagan los sectores sociales y populares, no sólo del espíritu y letra del Acuerdo de Paz, sino su fecha histórica, para abonar a la memoria histórica.

Retomar el espíritu es, por un lado, hacer una revisión de las causas que generaron la guerra, es decir, los problemas estructurales: la pobreza (extrema y relativa); la exclusión social y económica; la justicia social y la profundización de la democracia, la democracia participativa.

Si vemos el asunto en perspectiva, en torno a la exclusión económica, lo primero que se debe traer a cuenta es la injusta distribución de la riqueza.

Después de 16 años de la firma de la paz, el 25% de la población más rica acapara el 54% del total de los ingresos; mientras que el 30% de la población sólo recibe el 6.5% de los ingresos totales.

Lo anterior explica que en El Salvador “en paz”, según datos del gobierno, el 35.8% de la población viva en la pobreza, es decir, 2 millones 149 mil 926 habitantes, de esos, más de 600 mil viven en pobreza extrema.

Es decir, si el Acuerdo de Paz suponía configurar un país con más oportunidades para todos, con esos datos queda claro que el país sigue trabajando en función de unos pocos.

A estos aspectos se refería Monseñor Gregorio Rosa Chávez cuando dijo el domingo que en El Salvador: “A un persisten las causas que provocaron la guerra”.

Por el otro lado, es necesario revisar y rescatar y enrumbar las instituciones surgidas del proceso de Paz, verbigracia: La PNC, la Procuraduría de los Derechos Humanos, El Consejo Nacional de la Judicatura y el Tribunal Supremo Electoral.

Cada una de esas instituciones ha sido manoseada por los distintos gobiernos de ARENA en estos 18 años, por lo que es menester impulsar procesos de rescate.

Es decir, apropiarse del Acuerdo de Paz no sólo es celebrar la efemérides, sino, convertir en banderas de lucha su rescate y clavarla en el infinito como el camino hacia la esperanza.